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Economía

Los funcionarios se revuelven contra el Gobierno por las «bajas» subidas salariales y preparan una demanda

El Gobierno confirmó recientemente que los casi tres millones de empleados públicos de España formarán parte del denominado pacto de rentas que busca contener las subidas salariales para este y los próximos años y aminorar la escalada de precios, aún mayor, que podrían desatar los conocidos como efectos de segunda vuelta. Así, los funcionarios experimentarán este año un incremento salarial del 2%, tal y como se recoge en el Programa de Estabilidad 2022-2025 remitido a Bruselas en los últimos días.

Sin embargo, ni el nivel fijado para la revalorización ni las formas con las que el Ejecutivo a comunicado a los funcionarios esta subida salaria convencen a los sindicatos, que han anunciado movilizaciones para el próximo 25 de mayo en protesta para una medida que se ha abordado «de forma unilateral», según apuntan a ABC fuentes cercanas a la negociación, que se quejan de cómo el Ministerio de Hacienda y Función Pública llevó al diálogo esa subida del 2% ya predeterminada.

Ante el clima de tensión económica que provoca el fuerte avance de los precios, del 8,3% en abril, los sindicatos denuncian una fuerte pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, y que ahondará al cierre del presente ejercicio. El Banco de España espera que el IPC se sitúe en el 7,5% de media anual para 2022, una cifra que desde la Airef moderan hasta el 6,6%. De cualquier modo, el escenario dibuja una pérdida de poder adquisitivo para los funcionarios de entre 4,6 y 5,5 puntos porcentuales.

No obstante, hasta el momento, esa subida fijada del 2% para 2022 a los funcionarios es el único compromiso palpable sobre el pacto de rentas al que insistentemente llama el Gobierno. Ni los trabajadores asalariados, que prometen dar la «batalla» en las más de 4.000 mesas de negociación colectiva tras romperse las negociaciones con CEOE para el AENC, ni los pensionistas que verán actualizadas sus pagas en 2023 con el IPC medio de este año, contribuirán de manera forma a ese pacto de rentas.

Crece la conflictividad
En este punto, las demandas del principal sindicato CSIF sobre el alcance de la subida salarial para este año coinciden con la demanda de cumplimiento de las ya pactadas, y que no terminan por efectuar las diferentes administraciones públicas.

Concretamente, este viernes, el sindicato presentó un conflicto colectivo ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social por el impago en Puertos del Estado de los incrementos salariales a sus más de 4.000 trabajadores. Se trata del paso previo y obligado para presentar una posterior demanda ante la Audiencia Nacional por esta negativa a cumplir con el incremento pactado, al que CSIF añadirá el abono de los intereses legales aplicables, según advertía la central sindical en un comunicado.

El sindicato recuerda que el III Convenio se encuentra ahora en el ecuador de su validez, que se firmó por un periodo de vigencia de 8 años, con 2 millones anuales de fondos adicionales, para que los empleados de Puertos del Estado pudiesen recuperar el poder adquisitivo que se perdió con la crisis de 2008.

Sin embargo, lamenta que los más de 4.000 trabajadores de Puertos ven siguen perdiendo su poder adquisitivo, después de que la compañía ya tardase 18 meses en aprobar la subida salarial relativa a 2020. CSIF asegura que Puertos del Estado responsabiliza al Ministerio de Hacienda como responsable de esta parálisis, pero el sindicato entiende que «alguien no está haciendo bien su trabajo o, simplemente, no le interesa hacerlo».

De hecho, según señalan fuentes sindicales a este medio, el impacto de la pandemia habría paralizado no solo la aplicación del convenio de Puertos del Estado sino de varias empresas con empleados públicos, como Correos Express y Paradores. En suma, cerca de 15.000 trabajadores están a expensas de recibir la mejora salarial pactada con la administración.

Menos poder de compra
Los trabajadores públicos aseguran que arrastran una pérdida de poder adquisitivo de un 15% desde 2010, cuando les rebajó el sueldo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, «por lo urge negociar una subida salarial». Según el sindicato, «los funcionarios llevan contribuyendo al Pacto de Rentas más de diez años».

En este sentido, CSIF asegura que los funcionarios necesitan salarios acordes al trabajo que desarrollan y no pueden seguir sufriendo más recortes, por lo que habrá movilizaciones dado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se sienta a negociar.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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