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Una red europea de ONG denuncia «detenciones informales e ilegales» de migrantes en España, Italia, Grecia y Alemania

El colectivo de Migreurop considera que el «régimen de fronteras se basa en un reparto desigual de las prácticas y deberes de control dentro y fuera del territorio de la UE». En este sentido, a los Estados miembros más próximos a las fronteras exteriores de la UE «se les ha conferido el papel de zonas de contención de las personas migrantes en nombre de los estados miembros centrales del oeste y norte de la UE. Y fuera de la frontera comunitaria, la UE ha alentado a los terceros países a controlar sus fronteras con el fin de evitar la salida de personas migrantes (un proceso denominado externalización del control migratorio)».

«Las prácticas concomitantes de deportación y detención desempeñan un papel clave en la creación y promulgación de este régimen», afirma la investigación de Migreurop: «La estrechez de los canales legales para poder acceder a los sistemas de asilo de la UE y su diseño excluyente, que redundan en respuestas negativas para la mayoría de las personas solicitantes, han multiplicado el número de detenciones. En los últimos 30 años ha aumentado el número de personas privadas de libertad a su llegada, en algún momento de su estancia en la UE o tras el rechazo de sus solicitudes de asilo. Tantas prácticas diferentes en materia de de detenciones han llevado a su trivialización y sistematización como eje central de la regulación migratoria y como medio para seleccionar, disciplinar y excluir a las personas migrantes».

El eurodiputado Miguel Urbán (Anticapitalistas/GUE), quien firma el prólogo del estudio, declara a elDiario.es que «lo que pone de relieve este informe no es, ni más ni menos, que la consecuencia natural de orientar la política migratoria europea hacia un único objetivo: impedir las llegadas por todos los medios posibles. Cuando el objetivo último es detener, cuando la detención se convierte en la máxima que estructura todo lo demás, esto es lo que obtenemos: prácticas cada vez más irregulares, alejadas incluso de la propia norma comunitaria, para impedir las llegadas».

En Alemania, explica el informe, «una de las principales causas de detención está relacionada con los procedimientos de la Convención de Dublín, que establece que el país responsable para evaluar una solicitud de asilo en la UE es el primer país de entrada: se envía a las personas a centros de detención de personas extranjeras u otras instalaciones con el fin de ser retornadas a otro país de la UE que se considere que hayan cruzado antes de entrar en Alemania. En otros países que constituyen frontera exterior del espacio Schengen, como Italia, España y Grecia, cada vez se utilizan más las detenciones para filtrar a las personas a su llegada. Esta lógica se ha traducido en un aumento del uso de los centros de detención enfocados a la identificación rápida con vistas a la deportación, como los puntos críticos en Italia y Grecia o los CATE [Centros de Atención Temporal de Extranjeros] en España». 

La investigación del informe se centra en las detenciones en 2019, en las que se «ha identificado un proceso de mayor informalización y precarización de las detenciones administrativas. De hecho, y aunque esto no ocurre solo en los países de llegada, somos testigos del aumento del uso de las detenciones informales o aquellas mediante las cuales las personas son detenidas ya sea fuera de los marcos legales o mediante el retorcimiento de las disposiciones legales existentes, por períodos cortos de tiempo y con el objetivo de deportar a estas personas lo más rápido posible a otro país o más allá de la frontera».

El informe, que se basa en los datos de 2019, se centra en el «análisis en la forma en que las prácticas de detención al margen de la legalidad y en ilegalidad se han desarrollado en Italia, España, Grecia y Alemania».

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«Las detenciones en instalaciones oficiales en España han ido disminuyendo lentamente durante las últimas décadas», afirma el informe: «Sin embargo, siguen aumentando nuevas formas de internamiento y las retenciones de facto en las fronteras del país, donde se están batiendo cifras récord de devoluciones y denegaciones de entrada. Parece que la estrategia consiste en deportar a las personas lo antes posible y, en muchos casos, sin trasladarlas a los centros de detención».

Esta forma de internamiento, «destinada a la deportación rápida», prosigue el informe, «ha sido confirmada tras la apertura de cuatro Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), que funcionan como extensiones de las comisarías y donde se encuentran recluidas aproximadamente la mitad de las personas que llegan por mar. Esta forma de expulsión acelerada (expulsiones exprés) pasa por alto la intervención del poder judicial, lo que genera preocupaciones sobre todo en cuanto a las necesidades de protección de las personas deportadas. Además, solo España suma el 67% de todas las denegaciones de entrada en frontera de la UE a ciudadanas y ciudadanos extracomunitarios: 493.455 personas recibieron una denegación de entrada en el país en 2019».

