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Epidemia de arrogancia en el Tribunal Supremo

La decisión del Tribunal Supremo (TS) de anular el tercer grado para los dirigentes nacionalistas condenados en el juicio del ‘caso procés’ es una consecuencia lógica de la opción del PP de subcontratar la política respecto de la integración de Catalunya en el Estado al Tribunal Constitucional primero y al TS después. Y de la opción del TC y del TS de aceptar convertirse en subcontratistas del PP. Porque no era la única opción posible. En mi opinión, ni siquiera la más ajustada a una interpretación razonable de la Constitución.

Esa subcontratación por un lado y aceptación de la subcontrata por el otro ha dominado la política autonómica desde hace quince años. El TC y el TS se han convertido en los actores principales en este terreno. Y lo han hecho privilegiando una de las varias respuestas que el ordenamiento jurídico ponía a su disposición. Es decir, haciendo política. Con la apariencia de que se administraba justicia. Pero haciendo política.

La integración de las «nacionalidades» en el Estado solamente tiene una respuesta política. Por eso, el constituyente diseñó un procedimiento muy complejo en el que se mezcla la democracia representativa reforzada, que se expresa en la exigencia de un pacto entre el Parlament y las Cortes Generales, es decir, la intervención de dos parlamentos con mayorías cualificadas, con la democracia directa, ordenando que el resultado de dicho pacto se someta a referéndum de los destinatarios del mismo. En ese diseño no tiene cabida un órgano judicial, sea de justicia constitucional o de justicia ordinaria. Únicamente órganos legitimados democráticamente «de manera directa» pueden participar en la respuesta. Por eso, en la Constitución no se contempla un control de constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía. Ese pacto entre dos parlamentos seguido de referéndum fue el «núcleo esencial» del pacto constituyente sobre la Constitución territorial. De ahí que la respuesta al problema solamente puede ser «constitucional». No hay forma de encajar este problema en el Código Penal.

Cuando se pretende dar una respuesta al mismo no constitucional, sino penal, hay que empezar con los «malabarismos», magistralmente documentados por José Antonio Martín Pallín en ‘El Gobierno de las togas’. Hay que disfrazar la respuesta política, inevitable una vez que se ha aceptado la subcontrata, como si de una respuesta exclusivamente jurídica se tratara. Hay que sostener contra viento y marea que no se está haciendo política, sino que se está simplemente aplicando derecho. Esto es lo que el TS viene haciendo de manera ininterrumpida.

El TS no puede admitir que a este «travestismo» se le dé visibilidad. Por eso ha reaccionado con la arrogancia con que lo ha hecho en su sentencia contra el tercer grado a los condenados decidido por la administración penitenciaria con el concurso del órgano judicial competente para poder hacerlo. Ha reprochado a quienes han decidido el tercer grado haber introducido la política en una decisión exclusivamente jurídica, como era la sentencia que el TS había dictado. El «malabarismo» no puede admitirse que se ponga en cuestión en ningún momento. No contaminen de política mi decisión exclusivamente jurídica. Esto es lo que el TS dice en la decisión conocida esta semana. El TS no hace política. Son los demás los que pretenden introducir la política en la aplicación de su decisión.

La lógica del TS es implacable. Cuanto más política se haga, más se tiene que negar que se está haciendo. La aceptación de la subcontrata conllevaba necesariamente que las cosas ocurran como están ocurriendo. En el punto de partida estaba ya el punto de llegada.

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Esta lógica implacable es al mismo tiempo una lógica catastrófica desde la perspectiva del problema de fondo, el de la integración de Catalunya en el Estado, que no puede tener nada más que una respuesta política. Cuanto más énfasis se ponga en la respuesta penal, más difícil será encontrar una respuesta política, que es la única respuesta de verdad para un problema de esta naturaleza. Nadie puede llamarse a engaño y pensar que la decisión del TS sobre el tercer grado de los políticos catalanes es una decisión inocente que no tiene nada que ver con lo que está pasando.

La respuesta «exclusivamente» penal desde que se decidió la activación de la «coacción federal» prevista en el artículo 155 de la Constitución por el Gobierno de Mariano Rajoy nos ha situado donde ahora mismo estamos. Hemos conseguido convertir la política autonómica en un enorme pandemonio, en un lugar de «confusión y ruido» (RAE), que está teniendo como derivada un cierto «divorcio» entre las «nacionalidades» y el Estado. El «divorcio» es ya muy perceptible electoralmente. No solamente en Catalunya, sino también en el País Vasco. Los partidos que abanderaron el 155 están convirtiéndose en partidos marginales en ambas «nacionalidades».

La epidemia de arrogancia del TS en la gestión de la subcontrata que le hizo el Gobierno de Mariano Rajoy está teniendo unos efectos deletéreos sobre la derecha española en general y sobre el PP en particular.

No es bueno que la justicia se administre de forma arrogante. Pero el TS puede permitírselo. El partido que queda contaminado por esa administración de justicia arrogante, que él mismo puso en marcha, es el que no puede. Más todavía cuando la emergencia de un partido como Vox no le permite rectificar.

Tomo prestado el título de Matt Ford, ‘An Epidemic of Arrogance on the Supreme Court’, en The New Republic.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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