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Cuando los franquistas son los demócratas y el Gobierno legítimo el golpista

Sectores de las derechas y un periodismo falaz están jugando desde hace tiempo un papel fundamental en la desestabilización del país, mintiendo al afirmar que el Gobierno es ilegítimo o incluso criminal. Este Gobierno fue elegido en las urnas, su formación obedece a un mandato de la ciudadanía, que acudió a votar en elecciones democráticas. Es por lo tanto una mentira indudable afirmar que es ilegítimo, y más aún criminal.

Los discursos de parte de la derecha y del periodismo falaz han allanado el camino a una atmósfera de crispación, polarización y odio. Como bien señaló hace un año Angela Merkel en un discurso en el Parlamento alemán, la libertad de expresión tiene límites, que comienzan cuando se propaga el odio. Es llamativo que aquellos defensores de leyes represivas en España contra artistas y manifestantes pretendan erigirse como máximos defensores de la libertad, emitiendo discursos de odio en nombre de ella.

Hay una preocupante ausencia de cultura de derechos humanos en las proclamas golpistas de militares retirados, algunos de ellos de máximo rango, educadores de altos mandos militares actuales o del propio rey Felipe VI, como Manuel Nadal Uhler, que formó al rey en la naútica o Juan Carlos Rodríguez-Toubes, jefe de estudios de Felipe de Borbón a bordo del buque escuela de la Armada cuando el por entonces heredero desarrollaba su formación en el Juan Sebastián Elcano. Según la prensa local mallorquina mantiene lazos con Juan Carlos I y con Felipe VI. El rey debería abandonar la ambigüedad de su silencio e impedir que las proclamas de los militares retirados le utilicen e instrumentalicen.

Las cartas y el chat de esos militares retirados están repletos de enormes contradicciones. Algunos invitan al rey a posicionarse contra un Gobierno legítimo elegido en las urnas, y lo hacen en nombre de la Constitución. Acusan al Ejecutivo de permitir «violentas algaradas independentistas y golpistas», cuando entre sus firmantes hay un condenado a doce años por haber participado en el intento de golpe de Estado del 23F y cuando el Gobierno no ha permitido golpismo alguno.

Dicen que hay «un deterioro de la democracia» en un texto suscrito por altos cargos del ejército que previamente apoyaron un manifiesto en defensa del dictador Francisco Franco. Su concepto de democracia parece estar vinculado a su voluntad, y no a la voluntad de los votantes. Afirman que el Gobierno busca el sometimiento «al Poder Ejecutivo del Poder Judicial» cuando es la derecha, ahora en la oposición, enrocada en su mal perder, la que mantiene bloqueado el Consejo General del Poder Judicial, con un mandato caducado que debería haber sido modificado hace casi dos años. Solo en dos ocasiones ha estado el CGPJ bloqueado en democracia y en ambas la responsabilidad ha sido del PP, burlando los mecanismos habituales. 

Dicen también en su carta los militares retirados que el Gobierno trata de «imponer un pensamiento único» con leyes como la de Memoria Democrática, una iniciativa que lo único que hace es seguir parte de las recomendaciones de Naciones Unidas, para que España deje de ser el único país europeo que no cumple con los mínimos reconocimientos que una nación democrática debe conceder a las víctimas de una dictadura.

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La impunidad del franquismo es una realidad diagnosticada por organizaciones de derechos humanos internacionales y relatores de Naciones Unidas, que llevan tiempo exigiendo a nuestro país que actúe contra ella. Dicha impunidad explica la deficiente cultura democrática que están mostrando ex altos mandos militares, así como determinados periodistas y políticos, como la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, quien ha dicho estar de acuerdo «con la literalidad» del chat de los militares retirados, chat en el que uno de sus integrantes afirma que habría que fusilar a 26 millones de españoles.

Ayuso ha defendido el último manifiesto de militares retirados, que acusan al Gobierno de suponer «un grave riesgo para la unidad de España y el orden constitucional». Al igual que esos militares, Ayuso contribuye a la crispación y a la falacia, acusando a integrantes del Gobierno de tener posturas contrarias a la Constitución y afirmando que «se está poniendo en tela de juicio el papel de la Justicia y de las instituciones». Ello entronca con la posición de la fundación de José María Aznar, quien ha llegado a aventurar «la ocupación indefinida del poder» de la izquierda y de los nacionalistas. Para justificar la voluntad de terminar con un Gobierno legítimo tienen que mentir, afirmando que éste impulsa un escenario cuasi golpista.

Es el mundo al revés: Militares retirados defensores de Franco hablan en nombre de la democracia, firmantes de manifiestos que no conciben la pluralidad afirman que el Ejecutivo impone el pensamiento único y políticos que se burlan de las víctimas del franquismo acusan al Gobierno de querer instaurar una dictadura.

La derecha está jugando con la buena voluntad de los ciudadanos, intentando generar miedo injustificado, en un momento en el que lo que la gente necesita es entendimiento, responsabilidad política y construcción democrática para que los Presupuestos puedan garantizar recuperación económica, refuerzo de los servicios públicos y políticas sociales que protejan los derechos de las personas más vulnerables.

De fondo, el contexto. El PP está pendiente de varias causas judiciales abiertas y necesita mucho ruido para que esa realidad pase a segundo plano. El rey emérito se arriesga a una investigación por su fraude a Hacienda, se benefició de tarjetas ‘black’ y se llevó también 65 millones de la monarquía absolutista de Arabia Saudí. Esas corrupciones provoca pataletas de mal perdedor entre las derechas. Prefieren desestabilizar el país antes de facilitar que se haga política, algo imprescindible para aplicar medidas que beneficien a la población.

No podemos negarlo: Las derechas españolas se resisten a asumir el carácter democrático de buena parte de la derecha europea. Lo que está pasando estos meses es prueba irrefutable de ello. Ante este contexto una democracia debe reaccionar con contundencia, como hizo Merkel en Alemania -desmanteló un cuerpo de élite del Ejército por sus vínculos con la extrema derecha-, sin ambigüedad, sin ponerse de perfil, porque la política no es solo gestionar, sino hacer pedagogía a través de las palabras y de las acciones.

Están pasando cosas muy graves pero no saltan las alarmas, porque la falta de cultura democrática y de derechos humanos impide que se conozcan bien los precedentes. Un país que no sabe de su pasado está condenado a repetir errores. Una sociedad sin memoria no puede tener un civismo sano, no puede entenderse a sí misma.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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