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Economía

Un campo hastiado del Gobierno se une a los transportistas y convoca su propio calendario de movilizaciones

El ‘tsunami’ de malestar social comienza a tomar forma, para inquietud del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Tal y como adelantó ABC, las tres principales organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA sopesaban esta semana unirse a la huelga de transportistas del 20 al 22 de diciembre. Este jueves han tomado la decisión de adherirse a esta movilización, lo que la convierte en la mayor protesta del campo español desde inicios de 2020 y un claro desafío al Ejecutivo. Los agricultores y ganaderos pararán para protestar contra los precios desbocados de fertilizantes, fitosanitarios, el gasóleo agrícola, los piensos y, sobre todo, la electricidad. Unos costes de producción que no dejan de escalar y que ponen en peligro la supervivencia de cientos de explotaciones.

Las organizaciones agrarias concretarán las convocatorias de protestas en próximas fechas, pero ya han anunciado que se celebrarán en numerosos puntos del territorio nacional durante diciembre y algunas de ellas coincidirán con las anunciadas por los transportistas, con quienes afirman compartir «algunas de las reivindicaciones».

Como ejemplo de todo lo anterior, según Asaja, solo los fertilizantes han visto su precio dispararse durante el último año entre el 239 y 307%. Lo mismo sucede con las semillas, que en el caso del trigo pasaron de un precio de 335 euros/tonelada a 400 euros/tonelada, un 19% más, según esta organización de productores. Por su parte, el gasóleo agrícola se ha encarecido casi un 73% mientras que los piensos para el ganado se han disparado entre octubre de 2020 y el mes pasado un 27%. La energía eléctrica, según Asaja, se ha encarecido para los agricultores y ganaderos un 270%, los plásticos un 46%, un 33% el agua y entre un 10 y 25% la maquinaria.

La unión de transportistas y agricultores supone un importante dolor de cabeza para el ministro de Agricultura Luis Planas, que hoy está en Tolouse (Francia) en el acto conmemorativo del 60º aniversario del encuentro hispano-franco-andorrano de Sanidad Animal y Vegetal. Las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) le enviaron una carta el pasado 11 de noviembre en la que pedían una reunión urgente para poner en marcha plan de choque para aliviar esta situación. Unos días antes, Asaja, ya remitió otra misiva solicitando una cita con el ministro socialista.

Fuentes de este departamento, a preguntas de ABC, apuntaron que se está haciendo «un seguimiento constante de la situación. La interlocución es fluida y continuada» En este sentido, añadieron, que se recibirá a las organizaciones agrarias «en cuanto haya oportunidad» y recordaron que «el ministro se reunió presencialmente con ellas en el mes de octubre» aunque la misma se produjo para informarlas sobre la nueva PAC (Política Agraria Común).

La creciente brecha entre el campo y Sánchez
En cualquier caso, los motivos que alimentaron las grandes movilizaciones de principios de 2020 – que recorrieron toda España y forzaron una reforma ‘express’ de la Ley de la Cadena Alimentaria que ahora afronta una revisión profunda en el Senado – permanecen intactos. Los costes de producción siguen su escalada acentuada por la inflación, los precios en origen siguen siendo insuficientes para cubrir los primeros a pesar de la nueva normativa y, sobre todo, la brecha entre el campo y el Gobierno no ha dejado de agrandarse.

Las polémicas se han ido acumulando casi desde el primer día del actual Ejecutivo, para pesar del ministro Luis Planas que se ha visto en la tesitura de tener que desautorizar a algún que otro compañero del Consejo de Ministros: Las controvertidas declaraciones del titular de Consumo
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sobre lacarne, las protección del lobo impulsada desde Transición Ecológica de
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, la tensa relación del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz con parte del sector a cuenta de algunas actuaciones de la Inspección de Trabajo (el punto álgido se alcanzó en mayo de 2020 con al filtración de un manual en el que se instaba a los inspectores a detectar «casos de explotación laboral» o de «esclavitud», referencia que levantó la indignación de muchos agricultores); así como el alza del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10 al 21% aprobado en los Presupuestos Generales de 2021 con el que la ministra de Hacienda María Jesús Montero buscaba recaudar 400 millones de euros y que llevó a la rebelión del sector azucarero con la Junta de Castilla y León a la cabeza. Con el paso dado hoy por las organizaciones agrarias, la brecha se ensancha.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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