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PP y Vox: la batalla por el relato de una España sin libertades

Lunes, 30 de noviembre. Comienza una nueva semana en la España que PP, Vox y las terminales mediáticas de la extrema derecha consideran una suerte de democracia liberticida desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Las derechas hablan de un sistema que se desmorona, y en el que no existen libertades por culpa de la coalición en el Gobierno. «Libertad» es, de hecho, el grito que vociferan esas fuerzas políticas, desde sus escaños del Congreso de los Diputados o en las movilizaciones plagadas de banderas que recorren las ciudades del país desde hace meses contra cualquier decisión del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, ya sea la nueva ley educativa, el proyecto de normativa sobre la eutanasia o las medidas para hacer frente a la pandemia, similares a las que aplican las derechas en otros países europeos o incluso en las autonomías donde gobiernan PP y Ciudadanos.

El país es, según este relato que tratan de construir los líderes de PP y Vox, un «régimen» en el que la oposición es perseguida por un Gobierno «social comunista», apoyado por «filoetarras», que las derechas no tienen reparos en equiparar al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, o al castrismo cubano, donde según las tesis de los conservadores españoles los partidos disidentes son perseguidos y sus dirigentes, encarcelados y torturados. Paradójicamente, cuanto más alardean de vivir en una dictadura más graves son los insultos y descalificaciones que vierten contra los miembros del Gobierno. PP y Vox no sólo es que ejerzan con plena libertad su derecho a la legítima crítica política, sino que incluyen en ella descalificaciones y gruesas palabras contra la izquierda, a la que consideran enemiga de todo tipo de orden legal.

Aquel 30 de noviembre se iniciaba una semana decisiva para la política española. Solo tres días después, el jueves, el Congreso iba a aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado, los primeros que saldrían adelante tras tres años de prórrogas de las Cuentas de Cristóbal Montoro, el exministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy. La propuesta del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos contaba con el respaldo de una amplia mayoría de la Cámara Baja gracias al apoyo de una decena de grupos, más que en 2018, cuando el PP contaba con mayoría absoluta y tan solo logró el voto a favor de Ciudadanos y PNV.

Vox y sus terminales mediáticas pusieron condiciones imposibles para sentarse a negociar con el Gobierno esos nuevos Presupuestos: no solo plantearan un giro de 180 grados a la política económica del Ejecutivo con bajadas masivas de impuestos en un momento en el que todos los organismos internacionales reclaman un mayor gasto público para hacer frente a las consecuencias laborales y empresariales de la pandemia, sino que directamente exigían la ruptura de la coalición. E impusieron vetos a partidos que, según su criterio, no podían votar a favor de las cuentas como EH Bildu o ERC, formaciones con las que, paradójicamente, las derechas sí votaban conjuntamente para sacar adelante 17 enmiendas a esos mismos Presupuestos.

Esa fue la semana en que un diputado del PP dijo directamente que «los Presupuestos están manchados de sangre». Semejante afirmación se apoyaba sobre el respaldo de la formación abertzale que, según el propio líder de los populares, Pablo Casado, la forman los «chivatos» que colocaban la diana en la que disparaba ETA. «Ha pactado con los de Hipercor», le dijo Casado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, ajeno a las advertencias de distintas víctimas del terrorismo que piden no ser utilizadas contra el Gobierno.

La semana comienza con otro elemento que va a marcar la trifulca política. El domingo, 29 de noviembre, el diario El País revelaba que 73 mandos del Ejército de Tierra retirados habían enviado al rey una carta en la que aseguraban, con los mismos argumentos que PP y Vox, que España vive una situación de «deterioro», en la que la «cohesión nacional» corre graves riesgos, «tanto en su vertiente política como económica y social». Tras culpar al Gobierno «socialcomunista, apoyado por filoetarras e independentistas», de amenazar «con la descomposición de la Unidad Nacional», en la misiva muestran su apoyo y lealtad al monarca «en estos momentos difíciles para la Patria». Según recogió el diario, entre los firmantes del escrito estaban un teniente general, José María Fernández-Bastarreche, que fue Mando de Personal del Ejército de Tierra; dos generales de división, Ángel Gil Barberá y Francisco Fernández Sánchez; y cuatro generales de brigada.

