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La ONU acerca una posible regulación terapéutica del cannabis, aunque España insiste en que no hay evidencia científica

Día «histórico» para el cannabis medicinal. En una decisión largamente esperada por el sector, la ONU ha cambiado su posición y sesenta años después de colocarla en la lista de drogas más dañinas la saca y admite que sí tiene propiedades terapéuticas. Los usuarios de la planta con fines médicos celebran el cambio de estatus, aunque son cautos porque conocen las reticencias del Ministerio de Sanidad con la regulación. La decisión de la ONU, tras una votación en la  la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND, en sus siglas en inglés) en Viena, pone en un brete al Gobierno español, que hace apenas tres meses contestaba al PNV que si rechaza una regulación es porque no está demostrado científicamente que la planta tenga propiedades medicinales. Se da la circunstancia de que mientras aquí defiende esa postura, el Gobierno apoya lo contrario en Viena siguiendo la política común de la UE, que votó en bloque a favor de aligerar la presión sobre el cannabis y admite sus efectos médicos.

En el corto plazo, este cambio de estatus ayudará sobre todo a la investigación científica, al levantar la estricta vigilancia que tiene la planta. También da razones a las asociaciones de pacientes en defensa de la regulación de los programas medicinales: «El argumento de que no hay evidencia no pueden darlo ya, tendrán que buscar otro para no regular porque no pueden ir contra la ONU y la OMS», sostiene Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM). Queralt Prat-i-Pubill, de la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis (UPRC), añade que «no se acaba de entender [la reticencia española a la regulación] cuando la gente está a favor», en alusión a que un 84% de la población es favorable a una regulación del cannabis terapéutico, según una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). «El mundo va en una dirección, hacia la regulación y el control, y España va al revés», lamenta. En España, las asociaciones de pacientes calculan que unas 300.000 personas utilizan el cannabis con fines médicos. El cambio de estatus aprobado el miércoles no afecta en nada a una posible regulación del uso lúdico.

El Ministerio de Sanidad ha evitado responder directamente las preguntas de este periódico acerca de si este cambio va a suponer alguna modificación en su política sobre el cannabis y la discrepancia entre su postura nacional e internacional (aunque esta viniera impuesta de Europa) y se limita a comentar: «Lo que se ha aprobado es una modificación en la clasificación del cannabis, que se mantiene en la lista 1 de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 como sustancia con propiedad adictiva que presenta alto riesgo de abuso, pero sacándolo de la lista IV para facilitar la investigación sobre sus posibles utilizaciones terapéuticas».

Como sostiene el Gobierno, lo que técnicamente sucedió en la votación de Viena del pasado miércoles es que el cannabis salió de la lista IV de la Convención de Estupefacientes de la ONU, reservada a sustancias «muy peligrosas y sin valor médico alguno o muy limitado». En esta lista están drogas como la heroína o el fentanilo. La planta se mantiene sin embargo en la lista I, con una menor fiscalización y que implica que se reconoce su potencial terapéutico, aunque Naciones Unidas aún destaca «la elevada incidencia de los problemas de salud pública derivados del consumo de cannabis y el alcance mundial de estos problemas». La votación, por países, muestra un mundo bipolar con la cuestión, donde los países llamados occidentales votaron a favor y el resto, salvo alguna excepción, en contra. Salió adelante por 27 votos a 25 con la abstención de Ucrania. La nota llamativa de la jornada la puso Hungría, que se desmarcó de la posición común de la UE y votó «no» en lo que fuentes conocedoras de las negociaciones califican de «extraordinario, y que posiblemente tenga consecuencias internas a nivel europeo».

«Es lo más significativo que ha pasado en bastante tiempo a nivel de cannabis en la ONU», explica Constanza Sánchez, doctora en Derecho y directora de Ley, Políticas y Derechos Humanos de la Fundación ICEERS. «Aunque está por ver a nivel más concreto en qué se traduce», añade. «Es una gran victoria, lo veo en clave histórica», valora Kenzi Riboulet, investigador independiente y especialista en políticas de drogas, uno de los principales artífices del cambio y que llevaba cinco años trabajando para lograrlo. «Es una victoria de la ciencia sobre la política y las maniobras de los años 60 que llevaron a la prohibición internacional», explica. «Poco a poco se desmantela esto en base a evidencia científica, es muy importante. Supone que las Naciones Unidas admitan un error y esta es la clave para nosotros», añade.

Esta es la cuestión clave. ¿Va a suponer algún cambio en España esta relajación de la ONU? Los pacientes dudan. «Entendemos que los partidos políticos no pueden ir en contra de la ONU. Hoy mismo vamos a solicitar reuniones con todos los partidos para empezar a hablar de este tema», señala Pérez, del OECM, que mira con recelo las reticencias del PSOE, sin cuya participación no hay manera de aprobar una legislación. «Pero nos ayuda muchísimo. Pone el tema del cannabis en la agenda», celebra. «Estoy muy expectante», coincide Prat-i-Pubill, de UPRC. «Queremos ver si el Gobierno toma nota o pasa. No les afecta que las personas sufran y lo pasen mal. Los pacientes que usan cannabis medicinal son los más vulnerables de la cadena de pacientes», explica, y señala los usuarios habituales de cannabis terapéutico: los que tienen enfermedades raras sin medicación que les ayude, personas ya desahuciadas por la medicina «saturadas de opiáceos», pacientes con enfermedades crónicas y personas que están en tratamientos médicos (la quimioterapia, por ejemplo) que sobrellevan mejor con la ayuda de esta planta.

