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300 expertos en Salud piden la creación de un organismo autónomo que fiscalice proyectos como el hospital Isabel Zendal

Alrededor de 300 investigadores y sanitarios, en su mayoría economistas de la salud pero también clínicos, epidemiólogos, directivos de hospitales y enfermeros, han pedido en un documento lanzado este lunes la creación de una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias que valore económicamente los proyectos y medidas sanitarias públicas. El modelo de mecanismo por el que abogan para su elaboración es el de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF), y el referente, el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (NICE) del Reino Unido. De hecho, por este último, en el sector se conoce el proyecto como Hispanice. Sería un órgano consultivo, no obligaría, «pero se requiere un órgano acreditado para valorar medidas y que luego se pongan a prueba de la sociedad», explican los promotores del documento a este periódico. 

El ejemplo actual más claro que ponen para su aplicación sería haber examinado la construcción como el Hospital Isabel Zendal, en Madrid, inaugurado por Isabel Díaz Ayuso y especializado en pandemias. «Un organismo así hubiese servido muy bien para medir el Zendal, si es una política constructiva. Qué recursos se tienen, si hay que invertir o no en personal y cuánto…», siguen los firmantes en conversación con elDiario.es. Entre ellos están Beatriz González López-Valcárcel, Ildefonso Hernández, Salvador Peiró, Rafael Bengoa y Guillem López-Casasnovas. Además de enviar la carta, pedirán una reunión con autoridades estatales. 

Se trata de poner a prueba cada medida que afecte al Sistema Nacional de Salud, saber «cuánto cuesta por cada año de vida ganado» para no desperdiciar recursos económicos. Un plan como el de la vacunación de COVID-19 también pasaría por este análisis; «se miraría si hay desperdicio de dinero, aunque no es el ejemplo más claro porque algo así no hay dudas de que se necesita. Pero por ejemplo, si en el futuro surge otra vacuna de otra enfermedad que reduce la mortalidad muy poco, una persona por cada millón, el Hispanice podrá ver si debe ser una prioridad para el Sistema o si hay que poner fuerzas en otras medidas con menos coste».

El momento es ahora por las carencias que ha evidenciado la pandemia de COVID-19 y porque «la financiación del programa Next Generation EU [los fondos de recuperación de la Unión Europea por la crisis de la COVID-19] supone una oportunidad irrepetible para su creación». Además, «lo pedimos ahora porque encaja con las líneas que propone Europa de que las inversiones sirvan para mejorar la sostenibilidad y eficiencia económica de las actuaciones públicas y del Sistema Nacional de Salud a largo plazo», aclaran los impulsores.

El proyecto Hispanice es compatible con el Centro Estatal de Salud Pública que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quiere dejar como legado de esta pandemia, y para el que ya han llegado a un acuerdo con la oposición y se han reservado 5 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado. De hecho es «complementario», abundan: «El perfil del Centro Estatal de Salud Pública será analizar las evidencias científicas sobre si algo sirve. El Hispanice, el coste-efectividad de las medidas. Es más una agencia que mide los costes y resultados. Pero para saber si hay que poner dinero a algo, primero tienes que saber si sirve. Así que ambos organismos pueden coexistir». También va aparte de la evaluación independiente de la pandemia que han pedido varios científicos, y a la que el ministro se ha comprometido, aunque el plan inicial que consensuó comenzar con las comunidades lleva un mes de retraso. Pero sí que una institución como el Hispanice podría «sistematizar, con medidas estandarizadas» la realización de ese tipo de consultorías en el futuro.

El proyecto no es nuevo, lleva «incubándose» muchos años, pero «no se le ha hecho caso». En el año 2017 la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) llevó un informe sobre el tema a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, y en 2014 también lo pedía la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA). «La Autoridad Independiente permitiría el trabajo en red conectando centros existentes de conocimiento experto a nivel central y autonómico, los centros asistenciales del SNS, la academia y la industria sanitaria», concluye un comunicado que mandan los firmantes.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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