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La Eurocámara pide reformar la euroorden para permitir la extradición automática por delitos «contra la integridad constitucional con violencia»

La Eurocámara pide que se modifique la euroorden. La reforma, impulsada por el PP español y Ciudadanos en Bruselas desde el salida de España de Carles Puigdemont y la mitad de su gobierno hace exactamente tres años tras el 1-O, ha dado un nuevo paso con el respaldo en la comisión de Libertades del Parlamento Europeo de una propuesta redactada por el eurodiputado popular Javier Zarzalejos. El documento ha logrado 45 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones. Populares, socialistas y Ciudadanos han respaldado la reforma, mientras UP y ERC han votado en contra y Vox se ha abstenido. El informe podría someterse a la votación del próximo pleno de la Eurocámara, previsto del 14 al 17 de diciembre –en todo caso, está en manos de los Gobiernos de los 27 que se acometa esa reforma y de la Comisión Europea que haga su propuesta–.

«El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión», ha señalado Zarzalejos.

La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, ha afirmado: “En este texto, en el que hemos trabajado desde hace más de un año, proponemos una reforma de forma y fondo del listado de 32 categorías delictivas que incluye incorporar categorías que, por su gravedad o por contener elementos transnacionales, deben estar incluidas como son los delitos que impliquen el uso de la violencia o una amenaza grave contra el orden público de los Estados miembros y delitos contra la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos mediante el uso de la violencia».

En efecto, propuesta incluye la extradición automática para los “delitos contra el orden público y la integridad constitucional cometidos con violencia”. En la redacción inicial de Zarzalejos, que recibió el respaldo de Vox –no así la definitiva, en la que se ha abstenido– se hablaba de «la integridad constitucional de los Estados miembros», sin mencionar la «violencia», con la mirada puesta en Puigdemont.

El comisario europeo de Justicia Reynders, en su intervención en la comisión en septiembre admitió: «No hay que evaluar la situación de casos individuales, pero estamos evaluando el carácter concreto en Bélgica y Alemania, ya que se han mencionado estos casos. Y un último comentario: estamos debatiendo sobre derechos fundamentales, la protección de los ciudadanos, pero como han dicho, también hay que tener presentes a las víctimas. Es importante tener en cuenta su situación. Si consiguen la mayoría para cambios o enmiendas, estudiaremos las propuestas. Pero hay que ver si hay mayoría en su comisión y en el pleno del Parlamento».

Entre las principales medidas incluidas en el informe elaborado por Zarzalejos aprobado este martes en comisión, se encuentra la ampliación de la lista de delitos –actualmente es de 32– en los que la entrega de un acusado por parte de un Estado miembro a otro se produce de manera automática. La Comisión de Libertades Civiles ha establecido que se incluyan delitos como el ataque a la integridad constitucional de los Estados miembros o contra el orden público con violencia; la usurpación de identidad; los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad; los abusos sexuales; y determinados delitos relacionados con el medio ambiente y la evasión fiscal. Actualmente estos delitos están cubiertos por la euroorden, pero la entrega no se realiza automáticamente, sino que se requiere el control de la denominada doble tipificación.

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La propuesta de reforma también establece que, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo, las euroórdenes emitidas por un Estado miembro deben ser reconocidas y ejecutadas directamente por otro estado miembro, salvo en determinados casos muy específicos. Actualmente, el principio de doble tipificación supone que la entrega del acusado puede hacerse depender de que el acto cometido constituya delito en el estado miembro que ejecuta la euroorden.

En este sentido, el informe pide que cuando un estado miembro rechace ejecutar una petición de euroorden basándose en un supuesto riesgo para el respeto a los derechos fundamentales, éste Estado tendrá que justificar con argumentos objetivos ese rechazo, para evitar incertidumbre legal y la potencial impunidad del acusado del delito.

Los eurodiputados también piden reducir para determinados delitos –como el tráfico de seres humanos, la explotación sexual de niños o la pornografía infantil– el umbral de la pena de 3 años a partir de la cual puede aplicarse la euroorden. Además, reclaman que se Incremente la capacidad sancionadora de la Comisión Europea para abrir procedimientos de infracción a los Estados miembros que no cumplan las normas de aplicación de la euroorden».

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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