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Economía

Argentina tendrá que pagar 263 millones de euros al fondo que compró Marsans

La justicia tarda pero llega. Eso debe pensar ahora el Fondo Burford Capital que adquirió Marsans, cuando la empresa había denunciado en el CIADI al Estado Argentino por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas a cambio de un peso. El Tribunal arbitral, que depende del Banco Mundial, falló a favor de la demanda y ordenó a Argentina pagar las costas e indemnizar con 263 millones de euros -320 millones de dólares- a los actuales propietarios.

Existe posibilidad de un último recurso pero los fallos consecutivos, en todas las intancias del CIADI, han sido idénticos. La sentencia dispone que «la Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a los demandantes la suma de 1.017.512 de dólares» en concepto de gastos de representación. Asimismo, «desestima todas las pretensiones» de anular el proceso que pretendía el Estado y da la razón a Burford Capital para que cobre los 320,7 millones que le corresponden por una expropiación injusta y cuajada de irregularidades. Entre otras, una tasación surrealista que valoraba la flota de aviones y la totalidad del patrimonio de Aerolíneas en un peso, un gesto simbólico y de escarnio, en pleno Gobierno Kirchnerista.

El caso de Aerolíneas Argentinas estalló en diciembre del 2008 y es uno de los más emblemáticos junto a la intervención y posterior expropiación de la mayoría de las acciones de Repsol a YPF (abril del 2012). El Gobierno argentino que presidía Cristina Fernández de Kirchner, declaró de interés público la compañía de bandera, en medio de tensiones y disputas con media docena de sindicatos que, con el apoyo gubernamental, tenían a la compañía en jaque con huelgas permanentes.

Según el Tribunal de Tasación de la Nación, por entonces, Aerolíneas Argentinas tenía un valor negativo de 832 millones de dólares cuando fue nacionalizada mientras que Marsans (Grupo Interinvest) ponía sobre la mesa una auditoría donde se valoraba en torno a los 600 millones.

Las gestiones de Gobierno a Gobierno no lograron dar frutos y por sorpresa, -como pasaría con YPF y Repsol- la administración kirchnerista asumió la compañía que pasó a estar bajo la órbita del Ministro de Planificación, Julio De Vido.

El juicio en el CIADI comenzó el 3 de marzo del 2014. Desde entonces el proceso estuvo salpicado de diferentes contratiempos y la compañía fue vendida al fondo Burford Capital. Esta decisión provocó la protesta airada de Argentina y uno de sus diversos, pero infructuosos intentos, de intentar anular el proceso.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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