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Economía

Las empresas estarán obligadas a compensar los gastos de los becarios que se encuentren en prácticas

En la segunda reunión que mantuvieron el Gobierno y los agentes sociales para aproximar los puntos fundamentales que se incluirán el nuevo Estatuto del Becario se sobrevolaron las principales líneas de la medida sin entrar al detalle, si bien se produjeron ciertos avances en algunos puntos concretos. Uno de ellos, tal y como confirmó este viernes la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es la futura compensación de los gastos que tienen los becarios en las empresas, que en muchas ocasiones provoca que el empleado con una baja remuneración por las prácticas tenga en efecto que «pagar» por acudir al puesto de trabajo.

«En nuestro país no se puede pagar por ser becario y esto pasa», aseguró este viernes la ministra, añadiendo que los becarios «tienen que tener adecuada formación». Según recalcó en una rueda de prensa posterior al encuentro mantenido este viernes con las asociaciones representantes de los autónomos, «no son trabajadores, están siendo becarios y becarias para culminar su formación profesional y hay que actuar contra esta vergüenza de que se pague por formarse o la de los falsos autónomos».

En este punto, insistió Díaz en que se van compensar los gastos y se conocerá la cuantía o los gastos susceptibles de ser compensados. Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) reclamó este viernes que el futuro Estatuto del Becario, negociado en la mesa de diálogo social reunida este miércoles, incorpore las reivindicaciones del estudiantado universitario, «garantizando la formatividad de las prácticas académicas, evitando el fraude laboral y estableciendo una remuneración justa».

La coordinadora defiende la remuneración y cotización de todas las prácticas académicas, que no solo cubra los gastos derivados de la actividad del estudiante, sino que «compense también el coste de oportunidad que le supone realizar unas prácticas, así como ponga en valor la labor que realiza».

«El Estatuto del Becario debe garantizar a todos los estudiantes el acceso a unas prácticas de calidad, que pongan en el centro sus necesidades formativas y por las que se reciba una remuneración justa», manifestó el presidente de CREUP, Nicolás Hernández.

Posibles bonificaciones
Tal y como apuntan fuentes del diálogo social a ABC, este segundo encuentro aún quedó lejos de las concreciones sobre la medida. «El Gobierno tiene que centrar la propuesta», señalaban sobre el contenido de las últimas conversaciones afirmando que aún queda mucho terreno para explorar sobre este punto.

Por ejemplo, uno de los puntos que defienden los sindicatos en la negociación está en la posibilidad de incorporar bonificaciones de cotización a la Seguridad Social siempre y cuando los contratos con los que entren en la empresa sean fijos. No obstante, confirman esta mismas fuentes que los planteamientos aún son prematuros. Si bien se trata de una negociación paralela al nuevo Estatuto del Trabajo que también se negocia con los agentes sociales.

Tal y como apuntaron fuentes oficiales a este medio, la idea es que la próxima semana el Gobierno mantenga reuniones con asociaciones de jóvenes y estudiantes universitarios para hacer partícipe al colectivo del diseño de este nuevo Estatuto del Becario.

Ruptura del pacto de rentas
Yolanda Díaz pidió en ese mismo acto a los agentes sociales que «piensen en su país», tras darse este jueves por concluidas sin acuerdo las conversaciones para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). «Soy suficientemente consciente de que es muy difícil negociar con la inflación que tenemos en la actualidad, pero les pido a los agentes sociales que piensen en su país», apuntó.

Los sindicatos anunciaron la tarde del jueves el fin de las negociaciones con la patronal, ante la «diferencia insalvable» con la cláusula de revisión salarial que pedían los representantes de los trabajadores y a la que se negaban los empresarios.

Aunque la petición de Díaz incluía a los agentes sociales, tanto a los sindicatos como a la patronal, la ministra de Trabajo se dirigió más concretamente a los empresarios, a quienes les recordó que «como viene diciendo el Banco de España, hay márgenes empresariales para corresponsabilizarse con su país en tiempos de incertidumbre«.

Como dato, Díaz expuso que un trabajador que perciba un Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.000 euros en 14 pagas, perdería unos 840 euros anuales de poder adquisitivo con una inflación estimada en torno al 6%. «Esta estimación la podemos extender a trabajadores que superen esa renta salarial. Tenemos que pensar en estas personas, este es el gran reto que tenemos», recalcó.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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