«España, por tanto», afirma Migreurop, «parece haber adoptado una estrategia general de prohibición de acceso al territorio, lo que significa que las deportaciones y denegaciones de entrada se llevan a cabo sin ubicar a las personas en los centros oficiales de detención (muy probablemente tras breves períodos de detención que no están documentados o no se consideran una detención por ley). Esta estrategia ya era visible en Ceuta y Melilla donde los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) son utilizados desde principios de la década de 2000 para filtrar a las personas que llegan a los enclaves españoles e impedir su acceso a la Península. La situación sigue lejos de ser aceptable y la mayoría de centros de detención no presentan condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas. Ha habido múltiples denuncias de brutalidad en los centros, y con frecuencia se convierten en escenario de protestas por parte de las personas detenidas. En las instalaciones de facto, las circunstancias son deplorables».

Según el eurodiputado Urbán, hay «una actitud profundamente hipócrita por parte de los Estados fronterizos como España, que se llenan la boca exigiendo a la UE más ‘integralidad’ y ‘coherencia’ hacia ellos en la política comunitaria, mientras que por otro lado permiten que se detenga a personas fuera de lo que establecen los limites normativos». 

El informe constata que «hacia finales de 2019, las llegadas a Canarias aumentaron significativamente, una tendencia que se ha mantenido en 2020, después de que la UE asignara 140 millones de euros para ayudar a Marruecos a evitar que las personas migrantes lleguen a España a través de Ceuta y Melilla. Esto produjo un cambio en las rutas habituales hacia las Islas Canarias, llegando a menudo a través de Mauritania pero también desde lugares tan lejanos como Gambia. Durante 2019, un total de 2.698 personas llegaron por vía marítima a Canarias, más del doble que en 2018».

Las ONG recuerdan que «el internamiento en los CIE españoles ha ido disminuyendo de manera más o menos paulatina durante los últimos diez años: ahora se recluye a menos migrantes en los CIE, pero el número de los/las que reciben una orden de deportación a su llegada por mar y que son directamente deportadas desde las comisarías dentro de las 72 horas, sin ingresar en un CIE, ha aumentado considerablemente».

«La apertura de las CATE», dice el informe, «da testimonio de esta realidad y de la visión estratégica y la voluntad política que hay detrás de estas disposiciones. Esto también está relacionado con la evolución de la cooperación de España con terceros países (en particular Marruecos) que ha permitido retornos inmediatos». 

En 2019 se detuvo a 6.473 personas en los CIE, según el Servicio Jesuita a Migrantes citado en el informe: «Un retroceso de 1.382 con respecto a 2018; 2.164 personas solicitaron asilo mientras estaban en detención migratoria; solo el 10% de las personas solicitantes obtuvo la admisión al proceso de asilo. El número disponible de personas detenidas en los CATE para el período comprendido entre enero y mediados de diciembre de 2019 fue de 15.288. Esto representa más de la mitad de las personas que llegan por mar, lo que también demuestra la aplicación de un nuevo modo de regulación mediante las detenciones a la llegada».

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Según los datos del informe, los CETI de Ceuta y Melilla «recibieron respectivamente 1.856 y 6.855 personas a lo largo de 2019 (un total de 8.721). El CETI de Ceuta estuvo a plena capacidad durante todo el año (alrededor de 510), y el CETI de Melilla funcionaba muy por encima de su capacidad (con una tasa de ocupación generalmente de entre el 170% y el 205%). La duración media de las detenciones en el CETI de Ceuta en 2019 fue de 129 días. Sin embargo, algunas personas migrantes tuvieron que esperar mucho más, y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) informó sobre personas solicitantes de asilo que esperaban hasta 420 días antes de ser trasladadas al continente. Las cifras del Ministerio de Interior declararon un total de 7.020 personas detenidas en las zonas de tránsito en 2019. Los datos sobre el período medio de detención efectiva en 2019 no están disponibles para los CIE y CATE».

Este martes en la comisión de Libertades (LIBE) del Parlamento Europeo ha comparecido el director de Frontex (la guardia de fronteras de la UE), Fabrice Leggeri, después de que el semanario alemán Der Spiegel publicara una serie de emails internos de Frontex que prueban cómo la agencia comunitaria hizo la vista gorda en un claro caso de devolución en caliente de los guardacostas griegos, ocultándolo en un informe enviado a las oficinas centrales en Varsovia.

En su intervención, el director de la agencia ha asegurado que no se ha vulnerado el mandato de Frontex ni los derechos fundamentales. «Frontex está comprometida para reforzar el respeto de los derechos fundamentales, pero nuestro organigrama ha sido recortado”, ha alegado. Pero ni el grupo socialista (S&D) ni La Izquierda (GUE/NGL) han quedado satisfechos, y han pedido su dimisión.