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A lo largo de esos días iban a sumarse más iniciativas de este tipo promovidas desde los estamentos militares y azuzadas en todo momento por los discursos de PP y Vox, como el chat de WhatsApp, adelantado por infoLibre, en el que otros altos mandos militares retirados, en este caso del Ejército del Aire, vertieron amenazas de muerte y expresaron anhelos de golpes de Estado contra un Gobierno que consideran ilegítimo. En el caso del partido de Casado, no hubo un desmarque explícito hasta el viernes, 4 de diciembre.

La formación de Abascal no solo no llegó a criticar las iniciativas de los militares retirados, sino que su portavoz en el Congreso, Macarena Olona, llegó a justificarlas asegurando que esos antiguos miembros del Ejército son afines a Vox: «Por supuesto que son nuestra gente», dijo ella durante un tenso debate en la Cámara Baja con el diputado socialista Odón Elorza.

El lunes, el PP recurrió a un viejo mantra contra la izquierda. Habló del manido «se rompe España» que los populares suelen utilizar contra el Gobierno cuando está en manos de las fuerzas progresistas. El hecho de que los Presupuestos fueran a ser apoyados por ERC o EH Bildu implicaba, en opinión de la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, que los españoles lo pagarán «a golpe de talonario» y para «romper España». Gamarra fue la diputada que eligió Pablo Casado para reivindicar el giro al centro con la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, pero pronto se ha adaptado a este tipo de cursos.

Apenas unas horas antes, en una entrevista en Antena 3, el propio Casado había asegurado lo siguiente: «No quiero estar en los extremos, no quiero estar con los radicales sino con aquellos a los que no les importan los logotipos ni los clichés ideológicos sino el empleo o la educación».

Estas palabras las pronunciaba el primer líder del PP que pactó con la extrema derecha para que su partido mantuviera el gobierno en comunidades y ayuntamientos, y que apenas 24 horas después, el martes, 1 de diciembre, llegó a equipararse a sí mismo con los líderes opositores venezolanos o cubanos, recurriendo, de nuevo, a esa supuesta falta de libertades que, a su juicio, existe en España desde que gobierna la izquierda, a la que desde hace meses acusa de querer instaurar una «dictadura». Casado habló directamente de estar dispuesto a entregar su vida en esa lucha por la democracia.

«El objetivo del PP es defender la libertad como el bien más preciado que tiene el ser humano y por el que bien merece arriesgar la vida. Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y venezolanos, eso es lo que haremos la oposición en España, y estoy seguro que eso es lo que harán la inmensa mayoría de españoles cuando tengan la oportunidad de elegir», proclamó durante su intervención en una conferencia del XIII Foro Atlántico que organizó la Fundación Internacional para la Libertad. El líder del PP también asemejó al Gobierno español con el venezolano, vinculando al Ejecutivo de Sánchez con los «asesinatos» en el país caribeño.

«El régimen bolivariano del socialismo del siglo XXI y el Alba fue la punta de lanza, sostenida por el régimen castrista, pero luego financió e impulsó el radicalismo populista que ahora campa por Europa y muy especialmente aquí, en España. Han ascendido al Gobierno partidos abiertamente antisistema, que reniegan de la esencia de nuestro Estado de Derecho y de nuestro pluralismo político», añadió Casado. A su juicio, España se encuentra no solo ante «un retroceso en términos democráticos». Para el presidente popular la actual actitud del Gobierno «es, además, la mayor amenaza a la que se enfrenta» la «libertad». De hecho, Casado consideró que «el COVID ha traído consigo una dura realidad: por primera vez, España corre el riesgo de no ser lo que los españoles quieran que sea, sino el resultado de la ingeniería social de un Gobierno».

