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Internacional

López Obrador desoye a la ONU y mantiene su proceso de militarización de la seguridad ciudadana

Antes de llegar al poder, Andrés Manuel López Obrador prometió devolver al Ejército a sus cuarteles, quitándoles básicas funciones de orden público que sus dos predecesores le habían otorgado en la lucha contra el narcotráfico: Felipe Calderón (2006-2012), del partido de derecha PAN, y Enrique Peña Nieto (2012-2018), del PRI, formación que López Obrador abandonó tiempo atrás para pasar luego al PRD y luego crear el más izquierdista Morena.

Pero el presidente mexicano no solo ha mantenido la militarización de la seguridad ciudadana que antes criticaba, sino que la ha incrementado, con el despliegue de más efectivos militares que Calderón y Peña Nieto y la está solidificando normativamente: la ha convertido por ley en permanente y además desea consagrarla del todo con una reforma constitucional. La ONU le ha pedido una desmilitarización, pero López Obrador se niega a dar marcha atrás.

Si ese proceso, en cualquier caso, no extraña teniendo en cuenta los dos sexenios anteriores (en todo este tiempo el constante aumento de homicidios ha ido parejo a esa lucha militar contra los carteles), lo más llamativo de López Obrador es el poder que está dando a los militares, encargándoles un volumen de actividades civiles sin precedentes en un país americano que no haya derivado hacia una dictadura militar o un régimen autocrático.

Así, el presidente mexicano entregó al Ejército la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México y luego su gestión y explotación comercial por 50 años, de forma que el aeropuerto de una de las capitales más pobladas del mundo, inaugurado el pasado mes de marzo, está inusitadamente regido por un consejo de administración encabezado por un general de brigada y completado con personal uniformado. El Ejército también ha asumido la construcción de varios tramos del Tren Maya y la dirección de otros tres proyectos de aeropuertos, así como la vigilancia ductos y combustibles de Pemex y el traslado de dinero de programas sociales, entre otros encargos.

Exigencias de la ONU
En abril, la ONU emitió un informe en el que reclama un retiro «ordenado, inmediato y verificable» de los militares de las labores de seguridad pública. El Comité́ contra la Desaparición Forzada, con sede en Ginebra, concluyó tras una visita a México que «la permanente participación de la fuerza armada» en esas tareas, «a pesar de presentarse como ‘extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementara’, permite poner en duda su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana».

El empleo de medios humanos y armamento para funciones distintas para las que están entrenados o diseñados, con el añadido de falta de fiscalización pública que suele acompañar al Ejército, acaba implicando a este en delitos. Según el comité, además del crimen organizado, también agentes públicos «son responsables» de actuaciones negativas, como «el aumento de desapariciones forzadas», algo que estima que «se trata de una situación generalizada».

Ya hace un año, en abril de 2021, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU había expresado su «preocupación» al respecto. Por su parte, Amnistía Internacional advirtió que López Obrador estaba desplegando más efectivos militares en la estrategia de seguridad que las dos administraciones anteriores.

En realidad, el empleo del Ejército en misiones de orden público es común a otros países de Latinoamérica y se trata de algo tan contestado muchas veces desde la oposición como defendido cuando se alcanza el poder. En este caso, México ha sido uno de los pocos países de su entorno en aceptar la supervisión del mencionado comité de la ONU, si bien no ha mostrado disposición en adoptar sus recomendaciones.

La Guardia nacional como brazo del Ejército
En 2019 López Obrador creó la Guardia Nacional, inicialmente concebida como institución de carácter civil, para que sustituyera en las calles a las Fuerzas Armadas. Para lograr los actuales 100.000 integrantes, la Guardia Nacional se nutrió de policías y militares que quisieran cambiar de cuerpo, pero la cultura militar subyacente (el 80% de sus miembros proceden de Ejército de Tierra o de la Marina), el hecho de que muchos mandos fueran simplemente «prestados» y la operatividad bajo estructuras militares ha terminado por hacer de la Guardia Nacional un brazo más, de facto, de las Fuerzas Armadas.

Un artículo transitorio de la Ley de la Guardia Nacional establecía una moratoria que permitía que el cuerpo operara temporalmente bajo el control del Ejército, pero aseguraba que la institución acabaría como corporación civil. Sin embargo, esa transición ya se está descartando. La Guardia Nacional responde a la Secretaría de la Defensa Nacional y no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (es decir, al Ministerio de Defensa, en lugar de al de Interior).

Además, la creación y el despliegue de la Guardia Nacional no han supuesto el fin de la responsabilidad del orden público para el Ejército. Contrariamente a lo que había dicho antes de su elección, López Obrador la ha hecho permanente por ley (sus antecesores la habían administrado formalmente de modo provisional). En un paso más, ahora se propone militarizar oficialmente a la Guardia Nacional en la reforma de la Constitución que prevé para 2023.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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