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El gatopardo andaluz: qué ha cambiado y qué sigue igual en la Andalucía de PP, Ciudadanos y Vox

En marzo de 2014, Juan Manuel Moreno Bonilla fue elegido presidente del PP de Andalucía. Justo un año después fue candidato a la presidencia de la Junta en unas elecciones en las que los populares se dejaron 14 puntos porcentuales de votos, y pasaron de 50 a 33 diputados. Los dos años siguientes, hizo oposición al Gobierno socialista de Susana Díaz, sin que su liderazgo llegara a cristalizar dentro de su propio partido. Volvió a perder las elecciones el 2 de diciembre de 2018, dejando al PP andaluz con 26 diputados, su mínimo histórico.

Este miércoles se cumplen dos años desde aquel día, y vemos a Moreno cruzar el ecuador de la legislatura con un Gobierno de coalición estable, ligado a los dos partidos que desangraron el suyo -Ciudadanos por el centro y Vox por el extremo derecho. Tienen dos presupuestos aprobados y el tercero pactado para su ratificación a final de mes. Al margen de una pandemia a escala planetaria -ajena al ascenso del PP al poder-, la llegada de la derecha al Gobierno de Andalucía, sustentada en un partido de extrema derecha, no ha supuesto «el fin del mundo ni las siete plagas de Egipto», bromean desde la Junta. Moreno gobierna sin aspavientos ni sobreactuación, camufla su ideología tras el recurso al «pragmatismo» y el «sentido común», y huye como la peste de las guerras culturales que libran a diario sus socios de Vox, consciente de que ese terreno es fértil para que la izquierda renazca y se reunifique para echarle de San Telmo.

Pero la gobernabilidad está en los números, ahí es donde hay que descifrar el cambio de ciclo político andaluz. A juicio de los analistas, la política presupuestaria del Ejecutivo de Moreno Bonilla no difiere mucho del anterior gabinete socialista. Los grandes números y las prioridades de gasto de PP, Cs y Vox no revelan «el gran cambio» de ciclo político del que hablaron las crónicas hace dos años, y que el nuevo Gobierno ha convertido en su lema permanente de campaña. «Se mantiene una notable similitud entre el proyecto de presupuestos ahora bajo análisis [2021] -en estructura, orientación de gasto social e inversión pública- y el de 2018, último del gobierno anterior», concluye el reciente informe del Observatorio Económico de Andalucía sobre el proyecto presupuestario.

Las cuentas de 2021 ascienden a 40.500 millones de euros, contienen un viraje desde las políticas de consolidación fiscal hacia un mayor gasto y endeudamiento público para dar respuesta a los retos de la pandemia. Ese giro copernicano viene de la Comisión Europea, que cambia la austeridad con la que afrontó la crisis financiera de 2008 por un keynesianismo extremo para salvar al Estado del bienestar de la erosión del virus. El Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado ese mayor margen de gasto público a las comunidades, y Andalucía ha asumido ese déficit del 2,2% del PIB con todas las cautelas posibles, pensando ya en cómo volver a la senda de estabilidad cuando la Covid-19 pase de largo. «Esto no será una fiesta», le ha dicho el consejero de Hacienda, Juan Bravo, a sus compañeros de gabinete que vieron en el nuevo déficit la ilusión de invertir más.

El nuevo marco macroeconómico que ha dibujado Bruselas tampoco ha rescatado la gran promesa electoral de Moreno en campaña: el BMI, la bajada masiva de impuestos. El PP describía Andalucía como un «infierno fiscal», pensaba recortar todos los gravámenes autonómicos para equiparar su modelo al de Madrid, aunque ni la renta media ni los ingresos que obtiene la capital por ser la sede fiscal de las grandes empresas que operan en España hacen digerible esta comparativa.

Ciudadanos sostuvo al último Gobierno del PSOE, condicionó su último Presupuesto -que empezó a rebajar el impuesto de sucesiones y donaciones- y puede que ejerciera de puente entre la política fiscal de Susana Díaz y la de Moreno. Aunque el Observatorio Económico Andaluz hace una comparativa extensible a «los presupuestos previos del Gobierno anterior», no sólo del último ejercicio. «Esta comparativa debe aproximarse en términos de la estructura porcentual que cada política de gasto representa sobre el total, y no tanto del gasto en términos absolutos pues obviamente éste ha crecido dada la mayor disponibilidad de recursos», dice el documento.

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Con todo, es cierto que el Ejecutivo andaluz ha planteado un modelo fiscal distinto, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones, recortando el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el tramo autonómico del IRPF. Apenas se ha esbozado la «bajada masiva de impuestos», porque la irrupción del coronavirus ha paralizado la promesa electoral de una bajada masiva de impuestos. Pero la nueva Junta sí ha introducido una filosofía más liberal: «menos tasas, más consumo, mayor reactivación económica», y ahí sí hay un cambio político evidente: un impacto directo sobre los ingresos y el riesgo de un mayor daño colateral para los servicios públicos.

