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Los indicios que apuntan a un trato de favor de la Agencia Tributaria a Juan Carlos I antes de su regularización fiscal

¿Un ciudadano español de a pie habría tenido las mismas posibilidades que Juan Carlos I para regularizar cientos de miles de euros ocultos al Fisco sin enfrentarse a un procedimiento penal por un posible delito fiscal? Distintas fuentes jurídicas opinan que no.

La sucesión de indicios sobre la participación del rey emérito en actividades irregulares desde hace años hacen inexplicable, según esas fuentes, que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no hubiera iniciado actuaciones de comprobación sobre él hace tiempo; antes incluso de que la Fiscalía iniciase la investigación por el uso de tarjetas opacas que desveló en noviembre elDiario.es y que ha precipitado el pago de 678.393,72 euros, entre cuota, recargos e intereses, para evitar su imputación, lo que supone un cambio de estrategia respecto de su defensa en el resto de investigaciones.

Cualquier español tiene derecho a regularizar su situación tributaria antes de haber recibido ningún tipo de requerimiento por parte de la AEAT. El Código Penal dice que cuando un contribuyente presenta una declaración completa y veraz antes de que los jueces hayan comunicado el inicio de un procedimiento contra él, la deuda quedará saldada. Es lo que ocurrió en 2015 con Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos: se libró de un proceso penal porque Hacienda no dio con él antes de regularizar su situación tributaria.

Si al contribuyente en cuestión ya se le ha comunicado el inicio de actuaciones de un procedimiento inspector o de comprobación limitada por parte de la AEAT, la cosa cambia: cualquier intento de regularización voluntaria que intente se entenderá como un pago a cuenta en el procedimiento. Este se descontará de la liquidación final, sin perjuicio de que las actuaciones acaben derivando a la vía penal, en caso de existir indicios de delito fiscal.

Que Juan Carlos de Borbón no hubiera recibido la notificación de actuaciones de investigación o comprobación por parte del Fisco en los últimos años es, cuando menos, sorprendente, coinciden distintas fuentes consultadas por elDiario.es, que piden el anonimato: «Cuando hay tantos indicios de posible fraude de un determinado contribuyente lo razonable es que la inspección fiscal incluya el caso en su plan inspector e inicie actuaciones para evitar precisamente esto», dice un experto con conocimiento del asunto.

«No es normal que no haya sido requerido antes. A ti o a mí nos hubieran crujido», coincide un fiscalista especializado en asesorar a grandes patrimonios.

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A ello se suma una circunstancia absolutamente excepcional en este caso: la posible existencia de un pacto o acuerdo entre los representantes legales del monarca y la Administración tributaria para llevar a cabo esta regularización.

Lo apuntaba Ignacio Ruiz Jarabo, ex director de la AEAT, en un artículo en Vozpópuli: «No es razonable que entre un contribuyente que proyecta regularizar su situación fiscal y la Administración tributaria ante la que proyecta regularizarla se mantengan conversaciones (aún menos negociaciones) sobre el contenido de la regularización».

«La Administración Tributaria que converse, pacte o acuerde con un contribuyente el contenido de su regularización corre el peligro de ser acusada de inacción por no haber iniciado el procedimiento inspector ipso facto y, consecuentemente, favorecer así la regularización voluntaria de aquel, en lo que podría considerarse un trato de favor», explicaba Ruiz Jarabo. Aunque no hay confirmación oficial, fuentes cercanas al caso aseguran a elDiario.es que la declaración complementaria del monarca sería relativa al impuesto de Donaciones, competencia transferida en este caso a la Comunidad de Madrid.

Como quizás involuntariamente señalaba este jueves en la Asamblea de Madrid la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, «la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley» y Juan Carlos I «no es un ciudadano más«. La clave la daba unas horas antes, en una entrevista en la SER, el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ramsés Pérez Boga. Aunque negaba un «trato de favor» al emérito, preguntado por si a un contribuyente ‘normal’ le hubiera pasado lo mismo que a Juan Carlos, reconocía que «habitualmente suele ser al revés» y las actuaciones de la Fiscalía suelen llegar tras una comprobación por parte de la AEAT. «La Agencia Tributaria tiene unos sistemas de control de riesgos y cita a los contribuyentes en base a indicios», pero en el caso de «este contribuyente tan especial», esos indicios, según Pérez Boga, «se obtuvieron a través de las pesquisas de un juzgado».

