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Arena, pescado, energía y armamento: los intereses de las grandes empresas españolas en el Sáhara Occidental

Un comensal que pide pulpo en un restaurante seguramente desconoce que lo que tiene en el plato viene de un territorio donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Los bañistas que caminan por encima de la dorada arena de la playa de Mogán, en Gran Canaria, tampoco sabrán que la tierra por la que pasean ha llegado de otro lugar vulnerando la legislación internacional. La lista de casos es larga y diversa pero el perjudicado siempre es el mismo: el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos desde 1975 y actualmente inmerso en un conato de guerra civil.

La situación en este territorio, donde Marruecos controla con mano de hierro los abundantes recursos naturales de la población saharaui, resulta altamente rentable para numerosas empresas españolas con intereses en la zona. El documental Ocupación S.A –se puede ver completo al final de este artículo– analiza cómo se benefician muchas compañías españolas, algunas incluso con participación pública– de una situación de excepcionalidad que ha generado más de 170.000 refugiados durante las últimas décadas.

«Es muy cómodo mostrar imágenes de los campamentos saharauis en Argelia y de la solidaridad española con los refugiados», explica por teléfono Sebastián Ruiz, codirector del documental junto a Laura Dauden. «Pero lo que queríamos era mostrar lo que hay detrás de esos campamentos y las empresas que se benefician de esta situación a día de hoy».

Los intereses españoles en la zona son de todo tipo. Van desde parques eólicos hasta la venta de petróleo, pasando por grandes transacciones de armamento para ser utilizado en el Sáhara Occidental o la extracción de arena y abundantes cantidades de pescado. Alrededor de la mitad de las empresas del Ibex 35 tienen negocios en Marruecos, que considera el Sáhara Occidental una parte de su territorio aunque Naciones Unidas opine lo contrario. Algunas de estas empresas forman parte de conglomerados tan grandes, que cuando los autores del documental llamaban para preguntar por su presencia en territorio ocupado les aseguraban desconocerlo por completo. 

Marruecos es el primer exportador de pescado a España, con más de 100.000 toneladas anuales. La mitad de este material es pulpo que se vende en mercados, pescaderías, grandes superficies y restaurantes repartidos por el país. Según el documental, el 95% del pulpo marroquí proviene de Dajla, en el sur del Sáhara Occidental. También el 75% de las sardinas que llegan de Marruecos se pescan en El Aaiún, en territorio ocupado. Estas exportaciones tienen un valor de más de 1.600 millones de euros anuales. 

Para que no resulte tan evidente que el pescado que comemos proviene directamente de territorio ocupado, la mayoría de empresas españolas de la zona están radicadas en Agadir, justo en el norte del Sáhara Occidental pero en territorio marroquí. Desde ahí salen algunos pesqueros o se compra el pescado que llega del Sáhara en camiones refrigerados. Es lo que el investigador del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo, Felipe Daza, define como «Marruecanización del pescado» y en él participan numerosas empresas españolas.  

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El documental también recoge cómo el Parlamento europeo aprobó en febrero de 2019 un nuevo acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos en el que se incluía explícitamente el Sáhara Occidental como una de las regiones donde se podía operar. A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en 2018 que el Sáhara Occidental no está bajo la soberanía de Marruecos y que los acuerdos de la UE no pueden incluir esta región, tanto PP como PSOE votaron a favor del mencionado acuerdo pesquero. Cuando algunos eurodiputados propusieron pedir un dictamen al Tribunal sobre la legalidad de dicho pacto, ambos partidos votaron en contra.

La ocupación militar marroquí también resulta harto rentable para las compañías de armamento. Marruecos es uno de los grandes clientes de la industria armamentística española y durante los últimos 7 años se ha exportado material por más de 500 millones de euros. Buena parte de estos productos acaban utilizándose en la zona ocupada, como por ejemplo buques militares, vehículos blindados o sistemas de vigilancia.

El documental recoge las revelaciones de una investigación de elDiario.es, en la que se demostró que la naviera gallega Rodman había exportado ilegalmente buques militares haciéndolos pasar por embarcaciones civiles así como el uso de vehículos blindados de otra empresa nacional, llamada Urovesa, para reprimir las protestas del pueblo saharaui. Ambas exportaciones contravenían la legislación internacional y nacional de venta de armamento. 

No solo las empresas privadas se benefician del conflicto en la zona. La multinacional Indra, que tiene un 18% de participación pública a través del SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) cerró en 2019 un contrato de 6,3 millones de euros con el Gobierno marroquí para ampliar su red de vigilancia por satélite, que abarca las ciudades ocupadas de El Aaiún, Smara y Dajla. 

Uno de los principales expolios españoles en zona saharaui es el de la arena de su playa. Desde los años 50, a las Islas Canarias llegan continuamente barcos cargados de tierra que después se utiliza tanto en la construcción como para rellenar las playas del litoral canario. A pesar de que la legalidad internacional lo impide, los radares que monitorean los trayectos de los buques muestran cómo algunos realizan decenas de viajes al año entre el Aaiún y puertos canarios con miles de toneladas de tierra. «La economía de Canarias se basa en la construcción y el turismo, y ambas se nutren de la arena saharaui», afirma en el documental la periodista Natalia Vargas. 

La energía también es otro de los sectores de peso en las relaciones entre las compañías españolas y la ocupación en el Sáhara. El filme explica que la compañía vasca Siemens Gamesa forma parte de un proyecto de 2.800 millones de euros para la construcción de cinco grandes parques eólicos en Marruecos. Dos de ellos están en territorio ocupado.

Según los autores y expertos citados en la película, la participación de empresas españolas en la región ayuda a refrendar la ocupación y contribuye a una aceptación de facto de la presencia marroquí en la zona. «Es una forma de que España simule que esa parte ocupada forma parte de Marruecos, en contra de la legalidad internacional», afirma Ana Camacho, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. 

En ocasiones estas empresas no extraen recursos del Sáhara sino que se benefician de enviar productos que «viabilizan la explotación». Las petroleras Cepsa y Repsol, por ejemplo, son las responsables de la práctica totalidad del combustible que llega a la zona, que se traslada en buques que salen de los puertos de Tarragona, Algeciras, Cartagena y Huelva. A finales de 2019, Cepsa abrió docenas de estaciones de servicio en la zona gracias a una alianza con una empresa saharaui partidaria de la ocupación.

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«Las empresas están violando el derecho internacional exactamente igual que los Estados», concluye Juan Soroeta, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco. «Ya puede ser arena, energía eólica o tomates: todos los que participan en ello deben saber que incurren en una ilegalidad».

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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