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Economía

Bruselas no termina de aprobar la propuesta de Teresa Ribera para topar el precio del gas

La propuesta del Gobierno español, a la que se sumó a regañadientes el Ejecutivo portugués, para limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad en la Península no ha sido aún aprobada por la comisaria de Competencia de la Comisión Europea, dada su complejidad y las dudas sobre su legalidad en algunos aspectos concretos que han advertido las eléctricas.

Por lo tanto, el nuevo mecanismo pensado para hacer bajar los precios de la electricidad no podrá ser aprobado hoy por el Consejo de Ministros, tal y como había previsto la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su entrada en vigor se sigue retrasando para enfado de los consumidores.

Esta afirmó ayer, a su entrada al Consejo de Ministros extraordinario de Energía de la UE, reunidos en Bruselas, que espera tener la propuesta definitiva «cuanto antes» y que espera poder presentarla ante el Consejo de Ministros de la semana que viene.

De momento, la Comisión Europea ha establecido que el tope del precio del gas sería de 50 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 30 euros propuestos por España y Portugal. Sin embargo, la medida de aplicaría durante un año desde su entrada en vigor, el doble de tiempo recogido en la solicitud.

La propuesta está siendo minuciosamente analizada por la comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, quien pidió a Teresa Ribera la ‘letra pequeña’ de la misma, sobre todo, por las presiones que está recibiendo el Ejecutivo comunitario por parte del lobby eléctrico.

Presión del lobby eléctrico
De hecho, hace casi un mes que recibieron una carta firmada por Ángeles Santamaría (CEO de Iberdrola España), José Bogas (CEO de Endesa), Miguel Stiwell (presidente de EDP), Ana Paula Marques, ejecutiva de esta última empresa y presidenta de la patronal eléctrica portuguesa Elecpor, y Marina Serrano, presidenta de la patronal española Aelec.

En la misiva, enviada a los vicepresidentes de la Comisión Europea Frans Timmermans y Margrethe Vestager, y a la comisaria de Energía, Kadri Simson, advierten de que la medida va contra la descarbonización, «no parece compatible con el actual marco europeo» y «tendría consecuencias inesperadas», con un coste «sustancialmente más alto que los esperados ahorros», y «costes ocultos que pueden ser incluso más relevantes».

Estas advertencias de las eléctricas se refieren a que limitar el precio del gas a 50 euros el MWh supondría un recorte de los ingresos de las centrales nucleares y las hidráulicas de unos 5.000 millones de euros. Además, ese supuesto ahorro para los consumidores, ya que el precio de la electricidad no superaría en el mercado mayorista los 150 euros el MWh, sería sufragado finalmente por todos los clientes, tanto los que tienen contratos a largo plazo como los que poseen la tarifa regulada o pvpc. Es decir, que el ahorro no sería tan elevado como el 30% que ha apuntado Teresa Ribera.

La ministra, que ha dicho públicamente que las eléctricas «están intentando hacer descarrilar» la propuesta, insiste, como sus socios de izquierda y comunistas, que esas plantas están obteniendo unos beneficios extras ‘caídos del cielo’, ya que consideran que se están aprovechando de los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista por la subida del gas.

Las eléctricas niegan los beneficios extras
Sin embargo, las eléctricas niegan esos ingresos extras, como dijo el consejero delegado ejecutivo de Endesa, José Bogas, el pasado viernes en la junta de accionistas. «La subida de los precios de la electricidad ni nos beneficia ni nos fortalece, ya que toda la energía que producimos la vendemos a plazo. En este sentido, toda la energía que vamos a producir este año ya está vendida en su totalidad a un precio que nada tiene que ver con los elevados precios ‘spot’ mayoristas de 2022».

Tras subrayar que «seguimos pensando que estas medidas deberían ser a nivel europeo, acotadas en el tiempo y atacando la raíz del problema, que en este caso es el elevado precio del gas», apuntó que, «según algunas estimaciones muy preliminares, el coste de topar el precio del gas a 50 euros/MWh podría superar los 6.000 millones de euros anuales, que tendrían que ser asumidos por el conjunto de la demanda».

Asimismo, desde la patronal eléctrica Aelec han afirmado que «no se está acertando en la solución del problema existente, en la actualidad, con los precios de la electricidad. Intervenir el mercado eléctrico no es la solución. El Ejecutivo no tiene en cuenta que la gran mayoría de los consumidores tienen contratos a precio fijo y no sujeto al pvpc y, además, no actúa sobre el origen del problema: el mercado del gas. Se parte de la premisa errónea de que el problema se encuentra en el mercado eléctrico, cuando no es así. Una intervención del mercado y del sistema de fijación de precios es un error y generará nuevos problemas».

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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