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Economía

Ribera obligará a las renovables a vender electricidad barata a clientes con tarifa e industrias

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quiere aprobar de forma urgente una nueva metodología para el cálculo de la tarifa regulada o pvpc (precio voluntario al pequeño consumidor) que tienen casi 11 millones de clientes domésticos y pymes con el objetivo de que no dependa totalmente del mercado mayorista para conseguir así un abaratamiento de la misma, la cual, se ha duplicado en los últimos meses.

La medida que están ultimando en el departamento de Ribera obligará a numerosas plantas de renovables a vender la electricidad que producen a los consumidores domésticos y pymes que tienen la tarifa regulada y a las industrias con gran consumo energético para que tengan un precio razonable, lejos de los casi 200 euros el megavatio hora (MWh) actuales.

A unos 60 euros el MWh
La idea que maneja el ministerio es fijar un precio de entre 57 y 60 euros el MWh a la electricidad que generan esas plantas, lo que rebajaría considerablemente tanto la tarifa regulada como los precios a las industrias, algunas de las cuales, como se ha publicado en estas páginas, tienen que detener su producción durante varias horas al día para evitar los elevados costes energéticos.

Se estaría hablando de una demanda conjunta de unos 55 teravatios (TWh), de los que unos 23 TWh se destinarían a los pequeños consumidores y el resto a las industrias electrointensivas, según ha podido saber ABC de fuentes de las empresas.

A falta de conocer la letra pequeña, esta medida no gusta en las empresas afectadas porque entienden que se trata de una imposición «improvisada y drástica» y supondrá un fuerte recorte en sus ingresos en un esceneario de precios elevados. «Cuando en 2020 los precios se hundieron, no fuimos a pedir limosna a nadie», subrayan.

Por eso, han pedido a Teresa Ribera que el nuevo mecanismo sea voluntario y temporal o excepcional. Lo primero está casi descartado, pero lo segundo es compartido por el ministerio, al igual que el mantenimiento de la seguridad jurídica. Su intención es que se aplique en 2022.

Además, la medida podría ocasionar un daño colateral al abaratar la tarifa regulada en detrimento de los precios a plazo del mercado liberalizado, lo que puede provocar una pérdida de clientes de las comercializadoras independientes.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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