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El PSOE refuerza la entente con ERC mientras el PSC marca distancias para atraer al votante de Ciudadanos

De nuevo Catalunya se sitúa en el epicentro político. En un momento en el que Pedro Sánchez respira aliviado tras lograr el aval a los Presupuestos Generales del Estado con más apoyos de los que consiguió para la investidura —entre ellos los 13 de ERC y los cuatro diputados del PDeCAT, tras su ruptura con Carles Puigdemont—, las tensiones comienzan a aflorar ante la cercanía de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Los socios se miran de reojo y surgen acusaciones cruzadas incluso entre quienes comparten coalición al tener intereses opuestos de cara a las urnas. Eso les lleva a hacer equilibrismos hasta dentro de un mismo partido. El tablero ha dado un vuelco respecto a los comicios de hace tres años y ERC se ve de nuevo capaz de ganar las elecciones. Los socialistas creen que pueden recuperar el liderazgo del ‘constitucionalismo’ y situarse en tercera posición, mientras se abre la posibilidad de trasladar los entendimientos del Congreso al Parlament. 

El PSOE llega a las elecciones catalanas esta vez de la mano de ERC tras la aprobación de las cuentas públicas y abierto a intercambiar ese apoyo en Catalunya. «En España hace falta mucho diálogo y en Catalunya especialmente igual o más, si cabe. Lo que hay que intentar es introducir el diálogo en las instituciones de Catalunya con todos», expresó este lunes el secretario de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una entrevista en La Hora de TVE. 

«Apoyaremos todo espacio de diálogo político que permita normalizar la situación en Catalunya», respondió Ábalos a la pregunta de si los socialistas llegarían a acuerdos de investidura, presupuestarios o de legislatura con ERC. «Vamos a apostar por el diálogo, la concordia y la reconciliación», expresó Sánchez en una entrevista en El Periódico en la que admitía que «todos» han cometido «errores» en Catalunya. 

La puerta está abierta y supondría una suerte de alianza que daría estabilidad al Gobierno central y a la Generalitat, alejando del poder a Junts, que se ha convertido para unos y otros en un partido incontrolable. De encajar esa ecuación se cumplirían los planes de Catalunya en Comú: una coalición de ERC y comunes con el apoyo parlamentario del PSC, que a priori descarta cualquier pacto que rememore los tiempos del tripartito.

Este mismo sábado la candidata de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, se postuló para «que no se repita la fórmula entre Junts y ERC». «O entre ERC y Junts. Porque el orden de los factores no altera el producto», aseguró.

Desde que las elecciones catalanas quedaran finalmente fijadas para el próximo 14 de febrero el PSC ha centrado su estrategia en alejarse lo máximo posible de los pactos de Gobierno con el independentismo. En los últimos meses, el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha reiterado con insistencia que su partido no formará parte de ningún Govern que tenga en su programa la independencia o un referéndum sobre la independencia. 

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Los socialistas catalanes quieren plantear las elecciones como una dicotomía entre Aragonès e Iceta, con el objetivo de convencer a los contrarios al independentismo de que la papeleta del PSC garantiza una alternativa. «Tras las próximas elecciones o hay un gobierno de continuidad del que tenemos, o hay un gobierno encabezado por los socialistas», exponía el mes pasado el líder catalán en un acto en Lleida. 

Más lejos llegó la semana pasada en una entrevista con la cadena Cope cuando afirmó que su partido también descartaba dar apoyo a ERC desde fuera del Govern. «Catalunya necesita gestión, gestión y gestión, y demostrar que el autogobierno sirve a los intereses de los ciudadanos», dijo Iceta, alegando que para esta tarea el independentismo debía estar en la oposición. El líder de los socialistas se apoya, además, en el rechazo de ERC a pactar con el PSC para probar que una reedición del Tripartit de 2003 es imposible. 

La situación es diametralmente opuesta a la de diciembre de 2017, cuando el PSC llegaba a las urnas acomplejado tras haber apoyado el 155. Iceta pelea ahora por recuperar a parte de los votantes que entonces se fueron a Ciudadanos, en buena medida, según analizaron los socialistas catalanes en su momento, por su posición favorable a conceder los indultos a los líderes independentistas. De esa propuesta se desmarcó inmediatamente el PSOE, que no los descarta ahora que están sobre la mesa.

Para el PSOE es central avanzar en la «normalización» de relaciones con ERC, una de las formaciones que han sido claves tanto en la investidura, cuando optaron por la abstención, como en el apoyo a las cuentas de la pasada semana. Dentro de esa normalización se incluyen las propuestas para indultar a los presos del procés y para reformar el Código Penal en lo relativo al delito de sedición. Dos propuestas que están encima de la mesa en plena precampaña.

