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Vacunas y gobernanza

Hay relación. Lo que racionalmente pensábamos con los datos existentes ha sido revalidado por la Agencia Europea del Medicamento. Existe relación entre los casos de inhabituales trombos y muertes y la vacuna de AstraZeneca, tal y como yo ya apuntaba el domingo en ‘Las mujeres y AstraZeneca’. Esa relación produce casos en mujeres menores de 60 años, como ha constatado la jefa del Comité de Evaluación de Riesgos de la EMA, Sabine Strauss.

La EMA a continuación ha manifestado que considera que los beneficios de continuar usando la vacuna son superiores a los riesgos, que son estadísticamente bajos, y que avala seguir vacunando con ella. Comprendo el argumento, que es impecable desde el punto de vista epidemiológico, de grandes números y de control de la pandemia, pero no es el único factor a tener en cuenta.

Los técnicos han hablado pero, inmediatamente, los gobernantes se han reunido. La cuestión es grave porque son ellos los que deben tomar una decisión y, aunque muchos científicos parecen pensar que aquello que avalan debe ser inmediatamente adoptado por los gobernantes, lo cierto es que estos tienen una responsabilidad que debe llevarlos a sopesar otras cuestiones de índole sociológico y hasta psicológico y de responsabilidad jurídica y derechos de los individuos. No se trata, por tanto, de una reacción que se pueda despachar con un despectivo: ¡mira quién habla, no es científico, la Ciencia ya ha hablado! Por la doble cuestión de que ni la ciencia abarca la totalidad de la gobernanza de lo humano –lo siento, pero hay saberes humanistas que también pueden ayudar y mucho– y, segundo, porque son ellos los responsables de conseguir que millones de individuos con capacidad de obrar libremente, confíen y acepten vacunarse cuanto antes para poder salir de la crisis.

Señores científicos, los gobernantes tienen que pensar en los ciudadanos y en este caso en las ciudadanas. Ese riesgo ínfimo en grandes números lleva el nombre de algunas o algunos de sus gobernados. Tienen que ser capaces de adoptar decisiones que lleven tranquilidad a la población y la certeza de que se está velando por su seguridad sin que otros elementos (precio de la vacuna, disponibilidad) primen sobre el bienestar de cada uno. Debe ser así porque el consentimiento que se preste en el acto es libérrimo e individualísimo y los gobernantes han de conseguir que sea masivo y sin reservas.

No valen los ejemplos que están poniéndose sobre los efectos secundarios de todos los medicamentos, “si los lees no te tomarías ninguno”, le he llegado a oír a algún profesional. Es una frivolidad. Claro que se leen y claro que si eres un grupo con contraindicaciones la opción es darte otro medicamento que sea compatible con tu organismo y estado de salud. No nos hallamos, afortunadamente, en la circunstancia de tener una única vacuna para acabar con este infierno sino que existen varias, que se aplican según la decisión de los gobernantes, así que en ellos recae la responsabilidad de decidir bien a qué grupo se aplican. Tampoco se da el caso de que el ciudadano tenga una enfermedad previa, para la que precisa del fármaco, sino que la vacuna intenta impedir la enfermedad y eso, a título individual, también puedes conseguirlo manteniendo medidas efectivas de aislamiento y prevención. Unas medidas que muchos de los llamados a vacunarse han llevado a cabo durante un año con éxito, logrando no contagiarse. Ante el riesgo, ¿quién duda de que algunas mujeres se planteen seguir manteniéndolas hasta poder acceder a otra marca de vacuna?

Lo que tienen que decidir los gobernantes es si se empeñan en seguir usando la de AstraZeneca en el grupo de edad y sexo en el que se producen esos accidentes vasculares y esas muertes. Las personas no pueden ir a comprar otra vacuna, dependen para todo del Gobierno, así que la circunstancia es muy diferente a la de cualquier otro producto farmacéutico de venta libre con el que se pueda comparar. En términos de responsabilidad, desde luego. En Francia ya se ha interpuesto una querella y se va a analizar la responsabilidad por la muerte de una mujer tras inocularle la vacuna de AZ. Los gobernantes tendrán también eso en cuenta a la hora de decidir en sus reuniones.

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Los gobernantes necesitan, además, la confianza del pueblo en esta vacunación masiva y casi distópica. Van a tener que sopesar lo que tengan que decirles los psicólogos y los sociólogos y los juristas sobre las consecuencias que puede tener empeñarse en seguir usando esa vacuna concreta –habiendo como hay otras– con el grupo de población, mujeres entre 35 y 60 años, en los que se están produciendo los accidentes y las muertes. Puede suceder que empecinarse en seguir vacunando a ese grupo y acumular nuevos sucesos, acabe por hacer a la población en general desconfiar de su criterio y de la vacunación en general. Es mucho más fácil que la población confíe en unos gobernantes que sabe que van a poner todos los medios inmediatamente para protegerles. Si los gobernados llegan a sospechar que hay otros intereses –rapidez, aprovechamiento de vacunas, volumen de compras, necesidad de reactivar la economía– que primen sobre sus intereses individuales van a empezar a desconfiar del proceso. No es eso lo que queremos.

Tampoco creo que los científicos se hayan planteado la cuestión en términos de derechos y de igualdad entre los ciudadanos. Dado que son los gobernantes los que deciden qué vacuna ponen a cada cual, la ciudadana a la que se le llame para vacunarse con AZ puede plantear la duda de por qué ella debe correr un riesgo que no han corrido otras mujeres de colectivos en los que se utilizan otras marcas de vacunas. No se puede hacer distingos en cuanto al volumen de riesgo que corren unos u otros y, la verdad, hasta ahora no se han reportado muertes de vacunados con ninguna de las otras marcas.

Me choca el desprecio con el que algunos expertos en medicina o virología o epidemiología despachan todas estas cuestiones, como si no tuvieran relevancia alguna. La tienen. Gobernar no es dictaminar sino asumir un riesgo que ni esos técnicos, ni los de la EMA ni los de la OMS ni ningún otro, asumen personal ni profesionalmente. Los políticos sí. En democracia los políticos responden ante los ciudadanos de sus decisiones y los Estados también lo hacen ante las reclamaciones de los afectados.

Al terminar de escribir estas líneas las reuniones continuaban. No sé lo que van a decidir. Sí sé lo que yo decidiría en su lugar. Elegiría dar confianza a la población. Elegiría determinar claramente los factores de riesgo y ofrecer a esos grupos de población otras vacunas. Elegiría asegurar así al resto que no lo corren. Elegiría ser responsable y no añadir un componente de miedo al proceso de vacunación. Elegiría hacerlo de forma coordinada, coherente, lógica y explicarlo a la población. Elegiría decir que en caso de producirse otros problemas, actuarían igual. Y lo haría porque se arriesgan, en caso contrario, a que esa elección pase al ámbito de lo individual. No es deseable pero es inevitable.

Yo, si fuera ellos, elegiría gobernar.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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