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Economía

Los nuevos ERTE tensan el diálogo social y CEOE avisa: «Preferimos que no lleguen los fondos»

La negociación de la reforma laboral avanza y la tensión entre las partes aumenta. El Gobierno ha remitido a los agentes sociales una nueva propuesta de ERTE, que hoy está siendo debatida en la mesa, y que plantea una regulación permanente de este mecanismo, para el que se establecen tres modalidades, vinculadas todas a la formación y la recolocación de los trabajadores en otras empresas.

La propuesta -que tiene también una lectura política pues otorga más poder a la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, que a la titular de Trabajo, Yolanda Díaz- no ha sido bien recogida por los empresarios, que califican el texto de «farragoso» y aseguran que está plagado de «ideología» e «intervencionismo». La malestar es tal que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no dudó ayer en desvincular a los empresarios de la llegada de los fondos europeos: «Preferimos que no lleguen los fondos y que las normas sean mejores», dijo en una entrevista a Onda Cero.

Según el borrador que negocian los agentes sociales, el Gobierno apuesta por mantener los ERTE por fuerza mayor en términos similares los que se han aplicado durante la pandemia. Pero incluye además otros dos nuevos tipos bajo el bautizado como Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo y que se bautiza como los estructurales y los cíclicas. Para los tres casos se establece que la reducción de jornada oscilará entre el 10% y el 75% del total.

El esquema diseñado para causas estructurales se activaría para hacer frente a cambios que tengan que ver con la introducción de nuevos métodos de producción y que generen situaciones en las que mantener a la plantilla lleve a la empresa a una pérdida de competitividad. Estas situaciones deberán abordarse con «recualificación de las personas trabajadoras afectadas para garantizar su empleo en la propia empresa, o en procesos de transición profesional de estas hacia empleos en otras empresas o sectores», reza el documento. En este último caso, la empresa de origen transferiría al Fogasa el 50% de la cuantía del despido improcedente que le hubiera correspondido al trabajador en ausencia de recolocación para constituir un fondo para financiar estos procesos de recolocación.

En cuanto a los ERTE para hacer frente a crisis de carácter cíclico, como el que se ha vivido con la pandemia, solo se activará cuando concurran causas económicas derivadas de una «situación coyuntural de alcance general». Aquí el poder pasaría a manos del Ministerio de Asuntos Económicos, quien deberá establecer qué parámetros objetivos justifican su uso. Además, deberá recibir una activación previa por parte del Consejo de Ministros. Su duración máxima sería de un años, con exoneraciones en las cotizaciones y prestaciones para los trabajadores equivalentes al 70% de la base reguladores.

Pese a la superioridad de Calviño en este esquema, lo que podría hacer pensar que la propuesta es más afín al mundo empresarial, el rechazo en CEOE es rotundo. Una de los principales focos de polémica lo ha generado el modo de financiación. La propuesta pasa por constituir un fondo que se nutriría por una triple vía: por una lado se dotaría con el exceso de ingresos por cotizaciones sociales por desempleo, por otro con aportaciones que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado y por último con fondos procedentes de la Unión Europea. Se mantiene además una de las cláusulas que más polémica han generado durante la pandemia pues los beneficios en cuanto a cotización vinculados a este Mecanismo RED estarían condicionados al mantenimiento del empleo de los afectados durante los seis meses siguientes a la finalización del ERTE.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha pedido «apagar los focos» y ha apelado a la «discreción» para lograr consensos entre todas las partes.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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