Según este alto funcionario, la AEAT estaba «atada de pies y manos» y tenía que ceñirse a su función de auxilio judicial una vez que la Fiscalía había comunicado la apertura de sus pesquisas. «Lo penal prima sobre lo administrativo», resume un inspector de Hacienda en activo que pide el anonimato. Fuentes jurídicas opinan que, si no había investigación formal de la Fiscalía (no había presentado denuncia), la AEAT todavía tenía margen para actuar e iniciar un procedimiento. Y otras fuentes apuntan en cualquier caso que la AEAT puede estar «atada de pies y manos ahora, pero no lo estaba antes. Y en esto había que hacerse mucho el despistado para no saber qué es lo que estaba pasando».

La investigación de la Fiscalía sobre las tarjetas opacas que cubrían gastos del rey emérito y de otros familiares, entre los que no están Felipe VI ni Letizia ni las princesas, arrancó hace aproximadamente un año, antes de que en marzo pasado la Fiscalía Anticorrupción enviase una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos sobre la supuesta donación de 65 millones de euros desde una fundación en Panamá cuyo beneficiario es Juan Carlos I a una cuenta de su ex pareja, Corinna Larsen.

Ya en 2018, tras la abdicación del monarca en 2014, todos los medios publicaron las afirmaciones de la ex pareja del emérito, grabadas por el comisario Villarejo, en las que vinculaba a Juan Carlos I con hechos susceptibles de constituir fraude fiscal y blanqueo de capitales y sugería que se había acogido a la amnistía fiscal de 2012. Las grabaciones motivaron la apertura de una pieza separada del caso Villarejo, pero la causa fue archivada por falta de indicios sólidos, sin que siquiera se llamara a declarar a Larsen, y porque se aludía a hechos cometidos cuando el monarca no podía ser investigado. 

Las primeras noticias de que Juan Carlos habría participado de actividades irregulares datan de 2013, tras la primera imputación de la infanta Cristina, cuando trascendió que, según acreditó entonces la AEAT ante el juez del caso Nóos, el rey había prestado a su hija 1,2 millones de euros para la compra de una mansión en Barcelona mediante dos transferencias realizadas en 2004. A esa fecha, la infanta apenas había devuelto 150.000 euros del préstamo. El monarca se libró de comparecer en el caso por esa operación, que se simuló como un préstamo para ahorrar en impuestos que en cualquier caso habría tenido que abonar la destinataria de ese préstamo. Juan Carlos I era jefe del Estado cuando tuvo lugar la transacción y, por tanto, gozaba del manto de protección de la inviolabilidad. Además, los hechos estaban ya prescritos cuando fueron investigados.

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Su declaración complementaria no implica, desde el punto de vista del derecho tributario, el reconocimiento de ningún delito por parte del emérito. De hecho, la ha presentado porque existía el riesgo de que si se abría ese procedimiento en el Tribunal Supremo ese fuera el resultado. Tampoco puede decirse en puridad que haya pagado una sanción. Al ser una regularización voluntaria, antes de que haya ningún requerimiento administrativo, la ley contempla recargos que van del 5%, 10%, 15% o 20% de lo defraudado, en función del tiempo transcurrido desde que finalizó el plazo de declaración voluntaria, más los intereses de demora con los que se indemniza a la Administración por el retraso.

Con esta declaración extemporánea, Juan Carlos I se libra del procedimiento inspector, de un posible expediente sancionador y, por supuesto, del procedimiento penal, salvo que la Fiscalía detecte otras irregularidades una vez analizada su regularización. Si se comprueba que la regularización es cierta y completa, se acabará el procedimiento. Si no, en tanto no prescriba, podrían actuar tanto Hacienda como la Fiscalía. En ese caso, podrá demostrarse, como dijo el monarca en aquel famoso discurso navideño en 2011 en alusión a su yerno, Iñaki Urdangarin, que «la justicia es igual para todos».

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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