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Bruselas, sobre las reformas de las pensiones y del mercado laboral: «Cada país debe elegir cómo abordar sus desafíos»

Las conversaciones entre España y Bruselas son cotidianas para elaborar los planes de recuperación financiables con dinero comunitario. Aún no se sabe cómo se va a sortear el bloqueo de Hungría y Polonia a los fondos anticrisis y a los presupuestos comunitarios para 2021-2027, pero el intercambio de documentos entre la Comisión Europea y el Gobierno español es fluido con vistas a recibir esos 72.000 millones en transferencias y 68.000 en créditos para financiar la recuperación en los años posteriores a la pandemia.

El dinero no se espera para antes del segundo semestre de 2021, si bien los Estados podrán financiar gastos previos adelantados. España ha contabilizado en los presupuestos de 2021, que acaban de aprobarse en el Congreso, unos 27.000 millones atribuidos a los fondos.

Pero ese dinero va condicionado a reformas, vinculadas con la transición verde, digital y las recomendaciones por país del Semestre Europeo –el mecanismo de gobernanza económica de la Comisión Europea–, que en el caso de España suelen hablar de la temporalidad laboral, la dualidad del mercado de trabajo, la sostenibilidad de las pensiones y, en el último año, las carencias de los servicios públicos evidenciadas con la crisis sanitaria.

En este sentido, y en virtud de ese contacto cotidiano, ya se han ido entregando fichas relativas a los cuatro grandes bloques definidos por el Gobierno: «Construir una España más verde; una España más digital; una España más igualitaria y una España más cohesionada».

Pero hay dos grandes bloques que parecen atragantarse: los que tienen que ver con la reforma del mercado laboral y de las pensiones, que tienen que ver con el programa de Gobierno acordado entre el PSOE y Unidas Podemos.

Pero, ¿cómo serán esas reformas? ¿Está imponiendo la Comisión Europea el sentido de esas reformas? El Ejecutivo comunitario dice que no: «En primer lugar, son los propios Estados miembros los que están elaborando los planes de recuperación y resiliencia», contestaba este lunes en el Parlamento Europeo el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, al eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun (Greens/EFA): «Por lo tanto, al redactar nuestras recomendaciones específicas por país, la Comisión Europea se ha vuelto, digamos, menos prescriptiva en cuanto a las políticas, dejando los medios exactos para abordar estos desafíos a los Estados miembros. Y ese enfoque que usamos en el semestre es el que estamos usando en la preparación de los planes de recuperación y resiliencia».

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«También estamos insistiendo», decía Dombrovskis a las preguntas de Urtasun sobre la autonomía de los Gobiernos para elegir cómo abordar las reformas, «que cuando los Estados miembros preparen sus planes de recuperación, deben hacer consultas con los interlocutores sociales y con las partes interesadas: los planes se debaten internamente».

Urtasun intervenía en la Comisión parlamentaria conjunta de Economía y Empleo en la que se ha debatido sobre el paquete de otoño del Semestre Europeo 2021. En la reunión participaban, además de Dombrovskis, Paolo Gentiloni, comisario de Economía; y Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales.

«Estamos realizando reuniones entre los distintos ministerios», decía hace unos días la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, antes la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro (Eurogrupo): «Con respecto al ámbito laboral, tenemos la voluntad de modernizar nuestro marco laboral. El planteamiento que se hará a las autoridades europeas será presentar todo este paquete de acciones de reformas e inversiones que van a irse desplegando a través del diálogo social».

Trabajo entiende que el marco legal se derogará íntegramente de «facto» pero que, dada la complejidad para crear un cuerpo normativo alternativo, el procedimiento se abordará en dos fases. La primera y más urgente, la que afecta a los aspectos más lesivos, incluye derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad (que ya ha sido aprobado), la anulación de las limitaciones del ámbito temporal del convenio colectivo y la suspensión de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales.

Sin embargo, según publicó El País, «el documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, elaborado por el Ministerio de Economía y la Oficina Económica de La Moncloa, aboga por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales —en plata: menos poder de negociación para los sindicatos—. Diluye así el pacto de coalición y ha causado un choque entre Economía y Trabajo, además de malestar en los sindicatos».

Y en ese asunto, entre otros, se encuentra sin cerrar el fichero relacionado con la reforma del mercado laboral, que no se enviará a Bruselas hasta que haya acuerdo con «los distintos ministerios», es decir, Trabajo, principalmente; y hasta que cuente con el visto bueno de los agentes sociales, como reclamaba este lunes Dombrovskis, más allá del documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, que no goza del consenso necesario dentro del Gobierno como para enviarse a la Comisión Europea.

«De momento no hemos entrado a hablar en detalle de cuestiones relacionadas con el ámbito laboral», reconocía Calviño, en tanto que aún no están cerradas con el resto de ministros y los agentes sociales, «más allá de lo que ya conoce la Comisión Europea con respecto a las intenciones de nuestro gobierno y nuestra determinación de abordar ese paquete de modernización del mercado laboral en el contexto del diálogo social, un aspecto que, por cierto, las instituciones europeas valoran muy positivamente».  

En cuanto a las pensiones, si bien en el pasado la vicepresidenta económica ha expresado su oposición a vincular por ley su revalorización, la comisión del Pacto de Toledo ha aprobado medidas, respaldadas ampliamente por el Congreso, como la revalorización de las pensiones en base al IPC y la revisión de la jubilación anticipada, que funcionará como guía para que el Gobierno de coalición lleve a cabo la reforma del sistema público de pensiones. Tras confirmar este pacto político, el Ejecutivo pretende lograr otro acuerdo con los sindicatos y la patronal, para que la nueva legislación cuente también con el visto bueno del diálogo social.

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«La Comisión Europea lleva años haciendo recomendaciones a España sobre las pensiones», afirmaba Calviño antes del Eurogrupo, «y está analizando junto con nosotros las distintas cifras, las distintas previsiones, el impacto sobre el sistema de pensiones como sobre el presupuesto público y por tanto el impacto fiscal de las diferentes medidas que se van a poner en marcha. Y se está produciendo ese análisis en un ambiente tremendamente constructivo».

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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