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Los planes de pensiones privados antes de la reforma fiscal: controlados por los bancos en guerra por 'robarse' clientes

Los Presupuestos Generales del Estado han pasado esta semana el trámite de la aprobación en el Congreso. Si reciben el visto bueno del Senado, como se espera, traerán consigo cambios fiscales en los planes de pensiones privados que han puestos al sector en pie de guerra. A partir del 1 de enero entrará en vigor un nuevo límite para las deducciones en estos productos de ahorro, que pasarán de 8.000 euros a 2.000, según figura en la ley de Presupuestos.

Esto significa que los clientes, especialmente los de rentas más altas, perderán buena parte del atractivo fiscal que les aportaban este tipo de planes de ahorro a largo plazo ya que las deducciones que suponen se reducen a una cuarta parte. Esta medida, acompañada del impulso que pretende dar el Gobierno a los planes colectivos vinculados al trabajo con la creación de un fondo público, han sentado mal en el sector de los seguros y la banca, que denuncian el «paso atrás» de esta medida, como apuntaron esta semana el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, o la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, quienes defendieron que se trata de un «hachazo fiscal». «Perjudicará a millones de autónomos y trabajadores de pymes», apuntaron en un comunicado conjunto en noviembre 18 patronales como la AEB (banca), CECA (antiguas cajas), la propia Unespa (seguros), Inverco (inversión colectiva) o Cepyme, entre otras.

Un informe de la Airef presentado en julio ponía en duda la utilidad de estas deducciones fiscales y alertaba de su carácter «regresivo». En concreto, apuntaba que el Estado dejaba de ingresar 1.643 millones de euros al año por estas rebajas fiscales a las aportaciones a los planes de pensiones de los que se aprovechaban, especialmente, las rentas más altas. En concreto, el 10% más rico agrupaba el 66% de los beneficios fiscales. Por último, apuntaba que, mayoritariamente, las aportaciones a estos planes de pensiones no superaban ese listón de los 2.000 euros que ahora se fija. El 76,5% de los partícipes aportan 2.000 euros o menos.

En las pensiones hay tres pilares. El primero, es el de la Seguridad Social. El segundo, hace referencia a los planes de pensiones de empresa, que son los que busca ahora incentivar el Gobierno. El tercero y último son los planes de pensiones individuales, que ahora vivirán una reforma fiscal. En España hay algo menos de 7,5 millones de personas con planes de pensiones individuales, según los datos de Inverco a 30 de septiembre y suman un ahorro de 77.000 millones de euros. En 2020, el año marcado por la COVID-19, el patrimonio de estos fondos ha caído en 2.500 millones de euros y han salido 230.000 partícipes. Además, tienen rentabilidades medias a uno y tres años negativas.

La gestión de planes de pensiones privados es un negocio eminentemente bancario, ya que las principales entidades del país controlan buena parte del sector. El negocio bancario sufre desde hace años el impacto de los bajos tipos de interés, que se ha agravado en 2020 por el coronavirus. Las hipotecas, el negocio fundamental de las entidades, se encuentran en horas bajas por sus bajos precios y los bancos están dirigiendo sus estrategias a captar a clientes de seguros y productos de ahorro a largo plazo, donde se encuentran las pensiones, por su capacidad de generar nuevos ingresos y comisiones. Por poner un ejemplo, esta semana Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, defendía ante los accionistas que la fusión con Bankia estaba, entre otras cosas, enfocada crecer en ingresos con «productos y servicios asociados al negocio asegurador y especialmente en el ahorro a largo plazo, que incluye los fondos de inversión, los seguros de ahorro y los planes de pensiones».

En lo que se refiere a los planes de pensiones individuales, CaixaBank es la líder del sector, con una cuota de mercado del 25,71%, según las estadísticas de Inverco. Una vez concluya la absorción de Bankia, cuarto operador del país, la cuota de mercado agregada superará el 32%. Es decir, casi uno de cada tres euros en planes de pensiones estará en CaixaBank. BBVA es el segundo, algo por debajo del 18% y Santander, el tercero, superando el 13%. La primera entidad no bancaria es Mapfre, con el 5,5% del patrimonio en estos productos de ahorro.

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En un año en el que los planes de pensiones han perdido partícipes, los bancos han lanzado campañas para atraer a aquellos clientes que ya contaban con un producto de ahorro de este tipo, pero en otra entidad. Así, los distintos grupos han anunciado ofertas para el traslado de los planes de pensiones que llegan a bonificar al consumidor con una porción del dinero traspasado de un banco a otro. Este tipo de promociones, en las que participan todas las entidades, llegan a ofrecer un 5% de los ahorros, como en el caso del Banco Santander o Banco Sabadell. Según el banco, se llegan a ofrecer cheques de Amazon o incluso móviles. Coincide que, en todos los casos, la promoción concluye el día 31 de este mes.

Sin embargo, como en muchas de estas promociones, hay que acudir a las condiciones y la letra pequeña antes de realizar un traspaso. Por ejemplo, es habitual que estas entidades obliguen a periodos de permanencia que pueden llegar hasta los siete u ocho años. Si no, el cliente puede verse penalizado. Además, tal y como se comprueba en las bases de estas promociones, para llegar a ese porcentaje que ofrece el banco en sus campañas se puede exigir que la cantidad sea significativa. A ello se suma que se llega a obligar para llegar a ese objetivo que se debe hacer, o bien una aportación extra que puede superar los 3.000 euros o que haya un compromiso de realizar aportaciones mensuales que superen los 100 euros. Sin todos estos requisitos, las ofertas pueden llegar a ser hasta tres veces más bajas.

El negocio de planes de pensiones individuales es sensiblemente más grande que el de aquellos vinculados a la empresa, una medida que no tiene una amplia implantación en España. Se trata de planes de pensiones complementarios que las empresas ponen a disposición de sus trabajadores para que, de manera voluntaria, tengan un complemento a su pensión pública cuando se jubilen. Mientras los segundos primeros tienen 7,4 millones de partícipes, los segundos quedan por debajo de los 2 millones. El patrimonio de estos fondos es de 34.000 millones e igualmente CaixaBank y BBVA son los principales grupos, aunque en este caso con Ibercaja como tercera mayor gestora del país.

«Desde el Gobierno constatamos que hace falta un cambio de modelo que apueste decididamente por los planes colectivos, que son los que tienen comisiones más bajas y sobre los que se puede trabajar mejor», analizaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá el pasado mes, apostando por un nuevo modelo de fondo público con el que pretende llegar hasta la mitad de la población asalariada en España. Las cuentas públicas amplían las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones de empleo, hasta los 10.000 euros por trabajador, mientras recortan las existentes para los planes individuales.

Esta medida también ha soliviantado a las patronales, que dicen no entender que el Estado cree un fondo público de pensiones asociadas a la empresa. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, señaló esta semana en un evento de la patronal de las aseguradoras que esta medida supone una «competencia desleal» para el sector. El líder de los empresarios llegó a abrir la puerta a llevar esta medida ante los tribunales. «Esperamos no tener que ir a los tribunales de la competencia», advirtió.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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