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Economía

Seis años en los juzgados por la hipoteca

Verónica Rodríguez firmó una hipoteca en 2007 con Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), una ‘joint venture’ de Banco Santander y BNP Paribas; pidió 223.000 euros a devolver en 40 años. La ‘burbuja’ inmobiliaria estaba a punto de estallar, el sueño español era ser propietario y el dinero fluía de la banca a los ciudadanos sin ningún problema. Cualquiera, si así lo quería, tenía acceso a comprarse una vivienda. Aquel modelo terminó por explotar y, con los años, salieron a la luz todo tipo de cláusulas que las entidades financieras incluían en los créditos. Cláusulas que se han demostrado abusivas en muchos casos por la losa de intereses o pago de gastos que se atribuían al cliente.

La historia se repite en muchos de los casos. Esta mujer inició su andadura con ilusión pero la crisis financiera terminó afectando a su núcleo familiar. En 2011 su marido fue despedido en ERE y pudieron aguantar con un sueldo hasta 2014. Por aquel entonces pagaban 1.300 euros al mes de hipoteca y tuvieron que escoger entre cumplir con el banco o comer, según cuenta Rodríguez. La decisión pasó por la supervivencia.

Ante esta situación, decidió enterarse de lo que tenía realmente metido en su préstamo. Acudió también a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en busca de ayuda y pronto se dio cuenta de que tenía dentro el índice IRPH y surgió un término llamado anatocismo, por el cual los intereses no pagados se van sumando al capital a amortizar generando nuevos intereses. Esto último provoca que bajar lo que se debe sea muy complicado, ya que en su caso disfrutaron de una carencia parcial de cinco años al principio. Fueron sumando intereses, aunque más adelante comenzaran a pagar la totalidad de las cuotas. Ahora, según relata, deben 243.000 euros, es decir, 20.000 euros más de lo que solicitaron en 2007.

Judicializaron el caso en 2015 –en paralelo UCI solicitó la ejecución hipotecaria–, y hasta ahora. Seis años en los juzgados. Como ella, a la espera de resolución, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hay casi 235.000 casos de cláusulas abusivas en trámite. «Te sientes fatal y esto te perjudica a todos los niveles. Llevamos luchando desde 2014 contra UCI. Te sientes impotente, además de que esto te supone una dedicación absoluta», lamenta Rodríguez, al tiempo que añade que tras todos estos años metida de lleno en el asunto ha podido ver casos de todo tipo de personas en situaciones similares: «Esto lleva un desgaste brutal. He visto parejas que han destruido su familia por esto, que se han divorciado por todo esto».

Desde 2017 se han resuelto más de 300.000 casos en estos juzgados especializados pero el atasco sigue estando ahí. Es por ello que el Ministerio de Justicia, con Juan Carlos Campo a la cabeza, puso en marcha dos anteproyectos de ley para solucionar estas cifras. El remedio consiste en juicios testigo que abarquen a miles casos para no tener que ir uno por uno, juicios verbales (mucho más ágiles) y posibles sanciones a la banca por extender sin justificación los procedimientos en los juzgados.

Ahora el ministerio está capitaneado por Pilar Llop, tras la crisis de Gobierno. Desde Justicia señalan a ABC que este asunto sigue su curso, que los planes no han cambiado y buscarán darle solución a este problema mediante los dos citados anteproyectos de ley. Manuel Pardos, presidente de Adicae, se muestra escéptico respecto a estas propuestas y avisa de que cuentan con el rechazo de muchos juristas y académicos, lo que dificulta que todo ello salga adelante.

Pardos confirma que las entidades retrasan todo lo que pueden los procesos, aunque tengan que pagar más adelante intereses de demora, porque así ganan tiempo para planificarse las situaciones e ir llegando a acuerdos más beneficiosos para ellas que lo que sería terminar en sentencia. A ello se une el desgaste que supone tantos años en un juzgado para el cliente.

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«La saturación de los juzgados, la escasez de medios personales y materiales además de la desidia política para ponerle remedio a esta situación afectan a los ciudadanos que tienen el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, vulnerando sus derechos y generando indefensión y dilaciones indebidas», recoge Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) en una carta remitida hace semanas a Llop. «El origen está en la mala praxis de las entidades, que no conformes con comercializar productos de manea poco transparente, retrasan los procedimientos en los tribunales, recurriendo a instancias superiores a sabiendas de que la jurisprudencia les es contraria», añade la misiva, a la que no han obtenido por ahora respuesta, según Asufin.

Más allá de ello, desde esta asociación ponen también el foco en el gasto que supone para los clientes tener que acudir a un juzgado. «El coste de litigar es también una variable que debemos tener en cuenta, no solo para el demandante, sino para el resto de contribuyentes. Somos los ciudadanos los que pagamos, con nuestros impuestos, unos juzgados saturados por demandas que terminarán siendo favorables al consumidor», sostiene Suárez.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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