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Economía

Estas son las exigencias de los funcionarios para los sueldos de 2022

En lo que parece que puede ser la recta final de las negociaciones en la coalición para lograr un acuerdo sobre el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha citado para mañana a primera hora a los sindicatos para negociar la subida salarial de los empleados públicos del Estado en 2022. Sobre la mesa está su exigencia de cerrar una subida de al menos la previsión de la inflación más un punto y medio. Y compensar a los trabajadores por la desviación de los precios, tal y como se hará con los pensionistas. Ambos colectivos vieron como sus nóminas aumentaban a primeros de año un 0,9%, porcentaje que ya está muy por debajo de la inflación, que ya está situada en el 4%.

Desde el Gobierno se señala que el Programa de Estabilidad refleja un compromiso para mantener el poder adquisitivo del colectivo. El documento refleja que «a partir de 2022 se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de precios». Sin embargo, los sindicatos habían solicitado la convocatoria de esta mesa ante la proximidad de la presentación del proyecto de Presupuestos y con la intención de negociar, no recibir un «documento cerrado a hechos consumados», dicen fuentes sindicales.

Desde CSIF, el sindicatos mayoritario de la función pública, exigen que se reconozca el esfuerzo exigido a los empleados públicos durante la pandemia y reclaman un acuerdo para los dos años que restan de legislatura en los que se avance en la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010 y «que está en torno al 10%». «Además, hay que compensar la subida de los precios que se va a producir este año, teniendo en cuenta que la subida fue del 0,9%, y que volveremos a perder al menos un punto de poder adquisitivo», puntualizan.

Propuesta frustada del 2% para los diputados
Las mismas fuentes recuerdan que el sindicato «se enteró por los medios de comunicación» de la propuesta realizadas por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de aumentar un 2% el salario de los diputados el año próximo, intenciones que, finalmente, no prosperaron tras tumbar la oferta el PP, Vox y Podemos.

Como ya informó ABC la desviación de los precios tendrán un fuerte impacto económico en las cuentas públicas, de momento en pensiones. La Seguridad Social tendrá que desempolvar y pagar una ‘paguilla’compensatoria el próximo enero para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo, dado que sus rentas subieron un 0,9% y la inflación terminará el año muy por encima de ese porcentaje, según coinciden economistas y servicios de estudios.

Así, a primeros de 2022 los jubilados percibirán la diferencia entre el alza que se les aplicó y la inflación media con la que cierre el ejercicio. En un escenario en el que esta inflación media quedará, en el mejor de los escenarios, en torno al 2,5%, el pago extra sería el equivalente a 1,6 décimas, lo que implicaría un gasto adicional de unos 2.300 millones, que se consolidaría en las jubilaciones de por vida para próximas subidas. La factura por la desviación de los precios sería, por tanto, de 4.600 millones, sumando el incremento y la consolidación. A esta cantidad habría que aplicarle, a su vez, el incremento de enero, que volverá a ser la inflación media de 2022.

Reforzar plantillas
Pero en el encuentro de mañana el sindicato de funcionarios reclamará al Gobierno también que elimine la tasa de reposición para que las comunidades autónomas puedan convocar plazas estructurales y reforzar los servicios que durante la pandemia se han visto muy tensionados. CSIF argumenta que esto permitiría que las comunidades autónomas pudieran dedicar fondos recibidos de la Unión Europea para la recuperación a la Sanidad, a la Educación, a sus servicios autonómicos, etc. Denuncia CSIF que miles de contratos de refuerzo que se hicieron por el Covid van a extinguirse a finales de año y alertan de que solo en Sanidad se podrían perder unos 90.000 puestos de trabajo.

El sindicatos recuerda que la pérdida de empleo también afectará al SEPE, que este año se quedará sin 1.500 contratos de refuerzo. «Este mes de octubre se extinguen 500 coincidiendo con la renovación de la prórroga que incrementará la carga de trabajo, sumado a los miles de contratos que lamentablemente pasarán a las filas del paro por el fin del verano», avisa CSIF.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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