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La Inspección de Trabajo exige a Mapfre 277.000 euros por contratar durante años a «agentes exclusivos» como falsos autónomos

La lupa de la Inspección de Trabajo sobre el sector asegurador alcanza a Mapfre. Cinco delegados, «agentes exclusivos» de seguros de la multinacional mediante los contratos mercantiles habituales para estos comerciales, han sido declarados falsos autónomos por la Inspección de Trabajo, que ha levantado actas de infracción y liquidación a la aseguradora en las que le exige algo más de 277.000 euros por las cotizaciones sociales impagadas a la Seguridad Social. Los trabajadores, organizados en el colectivo ALMAS, denuncian «represalias» de la compañía. Fuentes de Mapfre, que rechazan pronunciarse sobre «casos particulares» que están judicializados, niegan que su amplia red comercial con «casi 3.000 oficinas de delegados comerciales, con sus correspondientes empleados» esté basada en falsos autónomos.

El colectivo ALMAS, antes denominado Liberados de Mapfre, reúne a agentes de seguros que denuncian su situación de falsos autónomos en algunas de las mayores compañías del país. En este caso se trata de cinco trabajadores de Mapfre, la mayor aseguradora española, pero recientemente se han conocido resoluciones de la autoridad laboral que declaraban la existencia de este fraude en la contratación en otras empresas, como en Centro Técnico de Agentes de Seguros (CTAS, SA), agencia exclusiva de Santalucía, con una deuda de 1,3 millones de euros con la Seguridad Social por las cotizaciones sociales impagadas.

Las actas de la autoridad laboral, tras actuaciones de oficio o por denuncias de los trabajadores, están fechadas entre 2019 y este año. Dos de ellas son del pasado mes de octubre. Alcanzan a cinco trabajadores en cuatro provincias distintas, Zaragoza, Tenerife, Málaga y Huelva, y en todas ellas los inspectores concluyen que los agentes de seguros son falsos autónomos, ya que se insertan dentro de los ámbitos de organización y dirección de la empresa, que controla y les exige llegar a determinados resultados, entre otras cuestiones.

A través de correos electrónicos que recibían los afectados, se puede comprobar cómo tenían que dar cuenta de sus resultados para alcanzar ciertas metas, a veces incluso en varios momentos del día cuando había lo que denominan una «Maratón», por la que había que hacer un esfuerzo específico sobre un producto concreto, por ejemplo, seguros de vida. «Ayer se vendieron 7 hogares. Tenéis que incrementar oferta. VAMOS» y «os recuerdo que el compromiso MÍNIMO fijado era conseguir 2 vencimientos / cuestionario por SEMANA», son algunos de los mensajes que enviaban directores de oficina de Mapfre (asalariados directos de la multinacional) a estos delegados supuestamente independientes. La multinacional era la que en todos los casos asumía los costes de las oficinas y su mobiliario, en las que prestaban sus servicios los delegados.

Con toda la información recabada de los trabajadores y de la empresa, la Inspección de Trabajo concluye en los cinco casos que los trabajadores no son realmente autónomos y les da de alta de oficio a la Seguridad Social. La autoridad laboral exige las cotizaciones sociales impagadas por los cinco empleados de los último cuatro años, el máximo posible, aunque sus actividades se remontan incluso a 1995 en uno de los casos analizados. En total, la Inspección reclama a Mapfre 277.170,93 euros, como ha podido comprobar elDiario.es.

Varios de los trabajadores afectados por las actas, que piden mantener su anonimato, aseguran que están sufriendo «represalias» por parte de Mapfre. Carlos trabajaba en una oficia en Zuera (Zaragoza) junto a su mujer, Virginia, también autónoma. «El 7 de octubre nos comunicaron el alta. El 19 de octubre, fui testigo en el juicio de un compañero en Zaragoza, que se enteró de mi alta de oficio y me citó a declarar. Mi testimonio fue verídico e iba contra los intereses de la empresa. Esa tarde me citaron para acudir al día siguiente al despacho de la directora, también a mi mujer, donde nos informaban del alta como trabajadores por cuenta ajena, aunque nos dijeron que iban a recurrir el acta de la Inspección. Nos daban de alta en la categoría más baja del convenio y esa tarde cerraban la oficina en la que estábamos. Yo me tenía que ir Tudela, a 100 kilómetros de mi casa y mi mujer justo en la otra dirección, a Huesca, a 75 kilómetros», explica Carlos a este medio.