El problema de esta regla de tres que la Junta repite como un mantra -«con menos impuestos, ingresamos más y generamos más riqueza»- es que «no es rigurosa» y «puede confundir a la opinión pública», advierten los autores del Observatorio Económico de Andalucía. El Gobierno de Moreno sostiene que ha dejado de ingresar 125 millones de euros por la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, pero que la supresión de esta tasa y la rebaja parcial en el IRPF se han traducido en 500 millones más de recaudación, porque el consumo ha aumentado un 12,4%.

En realidad la recaudación de los impuestos estatales en Andalucía, como el IVA que grava el consumo, le llega a la Junta con dos años de retraso, a través de las entregas a cuenta del Gobierno central a las comunidades. Esos 500 millones más que la Junta contabiliza ahora es un dinero que Andalucía debió recaudar en 2018 -último año de la etapa socialista-, y que el Estado compensa dos años después, cuando concluye el cierre presupuestario definitivo. Toda esta explicación para los muy iniciados en el complejo sistema de financiación autonómica ha sido ignorada sistemáticamente por el equipo de Moreno, que sigue alardeando de esos 500 millones de recaudación como el resultado de su política fiscal «a la baja». «Los números cantan», insistía ayer mismo el portavoz Elías Bendodo.

«Administración paralela» y auditorías

La Junta tampoco ha desmontado los entes instrumentales de la etapa socialista, aquello que los populares llaman despectivamente «administración paralela» o «chiringuitos», donde este año trabajan 29.270 personas y el año que viene un 0,73% más (29.485), según el borrador de Presupuestos. Hay un incremento notable del gasto de personal -que deriva de las contrataciones por la pandemia-, pero también un importante volumen de gasto en altos cargos nombrados a dedo. De momento las auditorías del sector público se han licitado, pero no se han ejecutado y la promesa de desmantelamiento que pedía Vox se antoja lejana.

Probablemente, el cambio político más significativo en Andalucía pasó desapercibido porque fue aprobado el 9 de marzo, cinco días antes de decretarse el estado de alarma, y bajo la histeria global de la pandemia. Fue el decreto o superdecreto que derogó y modificó 21 leyes y seis decretos de la era socialista, activando 100 medidas en todos los departamentos del Ejecutivo andaluz. El objetivo era redefinir el modelo productivo, liberalizar mercados, desburocratizar las oportunidades de negocio, ganar en competitividad, atraer inversiones…

El decreto venía a aligerar el aparato legal de la Junta, reducir tasas, liberalizar los horarios comerciales, eliminar permisos que hasta entonces eran obligatorios (muchos de ellos en materia de protección ambiental), y que acompañan reformas en el área urbanística para fomentar la construcción de viviendas… Con este decreto, el Gobierno de PP y Ciudadanos rompía la línea de continuidad con el anterior Ejecutivo socialista, que su propio aliado de Vox le reprochaba. «Muchas de las reformas del decreto se han hecho de la mano del sector privado», resumió el consejero de Hacienda, Juan Bravo.

Claro que ha habido cambios significativos y cambios simbólicos en el Gobierno andaluz de los dos últimos años. Moreno ha cambiado el discurso oficial y la imagen corporativa de la Junta de Andalucía, solapado al logotipo del PSOE después de 37 años ininterrumpidos en el poder. Durante el primer año de mandato, Moreno no lograba ajustarse el traje de presidente y en las sesiones de control al Gobierno -a su Gobierno- seguía ejerciendo de líder de la oposición a Susana Díaz.

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La socialista sufrió el jet lag inverso: durante largo tiempo (algunos creen que todavía hoy) siguió ejerciendo de presidenta sin gobierno que presidir. Ahora, el malagueño (nacido en Barcelona) está tan pertrecho de su papel presidencial, que apenas se le conoce un exabrupto, un mal gesto o un encontronazo con la oposición que le arrugue el traje institucional. «Yo lo que tengo que hacer es no molestar. Centrarme en el trabajo y no molestar», se repite Moreno, como quien recita un santoral para ahuyentar fantasmas.

El líder popular es muy consciente de que debe su éxito al desgaste histórico del socialismo andaluz y la depresión latente del electorado de izquierdas, que en 2018 decidió quedarse en casa. Moreno trabaja y mitinea con mucha autocontención para no despertar a las bases progresistas que tradicionalmente han atornillado al PSOE al poder. Durante la campaña electoral de 2015, en una de las entrevistas que le hicieron confesó algo que ningún presidente del PP andaluz se había atrevido a verbalizar antes en público, y menos en plena campaña: «En algunas zonas del interior de Andalucía, en zonas rurales, socialmente no es fácil decir que eres del Partido Popular. Allí tradicionalmente tenemos voto oculto. Digamos que estás en una situación de minoría social muy compleja, o sea que no es fácil decir que eres del PP en comarcas del interior donde el PP no es un partido mayoritario».

