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Josefa, Carlos, Emilio, Tania… Los ciudadanos que consiguieron recuperar Meirás del expolio franquista

Acababa de morir Francisco Franco, en noviembre de 1975, y en Galicia no tardaron en surgir voces reclamando la restitución al pueblo del Pazo de Meirás. La familia del dictador no podía heredarlo sin más. «Siempre existió en la memoria colectiva que fue un robo. El problema era cómo conseguir su devolución. Había cero documentación», recuerda Carlos Babío, una de las piezas clave del movimiento civil que propició alcanzar «lo impensable»: que la emblemática propiedad con la que se hizo en 1938 el autoproclamado jefe del Estado sea patrimonio público.

«Es una victoria absolutamente colectiva de la sociedad gallega, que se organizó desde la base para lograr que las administraciones se coordinaran y que el Estado cogiera la bandera», defiende. Costó casi medio siglo en democracia construir, paso a paso, el consenso social y político, así como el relato histórico, riguroso y documentado, que fueron claves e imprescindibles para recuperar el pazo. Fue un proceso largo y difícil. La reclamación de las Torres de Meirás «responde a una madurez del sistema democrático», recoge la jueza Marta Canales en la histórica sentencia que devuelve al Estado el dominio tras 82 años de ocupación franquista.

«El éxito se debe a que fue un proceso de unidad, de caminar todos juntos, sociedad civil y política, por un proyecto común», reseña Emilio Grandío, uno de los profesores universitarios de Historia a los que acudieron desde el primer momento asociaciones y víctimas empeñadas en sacar a la luz uno de los expolios más simbólicos de la dictadura. Construir el relato histórico del pazo de Meirás «con hechos rigurosos y bien documentado» no resultó fácil, destaca el académico. Pero se logró y «marca la diferencia entre una dictadura, donde se mezcla público y privado, y una democracia».

Complicado fue también lograr que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo para que actuaran las instituciones. «Hubo que saltar muchos obstáculos por la derecha y por la izquierda», subraya Carlos Babío. Militante del BNG, formación por la que fue concejal de Sada, su historia personal nutre el relato de cómo la sociedad gallega logró articular la recuperación del pazo. Ver cómo cada vez que se mentaba su abuela Josefa rompía a llorar le llevó a convertirse en uno de los primeros investigadores y divulgadores de una historia, la del Pazo de Meirás, oculta, tabú y simbólica durante 40 años de dictadura y otros tantos de democracia.

Viuda con cinco hijos, dos de ellos pequeños, Josefa fue expulsada en 1938 sin mediar papeles ni dinero de su pequeña casa de labranza situada a pie del Pazo de Meirás. Los políticos y empresarios franquistas que querían regalárselo al autoproclamado caudillo necesitaban la humilde morada de los Babío para reconvertirla en la vivienda del guardia-hortelano de la mansión. «Si no se marchaba, sería transportada a ‘zona roja’ y dejada a su suerte», relató otro de sus nietos en el juicio del pasado mes de julio.

En 1941, con Franco ya instalado en el que sería escenario estival de la dictadura, Josefa fue llevada a firmar una escritura de venta de la casa por 50.000 de las antiguas pesetas. Solo le dieron 5.000. Su historia está recogida en la sentencia como una de las pruebas de que hubo «transmisión forzosa» de las propiedades. No fue, como relatan el franquismo y miles de minutos del NO-DO, una «donación del pueblo» al dictador.

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Las primeras iniciativas clamando por la devolución y negando legitimidad a la familia Franco para conservar la propiedad se presentan en 1977 de la mano de Asamblea Popular Gallega y el Centro de Cultura Popular de A Coruña. Poco después, Esquerda Galega presentó una batería de iniciativas reivindicando su restitución. Cuando A Coruña se rebeló en 1982 por la designación de Santiago como capital de la incipiente autonomía gallega, el exalcalde socialista Francisco Vázquez propuso comprarla por 180 millones de las antiguas pesetas para convertirla en sede de la Xunta de Galicia.