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Riboulet explica que «para la mayoría de los países el cambio es muy simbólico. Recibirán una notificación de la ONU explicándoles que han sacado el cannabis de la lista IV y luego cada uno decidirá qué hace». Muchos de los países que votaron «sí» ya tienen programas de cannabis medicinal, como Holanda, Uruguay o muchos estados de EEUU. El país norteamericano, de hecho, está preparando una regulación a nivel federal para someterla a votación.

El caso de España es distinto. La normativa que supone la base legislativa del derecho en cuanto estupefacientes data de 1967 (aunque ha sido modificada con los años), explica Riboulet, pero no incluye listas propias sino que se refiere a las listas internacionales. «En España no será solo una notificación informativa, también tendrá el efecto legal de cambiar el estatus del cannabis en el ordenamiento jurídico español, y esto va a requerir que el Gobierno tenga que hacer algo. Qué van a hacer no lo sé, pero van a tener que tomar alguna decisión», opina. «Y aquí es donde los movimientos sociales esperan que en vez de hacer una modificación que ignore el cambio de estatus se aproveche la oportunidad para regular».

Ahí entrará en juego la fuerza del movimiento asociativo, los activistas y la relación de fuerza en el Gobierno entre PSOE y UP. Mientras el PSOE (y el Gobierno a través del Ministerio de Sanidad) no parecen muy por la labor de regular, sus socios preparan una regulación integral (que permita también el consumo recreativo) que pretenden llevar al Congreso en la segunda mitad de la legislatura. Esta apuesta por la regulación integral que está haciendo, explican los activistas, puede resultar contradictoria por apostar demasiado alto. De momento, lo más inmediato es una petición que el PNV registró en el Congreso para que la Comisión de Sanidad estudie los programas de regulación del cannabis medicinal que se han acometido en otros países de la UE y del resto del mundo de cara a una posible regulación nacional, según adelantó Público.

Si algún día llega ese momento –cuando llegue ese momento, dicen los activistas–, se desatará otra disputa, que enfrentará a activistas y empresas por el modelo de regulación que se aprueba, con el Gobierno como ejecutor último. De un lado, los consumidores piden una normativa de corte social, a la uruguaya, que permita el autocultivo y la existencia de los clubes sociales de consumidores (asociaciones sin ánimo de lucro, como las ya existentes, y que se amparan en el vacío legal para argumentar que lo que hacen es un cultivo colectivo). De otro, la floreciente industria aboga por un modelo más industrial a la canadiense, en el que las empresas controlen la producción y aseguren un producto estandarizado y trazable.

El panorama nacional que dibujan los activistas en este momento –en el que el cannabis se mueve en una especie de limbo legal en el que se puede consumir en casa y el autocultivo en pequeñas cantidades está permitido de facto, pero no se puede consumir ni transportar por la vía pública– es complejo por enrevesado y contradictorio. «Hay tiendas de CBD [uno de los principios activos de la planta, sin efectos psicotrópicos] abiertas con fines medicamentosos, hay growshops (tiendas de productos relacionados con el cannabis) que cierran, activistas en la cárcel como Alberto Tió [condenado a cinco años como responsable de un club social de consumidores], represión en un banco de semillas y en otro no, cremas de cannabis en la tele, anuncios de CBD en la prensa digital, pero a la vez Sanidad dice que no hay evidencia científica y sin embargo el Gobierno permite que se cultive y exporte», explica Pérez aludiendo a los programas de cultivo de cannabis autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El Observatorio Europeo del Cannabis (OECCC) denuncia la intervención por parte de la Guardia Civil de varias growshops en Andalucía y de un banco de semillas en Gipuzkoa, donde se incautaron de unas 200.000 semillas. «Las growshops, bancos de semillas y resto de empresas relacionadas con el autocultivo de cannabis son totalmente legales, llevan presentes en España desde finales del siglo pasado y dan trabajo a miles de personas», denuncia el OECCC, que exige que se aclare «la base legal sobre la que opera, así como proponer una reforma legal como solución a estos problemas». En su nota, el OECCC recuerda que el exfiscal del Tribunal Supremo Fernando Sequeros Sazatornil descartó en un informe de 2002 que producir semillas o dar información para autocultivo no es delictivo.

El cambio de estatus aprobado por la ONU supone el cierre de un ciclo de 59 años, desde que el 30 de marzo de 1961 el cannabis se incluyó en la lista IV de control de la ONU tras una reunión en Nueva York. «Hemos vivido 60 años bajo una regulación que no estaba sometida a evidencia científica», sostiene Constanza Sánchez. Para Riboulet, como para muchas ONGs que trabajan en el sector, el miércoles fue un día de celebración. «Lo veo como una reparación histórica, es clave para nosotros demostrar lo que está detrás de estos convenios internacionales, que es un espíritu colonialista y racista», señala.

Este experto en políticas de drogas argumenta su afirmación: «La OMS se basó [para incluir el cannabis en la lista más restrictiva] en un informe de la policía de la Sudáfrica del apartheid. Un informe racista hacia las comunidades locales que consumían cannabis de manera tradicional y con uso medicinal. Es una victoria de la ciencia sobre la política y las maniobras de los años 60 que llevaron a la prohibición internacional», celebra.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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