En esa frase está la clave del gatopardismo de Moreno Bonilla: cambiar algo para que todo siga igual, una lección del libro homónimo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. El tripartito de derechas no ha dado un vuelco político a Andalucía y en todo análisis comparativo hay que tener muy en cuenta que la pandemia se ha interpuesto entre la teoría (léase programa electoral) y la práctica. El tamiz del coronavirus condiciona de extremo a extremo esta legislatura, incluso para valorar las evidentes fragilidades del sistema andaluz de salud pública -falta de personal y recursos-, que ya venía lastrado de la etapa anterior, y que fue uno de los aspectos decisivos en la derrota del Gobierno socialista.

2018 se cerró con 834.300 parados en Andalucía, un 21,26% de la población activa, en plena tendencia a la baja (126.200 desempleados menos que el año anterior). Este año probablemente culmine superando de nuevo la cifra del millón de parados -955.901 desempleados en el tercer trimestre-, con un 23,8% de desempleo, sin contabilizar los casi 90.000 trabajadores que están sujetos a un ERTE por fuerza mayor de la pandemia, y que afecta a 26.000 empresas. La Consejería de Empleo admite que muchos de esos negocios y puestos de trabajo «no se recuperarán», y advierte de que la tasa de desempleo podría rebasar el 30%, según las previsiones económicas más pesimistas.

Los primeros meses del nuevo ciclo político fueron eléctricos, cargados de hipertensión. Todo era nuevo, incluso lo viejo era nuevo. Por ejemplo, en una de sus primeras comparecencias, una periodista preguntó al portavoz de la Junta, Elías Bendodo, si ahora que el PP estaba en el Gobierno iba a dejar de pagar el alquiler de la vivienda a los altos cargos que tuvieran que desplazarse a Sevilla desde otras provincias andaluzas -«una ayuda que ustedes llevan 40 años pidiendo que se elimine»-. «No. No está previsto», respondió, lacónico, el portavoz. Como este ejemplo hubo muchos. Andalucía fue la primera región que estrenó un gobierno de coalición PP-Ciudadanos y el primer Parlamento autonómico donde irrumpió Vox, con 12 diputados, clave para la investidura de Moreno y para la estabilidad de su Gobierno.

Cada cosa que hacía y decía el partido de Santiago Abascal absorbía el foco mediático de todo el país. Todo era noticia, aunque el tiempo ha descubierto que muchas de las cosas que Vox anuncia -incluido medidas recogidas por escrito en acuerdos firmados con PP y Cs- luego no se materializan, o tienen una repercusión relativa. Por ejemplo, la Junta no ha implantado el veto parental en las escuelas -de hecho, la Consejería de Educación ha sacado una orden que regula las actividades complementarias, descartando la iniciativa de Vox-; la Junta no ha derogado la Ley andaluza de Memoria -de hecho, ha votado en contra del proyecto de ley que registró la ultraderecha en la Cámara-, aunque sí ha logrado crear la figura del Comisionado para la Concordia; tampoco ha retirado las subvenciones a las asociaciones memorialistas que dedicaban «más de un 20%» de esas ayudas a «financiar gastos estructurales», como Vox comprometió por escrito a la Junta, porque la Consejería de Cultura advirtió a posteriori de que «no existe ningún caso de ese tipo».

La Junta no ha suscrito ningún acuerdo con el Ministerio de Interior en materia de inmigración irregular, como pactó con Vox en una iniciativa que vinculaba a los migrantes con delincuencia; no ha publicado los nombres y apellidos de los funcionarios de la Junta que trabajan en las unidades contra la violencia de género, como les reclamó el ex líder de Vox, Francisco Serrano; no ha «eliminado las zonas escolares» para favorecer la matriculación en los colegios concertados -implantando el distrito escolar único de Madrid-; no ha metido en el calendario oficial el Día de la Reconquista, ni ha cerrado Canal Sur (aunque el último acuerdo presupuestario asfixia financieramente a la cadena pública de radio televisión andaluza)…

Da igual que todas esas iniciativas, incluso las que estaban comprometidas por escrito en un acuerdo firmado por los tres partidos, quedasen en papel mojado. Se escribieron ríos de tinta sobre ellas, antes, durante y después, permitiendo a Vox monopolizar el relato político, arrastrar el debate hacia su guerra cultural, transformar el vocabulario del consenso en polarización y obtener logros simbólicos de gran resonancia, aunque tuvieran un impacto relativo en las cuentas públicas. Ese es el gran cambio que se ha producido en Andalucía, un giro de registro que ha sepultado años de consenso en materias donde PSOE y PP habían construido una base común de entendimiento. Quizá el más significativo sea la violencia machista, puesto que apenas unos meses antes de la entrada de la ultraderecha en el Parlamento andaluz se habían aprobado por unanimidad y sin votos en contra la reforma de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres y la Ley de lucha contra la violencia de género.

