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Economía

Sánchez, contra el servicio postal y la España vaciada

Hace ahora más de tres siglos se creó en España un servicio de envíos con la vocación de llegar hasta los últimos rincones de nuestro país. Así nació la operadora de los servicios postales en España (Correos) y con ello la garantía de un servicio público que cubriese todas las zonas de nuestra geografía, incluyendo áreas rurales y todas aquellas de difícil acceso e inasumibles costes para cualquier otra empresa del sector.

Ese compromiso de prestación del servicio postal universal (SPU), la regulación de los derechos de los usuarios del mismo y de su mercado, se actualizó con la promulgación de la Ley Postal, protegiéndose así el equilibrio financiero del operador encargado de la prestación, Correos, y garantizando la calidad del servicio postal a un precio asequible.

Sin embargo, desde que en 2018 asumió la presidencia de Correos quien había ejercido hasta el momento como jefe de gabinete de Pedro Sánchez, el desmantelamiento del servicio postal ha sido progresivo y alarmante. Los datos que ofrece la empresa en su informe anual, los que se recogen en los distintos informes de la CNMC y los que periódicamente publica la Unión Europea, ponen de manifiesto que el servicio se está reduciendo a unos mínimos inaceptables, que ha dejado de ejercer como factor vertebrador de la «España vaciada» y que Correos no está recibiendo la adecuada financiación para la prestación de su esencial servicio.

Hoy vemos cómo hay una continua disminución del número de oficinas; se han cerrado 240 centros de Correos entre oficinas, unidades de reparto y servicios rurales en los últimos años, lo que ha conllevado la reducción de miles de puestos de trabajo. Estamos en una situación crítica en lo que se refiere a la relación entre buzones por número de habitantes, y es que mientras la media en Europa se sitúa en 1 buzón por cada 800 habitantes, aquí sólo existe 1 por cada 1.691 habitantes.

De igual modo, las reclamaciones y quejas de los usuarios de los servicios postales han crecido en el último año en un 33%, lo cual evidencia el deterioro continuo del servicio. Al observar los resultados económicos de 2020 de la compañía, cuyas pérdidas ascienden a un total de 264 millones de euros, y sin ser corregido en 2021, se advierte la gravedad de la situación y la negligente gestión.

Sin embargo, parece ser que el deterioro económico, laboral y operativo de Correos en la prestación del servicio postal universal no preocupa mucho a su presidente, ya que como denuncian al unísono CCOO y UGT, lo único que aumenta son las campañas de publicidad y propaganda en la empresa. Prueba de ello es el reciente gasto desproporcionado de 21 millones de euros en la denominada «Llevamos lo que llevas dentro».

En las cuentas públicas de 2021 y 2022 se ha asestado un recorte de más de un 26% de financiación al servicio postal universal con respecto a los PGE de 2018 (los últimos elaborados por el PP), algo que hace peligrar su pervivencia. Lejos e incumplido queda el acuerdo formalizado en 2018 entre el Ministerio de Fomento, CCOO y UGT, por el cual las partes establecían como objetivo una subida progresiva anual de los fondos destinados al SPU hasta llegar a 220 millones de euros.

Un servicio esencial, una clave para la vertebración del país, un factor de cohesión económica y territorial de España, no puede verse dañado y deteriorado por la irresponsabilidad de un Gobierno que lo está desmantelando progresivamente. Apostemos de verdad por la garantía en la prestación de servicios esenciales en nuestra España rural.

Andrés Lorite, Portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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