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Economía

Bruselas obligará al Gobierno a hacer público su calendario de reformas para recibir los fondos de recuperación

Las cosas no van tan bien como aparentan en el diálogo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comisión Europea, que no ha podido cerrar todavía los términos del acuerdo en el que el Ejecutivo español ha de definir y poner fecha a las reformas que se ha comprometido a hacer antes de recibir el dinero del fondo de recuperación. A estas alturas ni se sabe qué piensa hacer el Gobierno en los asuntos más significativos del plan de recuperación, como la reforma de las pensiones y la del mercado laboral, ni en qué fechas, ni de qué manera. Y en cualquier caso Bruselas insiste en que este documento con el calendario y los hitos concretos ha de hacerse público y no puede mantenerse en secreto como al parecer pretendía el Gobierno socialista.

El tiempo apremia, pero el Gobierno no avanza en la lista de deberes que le ha puesto la Comisión Europea y que el propio Ejecutivo Sánchez había prometido hacer en el plan de recuperación. En este, además, se debían haber definido los planes y objetivos en los que pretende gastar el dinero que viene de la UE, incluyendo las reformas que la Comisión lleva tiempo pidiendo en las recomendaciones específicas para España y que el Gobierno español accedió de mala gana a incluir de forma bastante difusa e poco concreta en el documento enviado a Bruselas. De hecho, fuentes de la Comisión han reconocido a ABC que, en realidad, a estas alturas «aún no se ha pactado» con España ningún ‘operative arrangement’ -el término técnico para referirse a este contrato entre la Comisión y el país que ha de recibir el dinero- a pesar de que es preceptivo que esté firmado antes de recibir el dinero. El Gobierno pidió y recibió un adelanto de 9.000 millones que por tratarse de un asunto de urgencia recibió sin necesidad de tener firmado este ‘operative arrangemen’. Sin embargo, los 10.000 millones que la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que pretende pedir antes de que acabe el mes de octubre, sí que necesitan que se haya firmado antes ese «contrato».

Según explican fuentes de la Comisión, el Reglamento que rige el mecanismo de recuperación señala que «los Estados miembros y la Comisión deben acordar un ‘operative arrangement’ que establezca las disposiciones para el seguimiento de la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia». Este acuerdo tiene que recoger la información que deberá reportarse de forma periódica al Ejecutivo comunitario, ya que este evaluará cada semestre en qué punto se encuentran las reformas e inversiones comprometidas. No en vano, los nuevos pagos dependen de que avancen según el calendario que se acuerde en el contrato.

Desde que se conoció este trámite, el Gobierno socialista se ha mostrado esquivo en los detalles de sus planes de reforma e indirectamente ha difundido la idea de que podría mantener estos detalles en secreto, teniendo en cuenta que en varios de los puntos que la Comisión espera que sean definidos no hay una posición común entre los integrantes de la coalición gubernamental. La Comisión, sin embargo, insiste en que todo el proceso ha de llevarse a cabo con un «un alto grado de transparencia durante la ejecución del Mecanismo y, como tal, opinamos que los acuerdos de ejecución firmados con los Estados miembros deberían hacerse públicos» y por ello «estamos en conversaciones con los Estados miembros para acordar una publicación una vez que se firmen las disposiciones operativas».

El Gobierno no ha dicho abiertamente que pretendía mantenerlo en secreto, pero fuentes de La Moncloa citadas en medios habitualmente próximos al actual Gobierno habían dicho con claridad que pretendían mantener este documento en secreto, tal vez con la idea de reducir la presión sobre los ministros concernidos y en algunos casos enfrentados entre sí.

Por ahora, la reforma de las pensiones ha avanzando parcialmente, pero no ha resuelto los principales problemas de sostenibilidad y el Gobierno no ha definido tampoco el rubo a seguir.

En cuanto a la reforma laboral, se trata de un asunto-Guadiana que aparece y desaparece de forma irregular. La semana pasada, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que preparaba «la reforma estructural en el mercado de trabajo que no se ha hecho en 42 años» y que estaría pactada con los agentes sociales antes de finales de noviembre, pero este fin de semana, el Congreso del PSOE ha vuelto a proponer simplemente «la derogación de la reforma laboral» que llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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