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Economía

Unas pensiones increíbles

La Real Academia española da dos acepciones al adjetivo «increíble»: (i) que no puede creerse y (ii) muy difícil de creer. Vienen a ser lo mismo y escamotean una acepción que el pueblo usa profusamente: (iii) que [siendo verdad] causa gran admiración o sorpresa.

Las pensiones españolas, sujetas desde 2019 a un intenso debate para su reforma, son a la vez increíblemente buenas y de sostenibilidad increíble. El adverbio de la primera afirmación responde al uso de la acepción (iii) antes comentada, mientras que el adjetivo de la afirmación segunda responde a la acepción (ii).

La constatación de que las pensiones españolas son increíblemente buenas se basa en una interpretación de estas que debe entenderse bien. Millones de pensionistas españoles reciben pagas mensuales muy reducidas, pero las que reciben son desproporcionadamente elevadas con relación al esfuerzo contributivo que hicieron en su carrera laboral, claramente insuficiente.

Al mismo tiempo, a la vista de las medidas que se están adoptando, debatiendo y proponiendo desde diciembre de 2020 hasta ahora, es muy difícil creer en que el sistema alance la sostenibilidad necesaria para que las promesas de mejores pensiones puedan cumplirse.

De lo anterior surge, por un lado, la admiración (acepción iii) que debería causar el esfuerzo que hace la sociedad para remunerar generosamente las reducidas carreras de cotización de tantos y tantos pensionistas. Un esfuerzo que subraya el carácter ampliamente solidario de nuestro sistema de pensiones. Que es un esfuerzo insuficiente, es manifiesto. Pero no puede negarse que es generoso. De aquí el ineludible dilema entre contributividad y solidaridad.

Pero, por otro lado, la sostenibilidad difícil de creer no viene de que no sea posible lograrla, con las medidas adecuadas, sino de que las medidas que se están adoptando no la van a lograr, pues de manera sistemática hacen que aumenten los gastos más que los ingresos. De aquí el no menos ineludible dilema entre la suficiencia y la sostenibilidad.

En este marco, debe entenderse que cualquier medida que mejore las pensiones y a la vez su sostenibilidad debe incidir en un aumento más que proporcional del esfuerzo contributivo sin que este se vea distorsionado por un exceso de solidaridad. Es decir, que el aumento del esfuerzo contributivo lo soporten todos los trabajadores, independientemente de su nivel remunerativo y no que este se concentre en los trabajadores de mayor nivel salarial más de lo que ya está concentrado.

Desde que se adoptaron las recomendaciones del Pacto de Toledo, a finales de 2019, hasta la fecha presente, dos años más tarde, ha tenido lugar una intensa tarea por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) y la Mesa del Diálogo Social para llegar a consensuar los sucesivos paquetes de reforma. Menor ha sido la actividad de otras dos instancias relevantes en este proceso. Estas dos instancias son el Parlamento y la Comisión Europea. Muy diferentes y específicas cada una de ellas.

El gobierno, a través del ministro Escrivá, ha desplegado una intensísima labor proponiendo docenas de medidas diferentes, dialogando con los agentes sociales, los medios y afrontando con paciencia, a veces con irritación, y afán pedagógico, en ocasiones adolecente de incoherencia o falta de credibilidad. El esfuerzo del MISSM es muy de agradecer, pero es muy probable que sus efectos sean contraproducentes a la larga si lo que nos preocupa es la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

La representación sindical de la mesa del Diálogo Social ha defendido sistemáticamente las propuestas del MISSM que aumentaran la suficiencia y los recursos del sistema, y menos aquellas que tendían a estabilizar las cuentas futuras. Esto ha llevado en ocasiones al enfrentamiento con el gobierno cuando las propuestas entrañaban reducciones del montante de las prestaciones futuras a igualdad de esfuerzo contributivo.