«Todos los gestos que se hagan para normalizar y favorecer la convivencia de Catalunya deben ser bien recibidos», expresó Ábalos sobre los indultos en una entrevista en El Periódico. El número tres socialista recoge el sentir de los suyos, cautos en este asunto. No obstante, el anuncio por parte del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con toda la solemnidad que le otorga el Congreso, del inicio de la tramitación de los indultos de los líderes independentistas fue uno de los gestos de Sánchez ante la negociación presupuestaria. En todo caso, una decisión al respecto no parece que llegará antes de los comicios del 14 de febrero.

Los ‘comuns’ señalan al PSC por el retraso de la reforma de la sedición

La otra vía con la que hacen equilibrismos en el Gobierno es la reforma del Código Penal a través de la que se reformulará el delito de sedición. En la teoría supone una adecuación de la tipificación al resto de países europeos tras varios varapalos en la negativa a extraditar a Puigdemont y en la práctica supondría una mejora sustancial en las condiciones de prisión de los líderes independentistas, quienes podrían salir de la cárcel sin tener que conceder el perdón gubernamental. 

Esa modificación del Código Penal estaba prevista para antes de que acabara el año, según el calendario normativo que aprobó el Gobierno en septiembre y en el que se introdujo esa medida en el último momento. Sin embargo, Sánchez ha reconocido que se retrasará. No ya la aprobación final, sino siquiera elevar el Anteproyecto de reforma al Consejo de Ministros en lo que queda de 2020. «No va a dar tiempo», explican en Justicia, donde no ponen una fecha para que llegue al Gobierno el texto de reforma del Código Penal. El departamento de Juan Carlos Campo sí ha llevado otras iniciativas, como la reforma de la LeCrim, que ni siquiera estaban en ese plan anual. Fuentes de Moncloa admiten que es complicado llevarla a cabo en febrero dado que ni siquiera la tienen en agenda.

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Desde En Comú Podem ven motivos electorales en el retraso de la reforma del Código Penal. Fuentes de la formación apuntan directamente al PSC y aseguran que es el partido de Iceta el que ha intentado retrasar el acuerdo para llevar la reforma del delito de sedición al Congreso hasta después de las elecciones. Según argumentan los ‘comuns’, la razón sería que los socialistas catalanes no desean acudir a la campaña teniendo que defender una medida que es polémica entre el votante contrario a la independencia.

Tanto desde el Gobierno como en el PSC niegan categóricamente la versión que ofrece el partido de Jaume Asens. En la Moncloa rechazan que los socialistas catalanes tengan capacidad para dilatar nada, y por parte del partido afirman que «la agenda legislativa es del Gobierno» y «el PSC no ha sido consultado sobre el timing». También en Ferraz aseguran que Iceta no ha pedido una dilación en esa reforma.  

Frente a ese retraso, Unidas Podemos sí quiere llegar a las elecciones catalanas con esos deberes hechos. Pablo Iglesias defendió en una entrevista en La Sexta conceder los indultos «lo antes posible»; pero esa opción fue rápidamente descartada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que reprochó «al cuarto» grupo de la Cámara que se pusiera en posiciones de «precampaña» y aseguró que el Gobierno «no funciona así». La socialista enfrió las expectativas al asegurar que se tardaría en resolver entre cuatro y seis meses. 

En cualquier caso, la patata caliente la tiene ahora el Tribunal Supremo. El organismo que preside Carlos Lesmes debe evacuar un informe en el que exponga su posición ante los indultos. Para ello, debe contar con la opinión de la Fiscalía y de los jueces de vigilancia penitenciaria. Después, emitirá un dictamen que formará parte del proceso deliberativo del Gobierno. Sánchez no ha descartado conceder el perdón gubernamental, pero evita pronunciarse mientras gana tiempo a la espera de los informes pertinentes: «Será entonces cuando responderé a esa pregunta».

Respecto a la reforma del delito de sedición, los comunes también quieren acelerar todo lo posible. De hecho, el portavoz de En Comú en el Congreso, Jaume Asens, hizo llegar su propia propuesta a Justicia, que la enmarca en una iniciativa de un grupo parlamentario y se ciñe al texto en el que está trabajando directamente el ministro, su equipo, y la supervisión de Calvo y Moncloa. «Todo el mundo está preocupado –admiten desde la parte socialista del Gobierno sobre la cercanía de las elecciones catalanas–, pero el Ministerio de Justicia está desarrollando sus ritmos». 

En Unidas Podemos creen que un Anteproyecto de reforma del Código Penal que elimine o renombre el delito de sedición tal y como ahora se contempla ayudaría a razonar los indultos. La idea es que si están condenados por hechos que ya no se van a tipificar, o se hará de otra forma, no tiene mucho sentido que permanezcan en prisión.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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