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El Gobierno de Murcia emplea agua de un pozo ilegal para refrigerar su sede desde hace 35 años

El Gobierno de la Región de Murcia lleva desde 1984 refrigerando su sede con agua de un pozo ilegal. El hecho sale a la luz después de que, en abril de 2019, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad pidiera a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) una concesión para usar aguas subterráneas y continuar enfriando el Palacio de San Esteban, edificio principal del Ejecutivo autonómico, a través del mismo punto.

En la petición, recogida por Onda Cero, el Gobierno regional reconoce que la extracción se lleva aplicando desde hace 35 años pese a que “no se encuentra inscrito ni en el Registro de Aguas ni en el Catálogo de Aguas Privadas”. El pozo, situado en un yacimiento arqueológico colindante a San Esteban, tiene una profundidad de 13,70 metros, un diámetro de 40 centímetros y un caudal de 6,33 litros por segundo.

En el escrito de la Dirección General de Patrimonio al que tuvo acceso Onda Cero, la Comunidad Autónoma pide a la CHS una concesión de agua subterránea con un volumen máximo anual de 35.194 metros cúbicos que es lo que la propia Comunidad Autónoma estima que es el volumen máximo de agua que extraen al año. La concesión de agua subterráneo se plantea hasta el 31 de diciembre de 2026. Según los cálculos del propio Gobierno, se habrían extraído más de un millón de metros cúbicos de agua del pozo ilegal en los últimos 35 años.

El motivo de la solicitud es que la instalación de climatización del palacio está teniendo problemas en la red de distribución y en las bombas de la unidad enfriadora, según el escrito remitido. Los técnicos responsables resolvieron que es imposible situar unidades exteriores en las cubiertas ni en las plantas del edificio debido a que el Palacio fue declarado Monumento en 1931. Su intención es  mantener la refrigeración teniendo en cuenta sus valores históricos y artísticos.

Mientras tanto, la Fiscalía murciana continúa investigando en el ‘caso Topillo’ la instalación de pozos y desalobradoras ilegales en el campo de Cartagena. Las pesquisas apuntan a 49 empresas agrícolas, también acusadas de arrojar presuntamente vertidos contaminantes al Mar Menor. En enero, la Guardia Civil detuvo a 107 personas por la extracción de agua de más de 1.400 pozos ilegales en una macrooperación en la que destacaron las acciones llevadas a cabo tanto en Andalucía como en la Región de Murcia.

Este medio ha intentado recoger la versión del Gobierno regional sobre el uso de este pozo ilegal, sin éxito.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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