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Economía

Cerca de un centenar de franquiciados denuncian por presunta estafa a la matriz de 100 Montaditos: «Nos han arruinado»

Carne en mal estado o de distinta calidad a la ordenada; promesas de rentabilidades que no se cumplen y cláusulas ruinosas. Estas son algunas de las razones de 32 franquiciados para pedir la apertura de un proceso penal a Restalia (100 Montaditos, Sureña, TGB, etc) a los que acusan de delitos de estafa, organización criminal, coacciones, delitos informáticos y delitos contra los consumidores. Los representantes legales de los propietarios, los despachos Cremades Calvo-Sotelo y Rafael Franco abogados, denuncian que el grupo de restauración ha llevado a cabo prácticas como la captación indiscriminada de franquiciados bajo promesas de grandes rentabilidades y rápidos retornos de inversión que, sin embargo, en casi todos los casos «han llevado a la ruina a nuestros representados».

Para ellos calculan unas pérdidas de más de 20 millones de euros (entre 300.000 y 60.000 de media), además de la entrada en concursos de acreedores de buena parte de los locales denunciantes. Pero también daños personales. En algunos casos provocando problemas de salud e incluso divorcios, según denuncian desde ambos despachos. Además de los 32 franquiciados demandantes, a la causa se unirán otros 25 locales, mientras otros 40 están a la espera de confirmación. Por lo que ya suman 97 presuntos afectados.

Los franquiciados acusan a la compañía de presentar planes de viabilidad totalmente irreales, en los que además prometían grandes calidades de producto y al mejor precio. Algo que tampoco se cumplía. Aseguran que mientras los afectados sufrían grandes dificultades para sacar adelante el negocio, veían «como en cualquier supermercado el precio de la carne era menor». «Puede que existan unos acuerdos que han sido silenciados y que llevan unos sobrecostes que desconocen los franquiciados» ha explicado en rueda de prensa Rafael Franco, representante del despacho que lleva su mismo nombre. Los abogados han explicado, que la franquicia imponía el precio de la mercancía, además del de venta al público «a unos precios muy bajos». Por lo que el margen del beneficio era «inexistente». Algo que se aseguraban al incluir en el contrato una cláusula por la exclusividad total del suministro: «desde la instalación y montaje del establecimiento hasta cualquier tipo de mercancía».

Una de las supuestas víctimas, Julián García Movellán, que regentaba un local franquiciado de The Good Burger, asegura que incluso llegó a recibir carne caducada y baja en grasas, una calidad distinta a la encargada. «El proveedor me aseguró que eran órdenes del grupo, y que no podía hacer nada al respecto a pesar de que teníamos un contrato de suministro en común». Incluso asegura que uno de los suministradores le contó que «recibían una lista de negocios a vetar por no saldar sus deudas con la franquicia».

Este mismo denunciante lamenta que en ningún momento recibió el apoyo de Restalia a pesar de tener una situación financiera «muy complicada» con abultadas pérdidas que se iban sumando cada mes. Dice haberse sentido «desemparado» por la compañía «que en ningún momento me ha ayudado a pesar de las repetidas promesas de que iban a acudir a mi local». Asegura que pidió flexibilidad a la empresa con los proveedores para poder dar viabilidad al local, pero siempre sin respuesta. «Con esas pérdidas les comuniqué que no podía pagar los ‘royalties’ y llegaron a cortarme el sistema informático por una deuda de 426 euros. Tuve que pedir dinero prestado, mientras debía medio millón de euros al banco», relata.

Facturaciones muy por debajo de las prometidas
Otro de los denunciantes asegura haber sido «un conejillo de indias». José Antonio Lombardía, fue el segundo franquiciado en toda España en abrir un local de la marca Panther. Relata que por parte del grupo era todo «una improvisación continua». «Pocos meses después de la apertura me cambiaron el 30% de la carta, incluso eliminando productos que en ese momento se estaban promocionando», explica. Además, con «promociones absolutamente ruinosas». Lombardía dice sentirse también engañado por el plan de negocio que le presentó Restalia, «totalmente irreal». «En el primer año facturé un 50% de lo prometido y nadie se equivoca en un porcentaje así». Y añade que cuando pidió realizar un cambio de precios en la carta por el alza de costes que estaba sufriendo, nunca obtuvo una respuesta. «Sueltas el dinero y se olvidan de ti», lamenta Lombardía cuyo negocio acabó entrando en concurso de acreedores.

Enrique Cebeira, acabó con dos franquicias en la misma situación. El exsecretario de la junta directiva de la Asociación Española de Franquiciados de Restalia, dice que durante su etapa en este organismo llegó a recibir cientos de llamadas y «todas contando lo mismo». Cebeira arremete contra la política de precios del grupo. «Hacen que los locales estén llenos y parezca que es un modelo de éxito, pero las rentabilidades son bajísimas», ha asegurado.

Con todo, el Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid ya ha abierto diligencias previas contra 29 sociedades vinculadas con el Grupo Restalia, además de al propietario del Grupo, José María Fernández Capitán, en relación a estas denuncias, aunque se encuentran en una fase «absolutamente inicial».

Sobre la demanda, Restalia aseguró la semana pasada que cumple la regulación vigente y que hasta el momento no tienen constancia de haber recibido alguna situación sobre el asunto. «Colaboraremos con todo lo necesario y cualquier requerimiento, como siempre hemos hecho», expresaron.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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