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Economía

Todos los cambios sobre la nueva regulación del alquiler que está planteando el Gobierno

El pasado miércoles, 16 de junio, fuentes de Podemos aseguraron que el Gobierno de coalición ha acordado la congelación de los precios de los arrendamientos en las áreas que se definan como ‘tensionadas’. Así, una vez se declaren estas zonas como tales, los contratos de alquiler quedarán congelados durante tres años (tanto los que estén vigentes en ese momento como los que se formalicen posteriormente a la puesta en marcha de la norma, la cual quedará reflejada en la nueva Ley Estatal de Vivienda). Esto quiere decir que los propietarios no podrán subir el precio del alquiler a sus inquilinos, ni cobrar más a sus nuevos arrendatarios de lo que ya lo hacían a los anteriores.

Sin embargo, los socios de Gobierno parecen no ponerse del todo de acuerdo. Unidas Podemos rechaza la propuesta de incentivos fiscales para propietarios puesta sobre la mesa por el PSOE. Con todo, ¿qué sabemos sobre la futura Ley de Vivienda?

La negociación del PSOE y Unidas Podemos
La medida del Ministerio de Transportes, liderado por el socialista José Luis Ábalos, propone que la regulación de los precios se articule mediante la vía de las reducciones fiscales.

A día de hoy, en España, se aplica una reducción del 60 % a todos los arrendadores. Así, el 60 % de lo que perciben por las rentas, no se suma a sus ingresos en la declaración del IRPF, lo que significa que no tributan dicha cantidad.

De cara a la futura Ley Estatal de Vivienda, el PSOE propone rebajar la bonificación con carácter general al 50 %, dando incentivos a alquellos propietarios que cumplan con una serie de requisitos, como puede ser alquilar un piso a personas jóvenes. Uno de los incentivos más relevantes que propone el ministerio que dirige Ábalos es el de aumentar los beneficios fiscales a los propietarios que rebajen un 10 % el alquiler a nuevos inquilinos, cuya bonificación podría alcanzar el 90 %.

Sin embargo, desde UP sostienen que «la regulación que propone el departamento de Ábalos no permitiría bajadas de los precios del alquiler, tal y como recoge el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones, ni daría cobertura a la ley catalana de vivienda». Explican que por ello las negociaciones continúan «intensamente» para lograr un acuerdo. Esta norma fue recurrida el pasado martes, 15 de junio, por el Gobierno al que pertenece UP ante el Tribunal Constitucional, aunque el Ejecutivo ha decidido no solicitar su suspensión cautelar.

A día de hoy, el Ministerio de Derechos Sociales, a diferencia del de Transportes, no ha hecho pública su propuesta.

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¿Qué es un ‘área tensionada’?
Las áreas tensionadas son aquellas en las que se ha producido un incremento sostenido de los alquileres en los últimos años y en la que en los hogares se sufre una ‘sobrecarga financiera’ para pagarlos. Esto es que el gasto de la vivienda supere el 30 % de los ingresos medios en dicha zona o que el precio de la vivienda haya aumentado al menos cinco puntos por encima del crecimiento del IPC de la comunidad autónoma a la que pertenezca la zona en los últimos cinco años.

Otras medidas incluidas en el acuerdo de coalición PSOE – Unidas Podemos
En el acuerdo de coalición firmado en 2019 por PSOE y Unidas Podemos, en el que se recogían las líneas pactadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un gobierno de coalición, en el apartado sobre la vivienda, podía leerse que para frenar las subidas abusivas de los alquileres, además de impedir la subida de alquileres en áreas tensionadas, se facilitaría a las comunidades y ayuntamientos el acceso al Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda para que elaborasen su propio índice de precios. Se pretende que ‘los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler’.

Por otro lado, en el acuerdo también queda reflejado que se pretende también impulsar medidas para asegurar el realojo inmediato de aquellos inquilinos que no puedan hacer frente a las rentas por carecer de recursos económicos; se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional y se buscará implementar reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio, entre otras cosas.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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