La portavoz de IU en la Eurocámara, Sira Rego (GUE/NGL), ha pedido a Leggeri que dimita y le ha acusado de querer ocultar la violación de los derechos humanos. “Cualquier ser humano sensato ve que su interpretación del respeto a los derechos humanos no pasa los filtros más básicos de la democracia y el Estado de derecho. Y esto se agrava cuando se permite venir a sede parlamentaria, le recuerdo, la casa de la soberanía de los pueblos de Europa y nos miente”, le ha recriminado, al tiempo que le ha preguntado: “¿En qué parte del reglamento dice que Frontex puede hacer devoluciones en caliente? ¿Nos dejará acceder a los expedientes para poder corroborar si en estos otros casos también han vulnerado los derechos humanos y el derecho internacional? Me consta que hay varias peticiones [entre ellas una de la propia Rego] para que se investigue y que usted no responde».

Kati Piri, vicepresidenta de migración del S&D y miembro de la comisión LIBE, ha afirmado: «Leggeri ha perdido completamente nuestra confianza y es hora de que renuncie. Después de meses en los que el S&D ha pedido explicaciones, Leggeri ha tenido la oportunidad de dejar las cosas claras. Pero quedan demasiadas preguntas sin respuesta sobre la participación de Frontex en prácticas ilegales. Las devoluciones son una violación del derecho internacional y cada incidente debe ser investigado a fondo. ¿Tenemos la confianza en Frontex para garantizar que los supuestos incidentes aguas de Grecia se investiguen adecuadamente? Después de hoy, la respuesta es no».

El eurodiputado de los Verdes Damien Carême, miembro de la comisión de Libertades Civiles, ha dicho tras la sesión: «Las respuestas de Leggeri no me satisfacen. Las devoluciones privan a los refugiados de su derecho al asilo, ponen en peligro sus vidas y son ilegales según el derecho internacional. A pesar de esto, tengo la sensación de que Frontex no se toma en serio estas acusaciones y que no tiene la intención de hacer nada para evitar las devoluciones. Lejos de condenar estas violaciones de nuestros valores comunes y del derecho internacional, Frontex incluso parece facilitarlas. El Parlamento Europeo debe crear ahora una comisión de investigación para investigar de forma independiente lo que está sucediendo en nuestras fronteras, como he estado pidiendo durante meses».

Por su parte, la investigación de la red de ONG de Migreurop muestra que «las detenciones administrativas en Grecia han ido en aumento durante los últimos años, multiplicándose los lugares y motivos de detención, pero también las formas extremas de informalidad y precariedad».

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«Si bien la situación en los centros oficiales de detención es absolutamente deplorable y es considerada inhumana por las organizaciones de la sociedad civil griega, esta forma más tradicional de detención se ha complementado en los últimos años con la práctica de las detenciones a la llegada en los cinco puntos críticos [los hotspots] del país [como Lesbos]», explica el informe: «Esta forma de detención se ha establecido con el objetivo de acelerar la identificación, el registro y la toma de huellas dactilares de las personas migrantes, lo que en teoría permite gestionar su caso de manera rápida, ya sea devolviéndolas a Turquía o permitiéndoles el acceso a la Grecia continental. Al igual que en Italia (aunque por razones diferentes), el enfoque de los puntos críticos ha demostrado ser absolutamente impracticable. En el caso de Grecia, las personas se han encontrado en circunstancias similares a las de las detenciones durante períodos prolongados en los puntos críticos porque se supera su capacidad y se convierten en lugares infernales, donde la salud física y mental de las personas se ve seriamente afectada».

El informe recoge «que se ha informado en numerosas ocasiones del problema de las personas que son devueltas al mar, incluso por parte de agencias de la ONU como ACNUR. En general, se ha dado por un lado un aumento de los motivos para las detenciones de migrantes en condiciones extremadamente precarias como la multiplicación de las prácticas de detención, y por otro lado, un aumento de las deportaciones informales, aspectos ambos que convergen para hacer invivible la vida de las personas migrantes en el país». 

En total, 30.007 personas fueron detenidas en centros de personas extranjeras durante 2019, incluidas 23.348 solicitantes de asilo, contabiliza el informe: «En el momento de redactar este informe, no se había obtenido el número total de personas detenidas en los puntos críticos durante 2019: no han sido publicados los datos anuales oficiales y una solicitud para obtener información pública quedó sin respuesta. Sin embargo, la tasa de ocupación a finales de 2019 era de 38.423 para una capacidad oficial de 6.178».

