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Del Estatut a Franco: los otros 'pulsos' de ex altos mandos militares a gobiernos progresistas

No es la primera vez que ex altos mandos militares cargan en público contra un Gobierno progresista. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a tomar una decisión pionera en democracia, sancionando en 2006 al teniente general José Mena por «alertar de las graves consecuencias» que tendría para las Fuerzas Armadas la aprobación del Estatut. Con esta decisión, fue la primera vez que se castigó a un alto mando. Un manifiesto en el que se defendía la figura del dictador Francisco Franco, firmado hace dos años por cuatro militares que todavía estaban en la reserva, también acarreó la apertura de un expediente.

Teniendo en cuenta estos últimos precedentes, los firmantes de las dos cartas dirigidas al rey son militares retirados, contra los que Defensa ya no puede actuar. En las misivas difundidas a lo largo de noviembre aseguran que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez amenazan la unidad de España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sí ha optado por actuar contra los mensajes vertidos por algunos miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire y llevarlos a la Fiscalía de Madrid. En el grupo de WhatsApp en el que se fraguó uno de estos escritos, algunos de sus integrantes expresaron anhelos de golpes de Estado y vertieron amenazas de muerte, llegando a comentar que la única solución a la situación política era «fusilar a 26 millones de hijos de puta», tal y como desveló Infolibre.

No es la primera vez que Robles tiene que hacer frente a un pulso promovido por altos mandos ya retirados. Con la exhumación de Francisco Franco ya en la agenda política, en el verano de 2018 se movilizó después de que un grupo, compuesto por 181 militares que ya no estaban en activo, ratificara una «declaración de respeto y desagravio» al dictador como «soldado de España». En el escrito denunciaron la «campaña infame» que estaba llevando a cabo «la izquierda política» para desprestigiar al Franco, a través de la «perversa pretensión» de sacar sus restos del Valle de los Caídos.

El centenar de ex altos mandos que suscribieron el manifiesto pidieron respeto por la «figura militar del General Franco»,  que consideraban que había «sido vilipendiada hasta extremos inconcebibles» con el propósito «de borrar medio siglo de nuestra historia» a través del «empeño visceral de revancha» del Ejecutivo del PSOE. Meses después de esta publicación, Vox reclutó entre los firmantes a dos generales retirados, que actualmente representan a la formación de extrema derecha en el Congreso, Agustín Rosety y Alberto Asarta.

Defensa solo pudo investigar a cinco de los firmantes del escrito que enaltecía la figura del dictador porque eran los únicos que mantenían relación con el Ministerio, al encontrarse todavía en situación de reserva, algo parecido a una prejubilación militar en la que continúan sometidos a la disciplina castrense. Contra el resto, ya retirados, no pudo actuar. Tras un año instruyendo el procedimiento para analizar si existían «indicios de infracción disciplinaria», el departamento de Margarita Robles decidió sancionar a cuatro de ellos, aunque no detallaron en qué consistieron los castigos. 

Ante el mensaje difundido por los firmantes, se produjo una cascada de críticas de colectivos militares, a las que se sumaron profesionales que estaban en activo. El departamento de Margarita Robles también actuó contra uno de ellos, el cabo Marco Antonio Santos, que en una entrevista en elDiario.es llegó a afirmar que llevaba «19 años oyendo al romper filas el grito de ‘Arriba España» y acompañó su firma con el mensaje: «Salud y República». Esta sanción ha sido avalada por el Tribunal Militar Central, según adelantó El Confidencial Digital. El cabo Santos fue expulsado hace un año del Ejército, después de que se incoaran contra él dos expedientes más, uno por promover una recogida de firmas en Internet y otro por su actividad en redes sociales, según informó Europa Press

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La relación entre enaltecimiento del franquismo y altos mandos retirados también confluye en la Asociación de Militares Españoles (AME). En las páginas de la revista Militares, editada por este colectivo, es habitual encontrar argumentos en los que se defiende al dictador y se critica la Ley de Memoria Histórica. Su presidente, el coronel de Intendencia retirado Leopoldo Muñoz, lamentó en 2017 los cambios de nombre de calles franquistas, alegando que quien promueve esas modificaciones no caen «en la cuenta de que, precisamente porque el más denostado de todos, el laureado y mundialmente prestigioso general Francisco Franco Bahamonde, tomó el mando de las tropas que, en representación de, al menos, la mitad perseguida y maltratada de la sociedad española de entonces, decidieron poner fin al período sangriento que supuso el final de la Segunda República, disfrutamos de lo que supone vivir en una nación dentro de la Civilización Occidental y un sistema democrático».

A pesar de este discurso, AME tuvo como sede social durante años el acuartelamiento San Nicolás, unas instalaciones del Ministerio de Defensa, de las que fueron desalojados en marzo de 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este colectivo también ha llegado a recibir financiación pública, entre 2003 y 2016 obtuvo alrededor de 19.000 euros para realizar actividades de promoción de la cultura militar, según publicó El País

Otros gobiernos socialistas, como el de José Luis Rodríguez Zapatero, también han tenido que hacer frente a provocaciones por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. El expresidente ha recordado que tuvo «algún problema» en su época al frente del Ejecutivo, en alusión al arresto domiciliario que impuso su ministro de Defensa, José Bono, al teniente general José Mena Aguado por «alertar de las graves consecuencias» que tendría para las Fuerzas Armadas la aprobación del Estatut. 

En una entrevista en el programa de TVE La Hora de la 1, Rodríguez Zapatero recordó este caso, en el que por primera vez en democracia se aplicó una sanción disciplinaria a un alto mando militar. Además, ha dejado en el aire que algunas actuaciones que afrontó su Gobierno relacionadas con este asunto «se conocerán [en el futuro] con más profundidad».

Esta semana, Bono también ha recordado estos hechos. El ex ministro de Defensa ha destacado que a Mena «se le ocurrió pasarse de la raya porque le faltaba un mes para la reserva» y «creía que no iba a ocurrir nada». «Y lo que sucedió es [que fue] el primer teniente general al que el Gobierno cesó y arrestó. Probó su medicina», destacó en declaraciones a la Cadena SER.

Un ministro del PP, Pedro Morenés, optó por alejarse de las sanciones ejemplarizantes cuando otro alto mando realizó declaraciones que cuestionaban la «neutralidad política» requerida por la disciplina castrense. En 2013, el general Juan Antonio Chicharro, que por aquel entonces se encontraba en la reserva, justificó una intervención militar para frenar la secesión de Catalunya. Después de que sus palabras fuesen publicadas por El País, Morenés no le abrió un expediente sancionador y se limitó a aceptar la dimisión de su cargo en la Orden de San Hermenegildo. Chicharro actualmente preside la Fundación Francisco Franco.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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