Esa misma tesis la reivindicó un día después el expresidente José María Aznar, padrino político de Casado. El miércoles, 2 de diciembredurante un foro con opositores venezolanos, Aznar consideró que los españoles deben ser «muy sensibles» ante la situación en Venezuela. «Aquí en España pasan cosas que antes se decían que no podían pasar igual que antes en Venezuela se decía que no iba a pasar», advirtió. Son, según el expresidente, «peligros muy graves», porque «cuando se abre un camino de deslegitimación institucional, de cuestionamiento democrático de un sistema, se abre un camino peligroso. Y si los que abren ese camino tienen como modelo, han sido consejeros, cómplices, auspiciadores de los movimientos dictatoriales, revolucionarios, bolivarianos en Latinoamérica, eso es excesivamente peligroso para España», dijo, en alusión a Unidas Podemos.

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También la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre denunció el jueves, 3 de diciembre,que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «está siguiendo el programa de Podemos, que no es de Gobierno, es de cambio de régimen». «Ellos creen que con el 51% de los escaños pueden hacer cualquier cosa como cambiar la Constitución. Nos quieren llevar a lo que es Venezuela, el bolivarianismo. Quieren hacer eso en España, el socialismo del siglo XXI que es ausencia total de libertad». No obstante, Aguirre auguraba al Ejecutivo progresista «muy larga vida» tras la aprobación de sus Presupuestos.

Precisamente para redondear las duras acusaciones lanzadas en los últimos meses, que tratan de difundir la idea de un Gobierno ilegítimo, la dirección popular reaccionó el jueves al visto bueno que dio el Congreso a las Cuentas asegurando que su aprobación «consuma la gran traición» de Pedro Sánchez «a los españoles». Frente a esos supuestos pulsos autoritarios, Génova 13 se erigió en defensora de la «libertad», y no dudó para ello en retorcer lo que dice la nueva ley educativa o en intentar presentar al grupo creado por Moncloa para luchar contra la desinformación como un «ministerio de la verdad».

Ese jueves, ocuparon un lugar destacado en la mayoría de los medios de comunicación los citados mensajes de un chat de WhatsApp revelados por infoLibre en el que militares retirados hablaban de fusilar a 26 millones de españoles –los que según ellos respaldan al Gobierno progresista– y manejaban su deseo de que se perpteraran golpes de Estado contra el Gobierno que cuenta con una holgada mayoría en el Congreso.

Desde el móvil del general de división Francisco Beca se envió el siguiente mensaje: «Yo lo he leído [un libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil], como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta». Y desde el teléfono del capitán retirado José Molina se redactó lo siguiente: «Me he levantado esta mañana totalmente convencido. No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe. Eso es lo que quiero. Es mucho pedir?». Beca respondió a este último mensaje: «Pero Curro [apodo amistoso para Molina] para que mueran hay que fusilarlos y hacen falta 26 millones de balas!!!!!!!!!!».

El Ministerio de Defensa remitió el jueves estos mensajes a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La titular de la cartera de Defensa, Margarita Robles, pidió al Ministerio Público que investigara «su eventual relevancia penal, en defensa de la legalidad», lo cual enardeció aún más a otro grupo de militares, que impulsaba una nueva declaración contra el Gobierno y la «situación actual de España». En el texto, difundido también por infoLibre, alertan de que la unidad de España está «en peligro» y de la «imposición de un pensamiento único». «Dada su minoría parlamentaria para formar Gobierno, el PSOE optó por la coalición con los comunistas y el apoyo de independentistas/golpistas catalanes y proetarras vascos, aceptando para ello los desprecios a España, las humillaciones a sus símbolos, el menosprecio al Rey y los ataques a su efigie», explican en el texto.