La representación empresarial, por su parte, ha defendido también los intereses de sus representados, pero igualmente la sostenibilidad de las cuentas de las pensiones, lo que, a la postre, garantiza también la viabilidad de aquellas para todos. Su ausencia en el acuerdo del 15 de noviembre entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios ha sido mal comprendida, en general. Puede parecer injustificada esta ausencia ante una medida de limitados alcances como la del MEI, pero cabe interpretar esta actitud como la gota que colma el vaso de un conjunto de medidas, aceptadas todas ellas por la representación empresarial, que no acaban de ser suficientes para la estabilidad de las cuentas de las pensiones y que, además, encarece el coste del trabajo para los empleadores, al menos a corto y medio plazo.

Con los marcos de referencia trazados en los párrafos anteriores se puede empezar a analizar con más sistemática el conjunto de medidas que se han propuesto desde diciembre de 2020. De ellas, solamente una es ya firme, las demás se encuentran recogidas en proyectos o anteproyectos de ley que podrían aprobarse en los próximos días, semanas o meses.

La única que se ha adoptado es la del recorte de la deducción de las aportaciones a los planes de pensiones personales contemplada en la Ley 11/2021 de PGE 2021 de 30 de diciembre. Lo que también está prácticamente asegurado en lo que queda de año es que, si el trámite parlamentario de los Proyectos de Ley actualmente en debate en las Cámaras no los modifica sensiblemente, se adopten la nueva reducción de las aportaciones a planes individuales (ya tramitado, de hecho), la garantía del poder adquisitivo de las pensiones públicas y los esquemas de penalizaciones y bonificaciones para alargar la vida laboral y, por supuesto, que se derogarán definitivamente el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad.

No es previsible que antes de que acabe el año en curso se puedan tratar en las Cámaras el nuevo MEI, los Fondos de Empleo públicos, los Planes de Empleo Simplificados, la cotización de los trabajadores autónomos y el “extraño” caso del periodo de cómputo de la base reguladora de la pensión. Medidas también muy importantes. Todas ellas, excepto el MEI, deberán ser aprobadas previamente por los acuerdos entre las partes sociales. Acuerdos que se pueden ver complicados por el serio contratiempo de que el acuerdo parcial acerca del MEI solo fue suscrito por el gobierno y los sindicatos.

Pero, respondiendo a la pregunta que encabeza esta última sección, deberíamos plantearnos si las pensiones españolas son increíbles. No son pensiones ordinarias, como las de otros países avanzados a los que queremos parecernos. Primero, porque la Seguridad Social domina abrumadoramente las fuentes de rentas durante la jubilación para la gran mayoría de los trabajadores, lo que no sucede en la mayoría de aquellos países. Segundo, porque la extensión de la Previsión Social Complementaria es insignificante, como tampoco sucede en países avanzados. Tercero porque las pensiones españolas retornan mucho más por euro cotizado que cualquier otro sistema avanzado. Cuarto, porque se calculan con una fórmula en la que no cuentan para nada las cotizaciones efectivamente realizadas. Todas estas características, como es obvio, están estrechamente relacionadas.

Las pensiones españolas están entre lo increíblemente bueno (dado el esfuerzo que se hace para obtenerlas), y verdaderamente “causan admiración y sorpresa” (acepción iii), y el “no puede creerse” o el “muy difícil de creer” (acepciones i y ii) que se barajaba al principio de esta entrada.

En suma, las doce medidas adoptadas y propuestas desde que se aprobaron las Recomendaciones del Pacto de Toledo, en diciembre de 2020, redundan mayoritariamente, con notables excepciones, en un sistema menos sostenible, porque apuestan por la suficiencia sin aumentar correspondientemente el esfuerzo contributivo, comprometiendo así la suficiencia que se promete.

Las medidas propuestas son también contradictorias pues, por un lado, se impulsa la Previsión Social Complementaria (algo muy necesario y que debe ser bienvenido) y, por otro, se castiga a esa misma PSC de Pilar III despreciando la regla de que todo el ahorro previsional, independientemente del producto por el que se realice, debe ser tratado por igual en el plano fiscal.

José Antonio Herce es presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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