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En estos dos años ha cambiado el lenguaje político de muchas cosas por exigencia de Vox, que llama violencia intrafamiliar a la violencia de género -se ha creado un teléfono específico para «todas las víctimas»; cuando ya existían tres líneas específicas-; ley de conciliación frente a ley de memoria histórica, delincuentes o ilegales a los inmigrantes sin papeles, y «manadas» a los menores extranjeros no acompañados. Aunque los datos oficiales negasen el aumento de la delincuencia en los centros de menores migrantes, la Junta ha transigido con la exigencia de Vox de aumentar el presupuesto de seguridad (una partida que se ha retirado de cooperación internacional y ayuda a la integración de migrantes).

Aunque Cultura negó que sus subvenciones pagaran la estructura de las asociaciones memorialistas, se ha transigido limitando estas ayudas. Aunque la dirección de la RTVA ha alertado de la asfixia financiera que sufre el ente público, se ha recortado su presupuesto en 14 millones de euros -apenas dos meses después de inyectarle 11 millones del fondo Covid-19- y se ha pactado no sustituir ninguna jubilación (en una plantilla con una edad media de 56 años). Por contra, se ha pactado introducir la caza y la tauromaquia en el currículum de las escuelas y se ha destinado una partida de ayudas a la inmersión lingüística para andaluces que viven en otras comunidades, principalmente en Cataluña.

La Junta se ha cambiado el logo oficial, asociado a los 37 años de gobiernos socialistas, ha creado un escudo para el presidente andaluz, ha creado una medalla de la comunidad con el nombre de Manuel Clavero Arévalo -entregada el 28 de febrero, día de Andalucía-, y recientemente ha presentado una medalla de honor ad hoc para el rey Felipe VI, que en el momento del anuncio ni siquiera estaba recogida en una norma específica.

La alianza de las tres derechas existe en Madrid y en Murcia -con otra variante en Castilla y León-, pero Andalucía fue la primera y en ninguna otra región se percibe la cohabitación entre socios que se da aquí, con una estabilidad política despejada hasta que finalice el mandato, en 2022. Sólo han pasado seis años desde que Moreno se aventuró a liderar el PP andaluz con todo en contra. Nadie le conocía, porque los últimos 15 años había desempeñado su carrera política fuera de esta comunidad (diputado en el Congreso -por Cantabria y luego por Málaga-; senador, secretario de Estado de Servicios Sociales).

En sus primeras elecciones, en marzo de 2015, seguían sin conocerle. Era un candidato extraparlamentario, tenía el partido desunido, los presidentes provinciales no le prestaban mayor atención, y su liderazgo era discutido a diario por el PP de Sevilla y los afines de su antecesor, Juan Ignacio Zoido. Además tenía enfrente a una política en estado de gracia, una Susana Díaz que acababa de heredar la presidencia de la Junta, que tenía prisa por legitimarse en las urnas -adelantó los comicios un año- y más prisas por dar el salto a la política nacional y tomar las riendas del PSOE. «Nadie daba un duro por mí», recordaría más tarde.

Los populares tenían 50 diputados entonces -una mayoría histórica acuñada por Javier Arenas tres años antes (las únicas elecciones que ha ganado el PP hasta la fecha)- y se desplomaron hasta los 33. Fue el descenso más abrupto vivido en la historia autonómica: perdieron 17 diputados y 14 puntos porcentuales, bajaron del 40,67% de votos al 26,76%. La derrota agitó el debate interno de su relevo, pero Moreno acababa de conseguir un escaño en el Parlamento andaluz.

Moreno fue elegido presidente del PP andaluz tras una cruenta y soterrada disputa entre arenistas y cospedales. Los populares son tradicionalmente más cautos que los socialistas a la hora de librar sus luchas intestinas de poder, no se exponen tanto, porque a la postre se reconocen como parte de una estructura piramidal bien adiestrada donde la última palabra es del líder. Hasta el cierre del XIV Congreso del PP andaluz, que eligió a Moreno por un 98,95% de votos de los afiliados (por primera vez por elección directa en un sistema de doble vuelta), no se supo con claridad cuántas ganas tenía «Juanma» de ser presidente, y el esfuerzo que había hecho para que no se le notase tanto como a su adversario, el sevillano José Luis Sanz. «Juanma, tú lo has querido», le señaló el presidente Mariano Rajoy.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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