Seis años después hubo otra oferta institucional millonaria por parte de la Diputación de A Coruña, presidida entonces por uno de los hombres fuertes del PP gallego y ex alto cargo de la dictadura, José Manuel Romay Beccaría. Negoció con la familia Franco. Pero la operación no salió adelante. Aquel año murió Carmen Polo, la viuda del dictador, que cobraba una pensión pública de 12,5 millones de las antiguas pesetas, cuatro más que el entonces presidente del Gobierno, Felipe González. Y su hija única, Carmen, pasó a encabezar la familia, que consideraba el pazo como su búnker personal. Los Franco, en democracia, seguían siendo intocables.

La historia del Pazo de Meirás en la década de los 90 devolvió las reclamaciones a la oscuridad. Manuel Fraga, integrante en los años 60 de varios consejos de ministros del franquismo que allí se celebraron, se convirtió en febrero de 1990 en presidente de la Xunta. De Meirás solo se hablaba cuando los herederos del dictador vendían la exclusiva a revistas del corazón de algunas de sus bodas. Las fincas de vecinos incautadas por la fuerza, las donaciones obligatorias del pueblo «para pagar el pazo», los testimonios orales de cómo fue «robado, no donado» eran «secretos a voces» que nadie se atrevía a comentar en público. «Muchas veces los vecinos me preguntaban si no temía represalias», recuerda Babío, que buscó incansablemente documentos y testimonios. Hubo que esperar a 2005 para que las cosas empezaran a cambiar.

En A Coruña se creó la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) y grupos de trabajo con académicos para intentar construir el relato histórico del pazo. En junio las urnas desbancaron a Fraga de la Xunta, que pasó a manos de socialistas y nacionalistas. Dos años después, el BNG consiguió, por primera vez en democracia, la Alcaldía de Sada. «Cuando llegué al despacho, tuve que quitar el retrato de Franco», cuenta el que ocupó entonces el cargo de regidor, Abel López. Su antecesor desde el principio de la democracia, Ramón Rodríguez Ares, es un ferviente franquista. Durante los veranos del dictador en Meirás, era mancebo de farmacia y le llevaba las medicinas. En el juicio del pasado mes de julio, declaró como testigo de los Franco.

Para los nacionalistas de Sada, entre ellos Babío, concejal del gobierno municipal hasta 2011, era la oportunidad de avanzar en la reclamación del pazo. La Consellería de Cultura, en el reparto del Gobierno bipartito de la Xunta, estaba en manos del Bloque. Y tenían documentación que corroboraba «el expolio que la memoria colectiva mantenía vivo», dice López. Plantearon y convencieron a la entonces conselleira, Ánxela Bugallo, para que tramitase un expediente para declarar las Torres de Meirás bien de interés cultural (BIC). Eso obligaría a los Franco a abrirlas al público cuatro veces al mes. Pero los herederos del dictador, aquel agosto de 2007, dieron con las puertas en las narices a los técnicos de la Xunta que acudieron para inspeccionar la propiedad y comprobar si reunía las condiciones para ser catalogada y protegida.

«Lo del BIC era dar un primer paso. No era el fin último, la devolución del pazo, pero no se podía decir, había que ir poco a poco, ser prudentes», relata el exalcalde nacionalista. «Fueron momentos muy duros, nos dio cero rédito político, perdimos mucho. Meirás se llenó aquel verano de prensa rosa y programas de telebasura que defendían, como los Franco, aquello de ‘Santa Rita, lo que se da no se quita’». Hasta los vecinos de Meirás, una parroquia rural de la villa costera de Sada, se rebelaban contra la declaración de protección cultural del pazo. Alentados por el PP local, estaban convencidos que la declaración BIC les impediría «mover una teja de sus casas u obrar en sus fincas». Y la familia Franco se amparó en la Constitución y en sus derechos fundamentales para emprender una cruzada judicial contra el Gobierno bipartito de la Xunta. Invocaba la inviolabilidad de su domicilio.