Ni las cartas, ni los mensajes de WhatsApp provocaron ninguna reacción por parte del rey, pese a que las misivas apelaban directamente a Felipe VI, que sigue ausente. La Casa Real no hizo público ningún comunicado ni se posicionó extraoficialmente al respecto. Tampoco ha dicho nada la Jefatura del Estado sobre la estrategia de PP y Vox de tratar de involucrar al rey en su cruzada contra el Gobierno, una constante por parte de ambos partidos en los últimos meses. La formación de Santiago Abascal llegó a incluir a Felipe VI como argumento para la moción de censura que desbarató el Congreso el pasado 22 de octubre y que retrató a los diputados de la extrema derecha solos en sus escaños. Durante su discurso, el candidato en Catalunya, Ignacio Garriga, lanzó vivas al rey desde la tribuna que fueron coreados por parte de su bancada.

Hasta el viernes, 4 de diciembre, nadie del PP había salido a desautorizar tampoco las cartas de militares retirados ni los wasaps que pedían fusilamientos y golpes de Estado. El jueves, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, se limitó a señalar que «la opinión que haya manifestado un militar no es la opinión de las Fuerzas Armadas». «Este partido es leal a nuestras Fuerzas Armadas y les trasladamos todo nuestro apoyo», añadió.

El propio líder del PP, Pablo Casado, evitó también el jueves condenar el contenido del chat en respuesta a preguntas de una reportera de La Sexta. A primera hora del viernes, era la secretaria de Organización de los populares, Ana Beltrán, la que había mantenido esa misma línea. «Independientemente de lo que hayan dicho, que puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, por supuesto, y sobre todo en alguna terminología, a mí lo que me parece importante es resaltar la labor que hace el Ejército español», respondió Beltrán durante una entrevista en TVE.

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No fue hasta horas después, al mediodía del viernes 4, cuando Casado decidió rectificar y consideró «intolerable» lo que decían esos mensajes. «Este chat me parece absolutamente lamentable e intolerable. Por lo que he leído, está en manos de la Fiscalía, así que espero que haya un procedimiento y se depuren responsabilidades», aseguró el líder del PP. «Estoy convencido que este chat entra dentro de errores personales que habrá que depurar en todo caso», añadió. Sobre las cartas a Felipe VI, Casado se limitó a señalar que «la función del rey es una función de imparcialidad absoluta como símbolo del Estado». Y en su opinión, «en el caso de Don Felipe esa imparcialidad ha sido absolutamente escrupulosa durante todo su reinado y el compromiso con la democracia de la monarquía ha sido irreprochable».

Este desmarque de Casado no impidió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las grandes apuestas del líder del PP –a la que siempre pone como ejemplo de gestión– que el lunes se refirió al Gobierno de la nación como un «régimen totalitario», sostener el domingo, 6 de diciembre, que compartía las inquietudes expresadas por militares retirados que han publicado manifiestos y han enviado una misiva al rey porque, a su juicio, hay «miembros del Gobierno que estarían de acuerdo» con «derrocar la Constitución».

Ayuso realizó estas declaraciones en el Congreso, durante la celebración del 42 aniversario de la aprobación de la Carta Magna que estuvo marcada por la polarización política y un duro cruce de reproches entre las derechas y el Gobierno sobre quién es más desleal al texto constitucional. El día comenzó con un nuevo jarro de agua fría sobre quienes, como PP y Vox, tratan de erigirse en defensores a capa y espada el sistema de 1978 y la ejemplaridad de la Jefatura del Estado durante cuatro décadas: la publicación en el diario El País de la decisión de Juan Carlos de Borbón de solicitar a Hacienda una regularización del dinero que gastó a través de tarjetas opacas al fisco español.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta vez decidió ponerse de perfil ante ese asunto. Sánchez, que hace apenas cinco meses calificó las noticias sobre las finanzas del rey de «perturbadoras» e «inquietantes», no respondió en esta ocasión a los periodistas tras la breve declaración que hizo en el micrófono colocado en el patio del Congreso y tampoco tuvo que pronunciarse tras el acto puesto que en esta ocasión las medidas anti-COVID le permitieron volver a Moncloa sin pasar por el habitual corrillo como el que el año pasado le obligó a remangarse.