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El agente de seguros explica que la pareja ha denunciado a la empresa por estas medidas. «Con el tema de la movilidad geográfica llegamos a un acuerdo prejudicial y nos han vuelto a destinar a Zaragoza, yo vuelvo este martes y mi mujer en enero. Pero quedan pendientes las denuncias por los salarios», indica Carlos, ya que la pareja ha pasado a ganar «la mitad» de lo que ingresaban antes de la actuación de la Inspección, denuncian. «Todo esto en clara represalia por testificar y colaborar con la Inspección y es ejemplarizante, para que el resto no denuncie, porque mira lo que ocurre», sostiene el trabajador.

Marcel, que trabajaba en la oficina de Tenerife junto a su esposa, también ha sufrido el cierre de la oficina en la que trabajaban. El trabajador explica que en su caso la empresa le rescindió el contrato mercantil, «ignorando que la Inspección ha dicho que el contrato no era válido y que me dio de alta de oficio como laboral», y le exigió que se marcharan de la oficina. Marcel estaba de baja recuperándose en ese momento de una grave enfermedad que lo llevó a cuidados intensivos y a una intervención quirúrgica de urgencia, por lo que su mujer, Claudia, fue la que lidió con la multinacional, negándose a abandonar el espacio de trabajo. «La dejaron sin acceso informático, un día se presentaron tres personas de Mapfre y una notaria para que se fuera de la oficina… Parecía una actuación mafiosa, la presionaron para que entregara las llaves, pero no lo hizo. Al final, cortaron la luz y quitaron el rótulo de Mapfre. Se hizo imposible trabajar, así que se marchó. Nos han denunciado por desahucio precario. Nosotros hemos denunciado porque se vulneraron los derechos fundamentales de mi mujer», critica el trabajador.

Mapfre cerró las oficinas de los dos trabajadores, una en marcha desde «el año 1993» y otra, unos cinco años, en la que estuvo unos 15 años, explican los empleados. Fuentes de la empresa, que insisten en que no se pronuncian sobre casos específicos, sostienen que la multinacional del Ibex 35 dirigida por Antonio Huertas no toma ninguna represalia contra sus empleados y que los cierres de oficinas se deben exclusivamente a cuestiones comerciales y de rentabilidad.

Desde ALMAS insisten en que el fraude de los falsos autónomos está muy extendido en las aseguradoras. Aunque el sector cuenta con una legislación específica que indica que los contratos de los agentes han de ser mercantiles, en la práctica en la asociación sostienen que las empresas no respectan la naturaleza de esta relación y ejercen control y dirección sobre los profesionales, sin que se respete realmente su independencia. Las actas de la Inspección de Trabajo se remiten en estos casos a una sentencia del Tribunal Supremo de 2016, que declaró la laboralidad de un agente de seguros ya que se cumplían las condiciones típicas de una relación laboral.

Desde Mapfre insisten en que su red comercial, compuesta por miles de autónomos, «no está formada por falsos autónomos». Es decir, que el fraude –si prospera en los tribunales y lo ratifica la justicia– no es generalizado.

La asociación de autónomos UATAE, que está colaborando con ALMAS, destaca en cambio que lleva «más de dos años recibiendo denuncias de trabajadores de Mapfre y otras compañías de seguros, y asesorando a los afectados, sobre su condición de falsos autónomos». Diferentes figuras con diversas denominaciones (mediadores, agentes, delegados) «sufren la imposición de formalizarse como autónomos y autónomas a pesar de que las condiciones de trabajo, el horario, la retribución, la dependencia funcional o las herramientas de trabajo dependen en exclusiva del criterio de la empresa».

En palabras de María José Landaburu, secretaria general de UATAE, «cuando los casos aislados son la norma, estamos ante un ‘modus operandi’ por el cual estas empresas, incluso cotizando en el Ibex 35, encuentran un margen de beneficio mayor externalizando sus costes laborales y aprovechándose para ello de la precariedad estructural del trabajo autónomo, y eso debe ser perseguido con todo el peso de la ley».

Carlos y Marcel confían en que la multinacional cambie de proceder y «respete la legislación»: contratando al personal si tiene una relación laboral o respectando la independencia de una relación mercantil. «Llevo la mitad de mi vida con Mapfre, entré a trabajar con ellos en prácticas, cuando salí del instituto. Para mí esto es un desencanto total con la empresa, con gente contratada con la que has trabajado 20 años y que no te hagan ni una llamada… Es duro», lamenta Carlos.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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