«Tampoco fue posible obtener las cifras del número de personas detenidas en las comisarías y en la zona de tránsito del Aeropuerto Internacional de Atenas», dice el documento: «Sin embargo, sabemos que a finales de 2019 había 1.021 personas detenidas en comisarías y zonas fronterizas. También se sospecha que se está haciendo un uso muy laxo de las detenciones desde las comisarías, sin respetar la normativa legal vigente, para reemplazar de manera informal las detenciones formales».

En el caso de Italia, «la detención de personas inmigrantes ha sido tachada desde hace tiempo de inhumana, ineficaz y costosa: los centros de detención se han descrito como entornos carcelarios y punitivos que ni siquiera ofrecen el mismo grado de protección que las prisiones a las personas detenidas. Las condiciones de vida son deplorables y los centros han sido escenario de frecuentes protestas por parte de las personas retenidas. Mientras tanto, la apertura de puntos críticos [hotspots] en el país en 2015 llevó a una mayor sistematización de las detenciones de facto. El objetivo principal de estas detenciones informales es realizar un filtrado rápido y una posible devolución de las personas migrantes que llegan al país, además de disuadir a otras personas que puedan migrar. Esta nueva lógica de las detenciones se traduce en unos nuevos fundamentos legales con la noción de detención introducida en 2018 ‘con el propósito de establecer o identificar la identidad».

«En este contexto», dice el eurodiputado Urbán, «es imprescindible poner en relación las practicas informales de detención, con el proyecto europeo de blindaje, y con la imposición de una cosmovisión basada en la explotación y la exclusión de un número cada vez mayor de personas. No son los derechos de las personas migrantes, sino LOS derechos, con lo que estamos jugando».  

Según datos oficiales recopilados por Migreurop, en 2019 hubo 6.172 personas detenidas en los Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), «un aumento del 50% en comparación con 2018 (4.092)». La mayoría de las personas detenidas eran ciudadanas de Túnez (2.117), Marruecos (788) y Nigeria (734), enumera el informe: «Cabe señalar que solo el CPR de Roma acogió a mujeres, y que hubo casos de personas que se declararon menores de edad detenidas en los CPR, lo que incumple la ley. En general, los procedimientos para identificar a las personas menores en los CPR fueron insuficientes. La duración media de las detenciones fue de 39 días».

El número de personas recluidas en puntos críticos en 2019 fue de 7.757, explica Migreurop, una disminución con respecto a 2018 (13.777). «Quizá tenga que ver con una mayor criminalización y militarización de la migración en el Mediterráneo central durante ese período, lo que dificultó el desembarco de personas en las costas italianas. La duración media de las detenciones fue de 1 a 5 días, con la excepción del punto crítico de Messina, donde las detenciones medias duraron 42 días, infringiendo así la duración máxima oficial (30 días). Otras 9.943 personas fueron detenidas en las oficinas fronterizas».  

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Según organizaciones de la sociedad civil italianas, las detenciones en instalaciones distintas de las CPR y las prisiones violan la directiva europea sobre las condiciones de acogida, que no permite ninguna detención en otros lugares. También se considera que viola la Constitución italiana, que prevé que la limitación de la libertad personal debe ser una excepción y sus modalidades deben estar reguladas por la ley (por ejemplo, los lugares de detención deben ser conocidos con anticipación)».

Durante los últimos cinco años ha habido un aumento en el número de órdenes de deportación y detenciones en Alemania, según explica la investigación de Migreurop: «El número de deportaciones realizadas anualmente desde Alemania es significativo (22.097 deportaciones en 2019). Muchas tuvieron lugar sin una detención oficial previa a la deportación (especialmente en el caso de las deportaciones basadas en los procedimientos de Dublín)».

La aprobación en 2019 de la Ley de retorno ordenado «otorgó nuevos fundamentos y poderes a las autoridades para arrestar y detener a personas que van a ser deportadas; e introdujo una serie de medidas para responder a ‘un número excepcionalmente elevado de nacionales de terceros países cuyo retorno debe garantizarse. Estas medidas permiten a las autoridades federales detener a personas en las cárceles (una práctica que se había suspendido en 2014 tras una Sentencia del TJUE)».

«Así», concluye el informe, «en 2019 la tendencia en Alemania fue hacia un mayor uso de las detenciones y una multiplicación de sus fundamentos y modalidades legales. Esta tendencia continúa: a principios de febrero de 2020 el gobierno publicó un documento en el que no descartaba más ‘medidas restrictivas de la libertad’ en el curso del proceso de asilo, que, de aplicarse, conducirían a un aumento de las detenciones».

La información sobre personas detenidas no está disponible. «Se ha presentado una solicitud de información pública ante las autoridades pertinentes, pero no se ha recibido respuesta. No obstante, la duración media de las detenciones está por debajo de las seis semanas y rara vez supera los seis meses», dice el informe.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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