Pero la resistencia de los descendientes del dictador tuvo, no obstante, un efecto bumerán y propició que se pusiese el foco en el colosal patrimonio con el que se hizo Franco durante la dictadura. Disfrutaban en democracia de toda impunidad. Las Torres de Meirás eran el símbolo de aquel expolio. Los movimientos civiles, a través de asociaciones cada vez más activas y organizadas, consiguieron levantar el manto de silencio que protegía a los herederos. La contestación social no cesaba de crecer. En Madrid, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero daba luz verde a la primera Ley de Memoria Histórica. En Meirás, para escenificar su control sobre el pazo, la familia celebró en el verano de 2008 el enlace de una bisnieta. Pero esta vez la noticia también estaba en las puertas del edificio: hubo una ‘contraboda’ amenizada con charanga y muchos gritos de «devolución del pazo que el pueblo pagó de su bolsillo». La presión social era cada vez mayor.

Poco antes la Xunta, presidida por el socialista Emilio Pérez Touriño, había logrado al fin que un juzgado de lo contencioso-administrativo permitiese, por primera vez en una democracia entonces ya treintañera, que el poder público entrase en el Pazo de Meirás. Los técnicos realizaron una inspección de la propiedad y un exhaustivo reportaje gráfico, «que se guardó bajo 7.000 llaves». «Teníamos miedo a dar un paso en falso y que la familia consiguiese anular todo el proceso por vulnerar su derecho a la intimidad», cuenta Carlos Amoedo, entonces secretario xeral de la Consellería de Cultura. Los Franco seguían siendo «intocables», recalca el ex alto cargo, catedrático de Derecho Administrativo. «Pero las cosas se fueron haciendo bien. Hay que hacer una lectura ecuánime de todo este proceso, en el que todos fueron necesarios, nadie sobró. Costó pero se logró», defiende.

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El Pazo de Meirás fue declarado BIC, en la categoría de sitio histórico, el 30 de diciembre de 2008. Un par de meses más tarde, Alberto Núñez Feijóo se convirtió en presidente de la Xunta. Y esperó a que el Tribunal Supremo avalara en 2010 la catalogación de la propiedad de los Franco. Aquel fallo daba la razón a la Xunta pero también a la familia del dictador, en cuanto a que no todas las estancias del edificio podían abrirse al público. Seguía jurídicamente siendo «un domicilio privado».

Feijóo se plegó a los deseos de los Franco y pagó con fondos públicos durante dos años (2011 y 2012) las visitas al pazo, que abría cada viernes. Mientras, avanzaba y mucho la investigación sobre cómo el dictador se hizo con el dominio. Apareció un informe oficial y reservado de 1939, firmado por un teniente coronel de la Guardia Civil, que desvelaba con detalle la operación para comprar, ampliar y entregarle a Franco la propiedad enclavada en Sada. Se había pagado con dinero público: todos los ayuntamientos de la provincia de A Coruña fueron obligados a pasar por caja y entregar el 10% de lo que recaudaban con el impuesto de la contribución.

«Ese documento dio un salto cualitativo a la investigación, cambió el relato», subraya Emilio Grandío. Permitió, además, descubrir muchos otros documentos ocultos en archivos, recabar pruebas en ayuntamientos de aquellos pagos. Pero la devolución del pazo al patrimonio público «seguía siendo una auténtica quimera», dice el historiador. «Seguíamos reclamándolo, pero sin avanzar», corrobora Carlos Babío. Y es que tampoco existía aún el imprescindible consenso político. Núñez Feijóo y su partido se oponían a cualquier demanda de restitución. Expropiarlo sería aplicar «un mecanismo franquista», afirmaba el presidente gallego en otoño de 2017.

