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La mitad de las provincias siguen en «riesgo muy alto» en el semáforo de Sanidad a pesar de la bajada de casos

Los datos de la pandemia han mejorado en España en el último mes, pero la mitad de las provincias siguen en alerta máxima. La incidencia acumulada a 14 días, esto es, los casos por cada 100.000 habitantes detectados en ese tiempo, es 231. El Ministerio de Sanidad ha insistido en que la situación sigue siendo mala, entre otras cosas porque estamos lejos del objetivo de situarnos por debajo de 50. El semáforo que acordaron hace mes y medio Sanidad y las comunidades autónomas para medir la situación de la pandemia consideraba «riesgo alto» una incidencia de 250, pero había que tomarlo junto a otros indicadores como la positividad, la trazabilidad, y la presión asistencial. Y teniendo en cuenta todo, según el informe que el propio Ministerio ha publicado con fecha del 3 de diciembre, la mitad del territorio sigue en rojo oscuro.

La alerta máxima del semáforo se mide basándose en dos tipos de criterios. Por un lado, epidemiológicos: una incidencia acumulada superior a 250 casos por 100.000 habitantes, de 150 si se tiene en cuenta solo la población mayor 65 años; una positividad –cantidad de PCR que dan positivo– del 15%; y trazabilidad –de cuántos casos detectados conocemos el origen– menor al 30%. Por otro, criterios asistenciales: 25% de ocupación de UCI y 15% de camas convencionales solo por pacientes COVID-19. Para alcanzar el escenario de alto riesgo hay que superar al menos dos de los indicadores epidemiológicos y uno asistencial. Se puede aplicar a nivel de distritos, municipal, o provincial.

elDiario.es ha aplicado esos criterios a nivel provincial, y así ha obtenido el resultado de que 25 de las 52 provincias están en alerta roja, alerta 4. Solo están en riesgo mínimo Las Palmas y Lugo, 8 provincias están en alerta 2 y 17 en 3. Dentro de todos los parámetros, la incidencia entre mayores de 65 años es claramente el indicador que está en peor situación. Todas las provincias menos Ávila, Ourense, Ceuta y las dos de Canarias registran más de 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días en este grupo de edad, el umbral que fijaba Sanidad como nivel «muy alto», menos que el general por ser la población de riesgo y ser más preocupante que el virus se disemine entre ella.

Algunas de las provincias con incidencias especialmente extremas entre los más mayores están muy envejecidas. Es el caso de Burgos y Palencia, donde alrededor de una cuarta parte de su población es mayor de 65 años y se detectan 700 y 800 casos por cada 100.000 habitantes de este grupo de edad, una incidencia aun más elevada que en el total de su población.

Cuando en octubre se presentó esta guía, Sanidad especificaba que «es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una visión completa de la situación». En la práctica, aunque los técnicos sí analizan cada uno de los indicadores, se ha seguido prestando más atención a la incidencia acumulada y su tendencia descendente. «Los epidemiólogos llevamos meses diciendo que la incidencia acumulada no es el único indicador. Tenemos otros, usémoslos», sintetiza Pedro Gullón, de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). «Bajar la incidencia es importante –sigue– porque significa que baja la transmisión. Sobre todo, porque no ha habido en este tiempo grandes cambios en política de testing; los cribados y antígenos fueron más bien en octubre. En este tiempo ha sido una medida relativamente estable, así que se puede observar la transmisión». Pero hay que tener claro, añade, que «a igual incidencia acumulada, una provincia puede estar peor. Sobre todo, por la positividad, y por los mayores de 65 años».

En el hecho de que la incidencia acumulada entre mayores de 65 es un factor clave coinciden varios expertos. Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), explica que no era posible hacerse una idea de la situación real de la pandemia en España si los datos no estaban pormenorizados por edades. Y en los informes diarios del Ministerio, no lo están. Sin tenerlos, podría ocurrir que la incidencia bajase pero sobre todo entre jóvenes, y eso repercutiría menos de lo esperado en la ocupación hospitalaria, el verdadero problema. «Es el indicador de mayor riesgo porque después se traduce en ocupación de camas, UCI y muertes», abunda Hernández.

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Daniel López Acuña, ex director de Acción Sanitaria de la OMS, apunta en el mismo sentido: «Si hay una discrepancia importante entre la población general y la de más de 65 años tenemos un problema concretado. Y hay que intervenir en mayor grado ahí con las políticas, protegiendo residencias y también a mayores que vivan en domicilios». Conocer los detalles del semáforo, coinciden los expertos, permite eso, «hilar fino», «es poner una lupa a los grupos de más alto riesgo». Y por eso Acuña pone otro ejemplo para lo que puede ser útil: «Se nos va mucho la mano si hay mucha positividad. Ahí sabemos que tenemos que ir a buscar casos con cribados en población de riesgo, porque hay mucha transmisión. Y claro, es un elemento de monitoreo de presión asistencial». En resumen, «no basta con mirar la incidencia y ese es el propósito del semáforo. Un descenso de la incidencia pero con alta positividad en PCR o alta asistencialidad, revela igualmente una situación crítica o problemática. Porque la transmisión comunitaria sigue». 

Para este artículo se han usado los datos publicados por la Dirección General de Salud Pública que corresponden a los indicadores de seguimiento de la Covid-19 a fecha de 30 de noviembre. Cada uno de ellos se ha clasificado según los umbrales de valoración de riesgo difundidos por el propio Ministerio de Sanidad en el Documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España. Después se ha calculado el nivel de alerta de cada provincia según los parámetros definidos en ese mismo documento.

Para las provincias insulares las cifras se mostraban individualmente para cada isla. Por eso se han usado las cifras de la comunidad autónoma en el caso de Baleares –que corresponde a la provincia– y de las islas de Tenerife y Gran Canarias en los casos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas respectivamente, ya que estas islas concentran el 80% de la población de cada provincia y todos los hospitales.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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