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La responsable de la 'operación bicho' a la que el Gobierno de Ayuso encargó la gestión de las residencias: “Es verdad que fue caótico”

El 26 de marzo de 2020, la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso decidió dos cosas en relación al drama que vivían las residencias en las que –a esa fecha– habían muerto 1.065 ancianos en tan solo dos semanas: retirarle las competencias al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, y contratar a Encarnación Burgueño –hija de un asesor de Ayuso– para que se hiciera cargo de la gestión de estos centros. Así surgió la conocida como ‘Operación Bicho’, según ha relatado la propia Burgueño este viernes en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre la situación de las residencias en la primera ola de la pandemia en las que fallecieron más de 8.000 ancianos en solo dos meses. Un relato que ha generado gran estupor en la oposición que ya pide responsabilidades al Ejecutivo de PP y Ciudadanos.

Burgueño, una autónoma sin empleados a su cargo y sin experiencia en la materia, fue contratada a dedo de un día para otro por la Consejería de Sanidad para hacerse cargo de la gestión de casi 500 centros con los que cuenta la Comunidad de Madrid. Algo que la Comunidad de Madrid presentó como «un plan de choque» para frenar las muertes en los geriátricos.

«La verdad que fue caótico», ha reconocido Burgueño durante su comparecencia después de explicar que el entonces responsable sociosanitario de la Consejería, Carlos Muy De Viu, firmó un papel que sirvió de contrato para que ella empezase a operar. De esta forma, Mur la autorizó a clasificar y ayudar a los geriátricos. Burgueño recibía órdenes de Mur de Víu y de José Luis Morillo, un doctor adscrito a los servicios del Sermas, la sanidad pública madrileña dependiente de la Consejería, ha relatado. La conocida como ‘operación bicho’ –así la bautizó Burgueño– se abortó 12 días después cuando El País desvelara esta contratación: «Por culpa del amarillismo periodístico y político», ha considerado la compareciente. Fue Morillo quien la llamó para informarle que dejaban de ser necesarios sus servicios.

Burgueño no ha cobrado, según ha asegurado. Tampoco los sanitarios de Transamed, la empresa a la que Burgueño llevó consigo para hacer estos trabajos y que tenían en negro a sus empleados, como publicó en exclusiva elDiario.es. Burgueño ha relatado como fue la contratación y defiende que su apellido y el hecho de que su padre, Antonio Burgueño, estuviera trabajando en esos momentos asesorando a Ayuso nada tuvo que ver. Ha defendido en todo momento sus capacidades pese a que no tenía experiencia ninguna en gestión.

«En ningún momento la intención era medicalizar –en contra de lo que manifestó Ayuso–, sino que fuera una herramienta y estudio de campo, y una primera ayuda a la residencia. Teníamos que conocer cómo estaban las residencias ‘in situ’; y ya que estábamos ahí, pues les ayudábamos. Por el caos que había, tuvimos que poner oxigeno, suero o dar medicalización», ha relatado Burgueño. La compareciente ha asegurado que contaba con un listado Excel de la Consejería de Políticas Sociales con el estado de los centros clasificados en colores (rojo, verde y amarillo) dependiendo de la situación en ese momento y que así tomaba la decisión de ir a qué residencia se trasladaba. 

La directora de Cardio Líder ha asegurado que no presionará a la Comunidad «ni va a hacer nada» para que le paguen; aunque si quiere que cobren los trabajadores actuantes en la ‘operación Bicho’, que la han demandado. Buegueño ha reconocido que intentó que los pagos se efectuaran llamando a su padre. «Mi padre me llamó y me dijo que no dejáramos, pero ellos me dijeron que siguiéramos. Me dijo que a lo mejor no podían pagar a los médicos. Intenté que mi padre me dijera qué tenía que hacer para que cobrara Transamed», ha manifestado.

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Desde el PSOE, la diputada Purificación Causapié ha denunciado que la Comunidad de Madrid «mintió» porque hace semanas aseguró que no existían comunicaciones con las empresas ni con Burgueño, algo que difiere de las declaraciones de la compareciente que ha reconocido comunicaciones constantes vía email con la Consejería de Sanidad. “Dejaron morir a los mayores en las residencias”, se ha preguntado Causapié. “Cada día que pasa en esta comisión hay más pruebas que demuestran que el consejero de Sanidad debería haber sido cesado», ha añadido en relación a la petición de dimisión que solicitaron los socialistas en primavera.

El diputado Más Madrid Emilio Delgado ha asegurado que la comparecencia ha dejado patente que el Gobierno de Ayuso actuó “con una irresponsabilidad y desprecio criminales la vida de miles de personas mayores en nuestra Comunidad así como la angustia y el dolor de las familias”. Unidas Podemos-IU considera que los tribunales «deben llegar hasta el final».

Ese 26 de marzo en el que el Gobierno de Ayuso contrató a Burgueño, ya habían pasado seis días desde que la Consejería de Sanidad enviara el protocolo que negaba la derivación de ancianos a estos centros a los geriátricos y que el consejero Alberto Reyero denunció y tachó de «inmoral y posiblemente ilegal». Así lo ha reconocido este viernes Mirthaines Castro de Ponzo, doctora en la Residencia de mayores Vitalia de Griñón, la segunda compareciente en la comisión de investigación. Castro de Ponzo ha confirmado que el 20 de marzo su centro recibió por parte de la Comunidad de Madrid el protocolo con criterios de derivación hospitalaria específicos de usuarios de geriátricos, en el que se excluía a determinados dependientes o con ciertas patologías asociadas.

«Serán derivado al hospital todo aquel residente que tenga fiebre, tos, síntomas respiratorios, siempre y cuando que sean independientes para la marcha, que tuvieran una dependencia entre leve y moderada y que no tuvieran una comorbilidad asociada avanzada», ha leído a la vez que ha reconocido que tuvo que acatarlos porque no había otra cosa qué hacer.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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