En el asunto de Juan Carlos I sí se mojó el PP, aunque para defenderlo. «Yo me quedo con el legado del rey don Juan Carlos para ser arquitecto de la Transición, para ser pieza imprescindible en la recuperación de las libertades, la democracia, también a la hora de elaborar esta Constitución y los asuntos que haya hecho de forma privada entran dentro de otro poder del Estado que será el que tendrá que dilucidar si hay alguna responsabilidad», fue la respuesta del día de Pablo Casado. «Del rey Juan Carlos solo puedo recordar el papel tan importante que ha tenido en este país y todo lo que le debemos todos los españoles –había afirmado minutos antes Isabel Díaz Ayuso–. Este país le debe mucho al rey Juan Carlos y si hay un buen día para reivindicar su legado es hoy».

PP y Vox utilizaron en todo caso la celebración para volver a lanzar sus acusaciones de ilegitimidad y autoritarismo contra el Gobierno. «Los que se declaran enemigos de la Constitución están en la dirección del Estado tal y como ellos mismos han reivindicado tras la aprobación de los presupuestos», aseguró Casado, que paradójicamente se situó a renglón seguido en la «moderación» y se mostró convencido de poder atraer a los socialdemócratas. El mantra contra la coalición lo repitieron algunos de los presidentes autonómicos conservadores, entre ellos Juanma Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijóo, y coincidió con el posicionamiento de la extrema derecha. «Los enemigos de la Constitución están en el Gobierno», expresó el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Un día antes, el sábado, 5 de diciembre, el presidente de Vox, Santiago Abascal, viajó a Lanzarote a lanzar sus consignas contra la inmigración ilegal, planteando deportaciones masivas o el cierre de los CIE. Durante su intervención, entre apenas unas decenas de seguidores, criticó que el Gobierno de España «haga noticias» del chat de los militares retirados cuando está en el «chat de la ETA» para aprobar los Presupuestos, en el «chat del comunismo» y en el «chat del separatismo golpista».

Además de por Abascal y Casado, el ambiente irrespirable del 42º aniversario de la Constitución había sido caldeado durante la semana por algunos de los referentes mediáticos de la derecha y de la extrema derecha. Carlos Herrera, en la Cadena COPE, propiedad de la Iglesia, dijo que el Gobierno era «el Isis de la pandemia». La ocurrencia sale de juntar las iniciales de los apellidos de Iglesias, Sánchez, Illa y Simón, los grandes demonios de la derecha.

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Durante su monólogo, Herrera consideró que todos esos dirigentes forman el «ISIS de la pandemia». «El ISIS es Illa, Sánchez, Iglesias y Simón», dijo. Además, el comunicador trató de ironizar sobre el comité de expertos que asesora a la Moncloa en la gestión del coronavirus con las siguientes palabras: «Sánchez, ¿los expertos eran el Pato Lucas, el tren de la Bruja, Josu Ternera, Junqueras desde la cárcel o el Che Guevara para contentar a Podemos? Este caso es muy grave porque este comité de expertos sirvió para tapar las huellas de la barbaridad perpetrada antes del 8-M en España. Cuando se descontroló el virus por no suspender el akelarre de Montero y Calvo y cientos de eventos en España. Y sirvió para justificar el estado de alarma que arrestó domiciliariamente al país durante meses y hundió su economía».

En EsRadio, Federico Jiménez Losantos, que estos días anda de gira por los medios para presentar su libro, añadió acusaciones incluso más graves. A su juicio, «estamos viviendo el tráiler del apocalipsis» en España –así lo aseguró en una entrevista en El Mundo– por culpa del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, porque «después del comunismo ya no hay nada».

Toda esta retahíla de palabras gruesas y acusaciones públicas se produjo en una sola semana y en España, una democracia que las derechas consideran que está gestionada por un Gobierno «liberticida» y dictatorial, pero en la que Herrera, Losantos, Casado, Abascal, Ayuso y demás dirigentes de las derechas hablan y descalifican a sus adversarios políticos desde todo tipo de plataformas, y con libertad absoluta.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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