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Economía

Los paros del transporte se eternizan tras una reunión fallida con Raquel Sánchez

la alegría le duró poco a la ministra. Solo seis horas después de haber pactado con los transportistas agrupados en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) un acuerdo que calificó de «histórico» en la sede del Ministerio de Transportes, los representantes díscolos del gremio volvieron a llamar a su puerta. Pero en este caso no se presentaron los presidentes de las patronales, sino cientos de trabajadores. Y no llegaban para negociar ayudas, sino para exigir, megáfono en mano, su dimisión.

Unos 10.000 transportistas, según fuentes policiales, se concentraron frente al ministerio. También cortaron el paseo de la Castellana, entre cánticos como «Si no hay dimisión, no se mueve ni un camión» o «Manolo, amigo, el gremio está contigo». Una movilización en la que la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías, promotora de las protestas, sacó músculo ante el Gobierno.

El baño de realidad hizo recapacitar a Raquel Sánchez. Por primera vez en casi dos semanas, la ministra suavizó su rechazo a sentarse con la organización, que ayer protagonizó su duodécimo día consecutivo de paros y ha dejado a España al borde del desabastecimiento. Primero abrió la puerta a la reunión; unos minutos después el encuentro era una realidad.

Pero el cónclave no fue suficiente para desbloquear la situación. Porque el Ejecutivo no quiso tocar el paquete de ayudas pactado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) en la madrugada del viernes, y este no ofrece soluciones inmediatas para evitar que los camioneros trabajen a pérdidas. Es cierto que el acuerdo establece que antes del 31 de julio el ministerio presentará un proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías los principios de la ley de la cadena alimentaria y evitar el trabajo a pérdidas. Pero los transportistas díscolos consideran que este plazo es demasiado extenso y solicitan medidas inmediatas.

«Nos encontramos en una situación de atasco. No tenemos dinero para salir de viaje, porque no cubrimos los costes. Si eso no se corrige de forma provisional para que no se pueda contratar a pérdidas, no podemos arrancar», destacó el líder de las protestas, Manuel Hernández, tras la reunión con la ministra de Transportes. Sánchez llegó a proponer que los plazos se acorten y tener lista en mayo o junio una ley para evitar trabajar a pérdidas. La plataforma, por contra, exige medidas «provisionales» durante ese periodo de carencia, petición que no ha sido atendida por el momento.

Hernández, que lleva días exigiendo un encuentro a la titular del ministerio que no se produjo hasta ayer, reconoció que hoy volverá a haber marchas lentas en varias provincias españolas. Pese a ello no descartó que los paros se desconvoquen durante el fin de semana. «Estamos a disposición de la ministra tanto el sábado como el domingo», destacó tras el encuentro.

Con todo, lo cierto es que ayer se notó en las calles el pacto alcanzado entre las federaciones de transportistas y el Ejecutivo. Los paros perdieron fuelle y no fueron tan multitudinarios como en días anteriores, aunque sí es cierto que se reprodujeron los problemas en regiones como Galicia, Cataluña y Madrid.

El apoyo de Vox
Todo ello se produjo durante una jornada en la que el Gobierno puso todas sus esperanzas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya aseguró en la madrugada del viernes que «no tenía sentido» mantener las protestas.

El acuerdo alcanzado en la madrugada del viernes entre el Ejecutivo y las patronales recoge una bonificación de 20 céntimos por litro del gasóleo, la gasolina, el gas y adBlue. De estos 20 céntimos, el Estado aportará 15 y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Tal y como publicó ABC, ambas partes acordaron finalmente un sistema similar al de Francia, que estará vigente en principio hasta el 30 de junio. También se otorgarán 450 millones de euros en ayudas directas tanto a transportistas como a vehículos de pasajeros. La cuantía de la ayuda será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero que incluye taxi, VTC y ambulancias.

En conjunto, el plan tendrá un coste para el Estado de 1.125 millones de euros. «Migajas», según la Plataforma. Un calificativo que fue replicado por varios dirigentes de Vox, que se desmarcaron del silencio del resto de formaciones políticas y mostraron su apoyo a la Plataforma. «Los transportistas de España son un ejemplo a seguir. No van a aceptar ni las migajas del Gobierno de la ruina y la miseria ni que los sindicatos ‘vendeobreros’ les vendan por eso», afirmó este partido en su cuenta de Twitter.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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