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Nicaragua es el país de Centroamérica más privilegiado en el comercio con EE.UU.

Con ningún otro país centroamericano Estados Unidos tiene déficit comercial más que con Nicaragua. EE.UU. le compra más que le vende, y no solo eso: Nicaragua es, en términos relativos, el país de Centroamérica que más exporta a EE.UU. (el 60,4% de lo que vendió en el exterior en 2019; la cifra más alta entre sus vecinos) y el que menos importa de allí (solo el 27,1%, la cuota más baja). A pesar, pues, de que Nicaragua es el país de la región más privilegiado, comparativamente, por la cercanía del gran mercado estadounidense, al régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, no parece importarle poner en peligro una relación económica que, sin justificación, da un trato de favor a la pobre nación centroamericana.

Posibles sanciones económicas acaban de ser planteadas en Washington como reacción a la consolidación autoritaria de la familia Ortega-Murillo, que las últimas semanas ha detenido a varios dirigentes de la oposición e incluso a antiguos compañeros de la vieja revolución sandinista contra la previa dictadura de los Somoza.

Una iniciativa bipartidista en la Cámara de Representantes de EE.UU. pide una revisión del acuerdo de libre comercio con Nicaragua, integrado en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA, siglas en inglés a las que suele añadirse las de la República Dominicana, también sumada al pacto). La viabilidad de ese castigo debe acogerse con escepticismo, porque el proceso de revisión de un tratado tarda largo tiempo y en principio debería ser negociado con el resto de los países del acuerdo; no obstante, está claro que Washington puede hacer daño económico a Nicaragua, por más que los empresarios y los ciudadanos en general serían los que sobre todo acabarían siendo afectados.

Temor a que Ortega se acerque a Pekín
Para Estados Unidos, el comercio con Nicaragua es calderilla: está en el puesto 62 entre sus socios comerciales. Y aunque ciertamente para EE.UU. supone una relación deficitaria, única en la región, los 2.300 millones de dólares en favor nicaragüense en bienes y servicios de 2019 (en lo que va de 2021 se está incluso agrandando la diferencia, según las estadísticas estadounidenses) no constituyen un gran desequilibrio para la potencia norteamericana. Al fin y al cabo, EE.UU. lo compensa con creces con el superávit que mantiene con la República Dominicana (más de 3.400 millones) y con Guatemala (por encima de los 2.800). Esas cifras, en cualquier caso, muestran el trato en cierto modo preferencial dado a Nicaragua, en transacciones que tienen su foco en el sector de la confección de ropa, característico de países muy pobres, con mano de obra barata y sin cualificación.

Desde que el CAFTA entró en vigor en 2006 en Nicaragua, las exportaciones nicaragüenses a EE.UU. han crecido un 229% respecto a los niveles previos al tratado, y las importaciones lo han hecho un 164%, según el Departamento de Comercio estadounidenses.

Eso no ha impedido que Ortega se haya convertido en el socio de referencia de Rusia en Centroamérica, pero ha hecho innecesario echarse en los brazos de China: Ortega ha preferido mantener la excepcionalidad del reconocimiento de Taiwán, que probablemente le ha venido ofreciendo más ventajas personales. Aquí radica el principal riesgo geopolítico para EE.UU. si recorta sus compras a Nicaragua: que el pequeño país se gire hacia China, incrementando la presencia de esta en Centroamérica, algo que preocupa a Washington, máxime cuando Bukele parece querer un mayor entente con Pekín.

Nicaragua no ha aprovechado el CAFTA
La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) se queja de que el CAFTA no ha servido para aquello para lo que se creó. «El impacto a nivel de Centroamérica no ha sido el esperado, hay problemas en todos los países, el PIB de los países no ha mejorado», ha afirmado su presidente, Guillermo Jacoby al diario ‘La Prensa’ de Managua.

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En realidad, el problema de la pobreza de Nicaragua no hay que atribuirlo a una ocasión comercial propiamente desaprovechada, sino a la estructura productiva nicaragüense y a las políticas de su Gobierno. Es cierto que los países del llamado Triángulo Norte –Guatemala, El Salvador y Honduras– tampoco logran superar su situación económica desfavorable (un acuerdo comercial con EE.UU. como el NAFTA no basta: es condición indispensable, pero no suficiente, de ahí la necesidad de otro tipo de ayudas e inversiones como las que ahora promete la Administración Biden), pero Costa Rica y la República Dominicana bien que ha sacado partido a ese libre comercio con el gran mercado norteamericano, con su competitiva política de zonas francas, por ejemplo (Panamá no forma parte del CAFTA).

Sanciones a la familia Ortega-Murillo
Los congresistas que promueven la revisión del tratado alegan que este exige a los países firmantes garantizar la seguridad jurídica para los negocios, mantener la libre competencia y promover la transparencia y el Estado de Derecho, entre otros requisitos. Y aseguran que las acciones antidemocráticas de Ortega, quien también está arremetiendo contra la clase empresarial, anteriormente aliada, van contra esos principios.

Pero una revisión del tratado requiere su tiempo (los congresistas plantean un plazo de dos meses y eso para la elaboración de un informe que luego habría que estudiar). Además, Jacoby advierte que Washington no puede modificar unilateralmente lo estipulado en el CAFTA, sino que debe ser algo acordado con los otros seis países que lo forman (al principio EE.UU. firmó el acuerdo con cada uno de los países, pero luego pasó a ser un compromiso multilateral).

El mejor modo de no dañar a la población nicaragüense serían sanciones económicas dirigidas contra personas específicas. Los últimos días, el Tesoro de EE.UU. anunció sanciones económicas contra Camila Ortega Murillo, hija del matrimonio dirigente y coordinadora de la Comisión Económica Creativa, y contra Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central. Teniendo en cuenta que los hijos de la familia presidencial controlan diversas empresas, lo adecuado sería entorpecer su actividad lo máximo posible y atacar su patrimonio, sabiendo, de todos modos, que pueden tener a su disposición muchos subterfugios.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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