Pero ese año hubo varios «detonantes» que dieron un giro a la reclamación social cada más fuerte, explica Babío. La familia del dictador puso las visitas al pazo en manos de la Fundación Francisco Franco, quien dejó claro que las aprovecharía para hacer apología de la dictadura. La Xunta dejó hacer.

La Diputación de A Coruña constituía la Xunta Pro Pazo con una ristra de ayuntamientos, universidades, instituciones y entidades sociales, todas unidas por el objetivo de articular un plan sólido y documentado para devolver el Pazo de Meirás al patrimonio público. «Era la primera vez que se llevaba al plano institucional lo que reclamaba la calle», explica Babío. Poco después, el PP gallego, con la abstención de una escéptica oposición, acordaba crear una comisión de expertos «para analizar los mecanismos» para una restitución «sin implicar un coste al pueblo gallego, que ya lo asumió en 1938».

Ambas iniciativas políticas llegaron a la misma conclusión: la única forma de desalojar a la familia del general golpista de la propiedad que ocupaba desde hacía ocho décadas era que fuese el Estado el que hiciese la demanda judicial. Pedro Sánchez acababa de desbancar a Mariano Rajoy en La Moncloa y el Parlamento gallego aprobó por unanimidad instar al nuevo Gobierno central a reclamar ante la Justicia el Pazo de Meirás. Que todos los partidos se pusieran de acuerdo requirió «mucha altura de miras y sentidiño», afirma Fernando Souto, presidente de la CRMH de A Coruña.

A punto estuvo de irse a traste el consenso político imprescindible para llevar a buen puerto la demanda. El PP de Feijóo «dio un giro de 180 grados«, se congratulan Babío y Souto. Pero en el ala contraria se mantenían las divergencias y había quienes aún seguían defendiendo que lo más efectivo era la carta de la expropiación forzosa de los Franco. «No fue fácil conseguir que se uniera la izquierda, hubo que hacer mucha pedagogía», confiesa Babío. Pero se logró.

Souto también remarca «la enorme diversidad de gentes e instituciones de todos los colores» que están detrás de este triunfo. «Meirás es un entramado de corrupción y actitudes antidemocráticas que siguen aún vigentes, y desenredar esa maraña se consiguió porque hubo un punto de encuentro de todo el espectro político», afirma. Que nadie se atribuya paternidades, ruegan. «No es frecuente esa unanimidad, ojalá se mantenga», apunta Emilio Grandío. El Estado tomó posesión este viernes del Pazo de Meirás y ya están sobre la mesa las diferencias sobre los usos y gestión que se dará a la propiedad, provisionalmente en manos públicas hasta que haya sentencia definitiva.

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«Esto fue posible porque se ha hecho entre todos», sostiene Carlos Babío. El exconcejal del BNG de Sada colaboró estrechamente con la Abogacía del Estado en los muchos meses que le llevó armar la demanda y testificó como perito de la administración en el juicio de julio pasado. Su libro Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio (2018), coescrito con Manuel Pérez Lorenzo, fue incorporado como prueba documental en el abultado sumario. Permitió, dice la jueza en su sentencia, «comprender el proceso histórico». La sentencia da por «probados muchos de los contenidos del libro y afirmaciones de sus autores».

Y es que explicar qué representa hoy el Pazo de Meirás sigue sin ser fácil. «Me hacéis un esquema para que lo entienda», reclamó la joven Tania cuando el año pasado se planteó en la CRMH hacer una exposición sobre el tema. Durante meses, una decena de veinteañeros arquitectos, sociólogos, periodistas e historiadores estuvieron confeccionando un recorrido gráfico y didáctico por la historia del Pazo de Meirás que, en grandes paneles, está en las calles del centro de A Coruña. «Una visión del futuro sobre los errores y trampas del pasado», afirma el presidente de la Comisión pola Memoria Histórica. Porque de eso se trata, coincide Carlos Babío: de que «Meirás sirva de ejemplo de lo que ocurre en dictadura y de lo que no hay que hacer nunca en democracia».

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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