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Celaá acusa al PP de mentir sobre el adelanto de matriculación pero confirma que sus CCAA podrán esquivar la nueva ley

Por un par de semanas, el PP podrá salirse con la suya. El Ministerio de Educación ha admitido que las comunidades autónomas que publiquen sus resoluciones de escolarización antes de que la ley Celaá se apruebe –lo cual a piori no sucederá antes del día 23 de diciembre– lo harán con la Lomce como referencia por ser la ley vigente, tal y como anunció el presidente de los populares, Pablo Casado, que harían las comunidades donde gobiernan para esquivar la Lomloe.

Otra cosa es, ha explicado la ministra Isabel Celaá en rueda de prensa tras la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este lunes, que el anuncio de Casado anunciando un boicot específico sea algo más que «una estrategia política para confundir». Argumenta la responsable de Educación que el adelanto anunciado por los populares en el proceso de matriculación, medida por la que pretenden obviar los cambios en la distribución de alumnado entre las redes públicas y privada concertada que incorpora la Lomloe en aras de un mayor equilibrio entre ambas, no es tal porque estos procesos empiezan habitualmente en esta época del año.

«Es una estrategia política que busca confundir a la ciudadanía. No hay tal adelanto del proceso de admisión», ha afirmado la ministra, que pone como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid, que ya ha sacado su normativa (muy similar a la del año pasado) y cuyo consejero de Educación, Enrique Ossorio, presumió de que «este es el primer paso de otros muchos» para diluir la Lomloe. La realidad es que diciembre es el mes habitual en el que Madrid inicia su proceso de admisión y matriculación de cara al siguiente curso: el año pasado sacó la resolución el día 18 de diciembre, pero hace tres fue el 2 de diciembre, según la ministra. «Convocar ahora ya se había hecho con anterioridad, el proceso de escolarización se desarrolla de acuerdo con la ley que está vigente en el momento», ha sostenido el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

El PP anunció el sábado que que hará todo lo que esté en su mano para impedir que los aspectos relacionados con la matriculación en los centros que recoge la ley Celaá entren en vigor este curso. El objetivo del partido es sortear las «limitaciones» en la elección de centros que, sostienen, incorpora la Lomloe. Sostienen los populares que su intención es que las familias puedan seguir «eligiendo libremente» el centro educativo para sus hijos. El líder del partido, Pablo Casado, explicó el sábado que el PP derogará esta «injusta» norma cuando vuelva a gobernar y que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y la UE, Casado ha enfatizado que su partido hará «todo lo posible» dentro del marco competencial autonómico para que la «mala» Ley Celaá «no afecte a la libertad de las familias, la calidad educativa y la vertebración del sistema nacional de educación».

Educación insiste en que la Lomloe no coarta la libertad de elección, que se mantiene exactamente como estaba. Queda por ver cómo se realiza el desarrollo normativo de la nueva ley, pero la norma contempla algunos cambios a la hora de distribuir el alumnado por los centros en aras de un mayor equilibrio en la composición del alumnado de los colegios entre las redes de titularidad pública y la privada concertada, las dos patas de lo que se considera el sistema sostenido por fondos públicos.

La Lomloe introducirá, cuando sea aprobada, algunas modificaciones a la hora de repartir los alumnos entre la red pública y la privada concertada para evitar la segregación del alumnado en función de su origen socioeconómico, aspecto en el que España es campeona de Europa. Un estudio del reparto del alumnado por los centros realizado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) establecía que haría falta que el 38% de los alumnos de un determinado grupo socioecónomico cambiaran de centro para tener un reparto más equitativo en cuanto al origen del estudiantado (un índice de Gorard del 0,38). Los países mejor distribuidos bajan del 30%. Este mismo informe señalaba que si la Comunidad de Madrid fuese un país, sería el segundo de todo el continente que tiene un reparto más desigual del alumnado desfavorecido. Este problema se ha subestimado a menudo apelando a que es el reflejo de las diferencias sociales entre barrios, pero no es así, y menos en Madrid, que estableció hace años el distrito único en toda la región. En una ciudad como Barcelona, según datos revelados por elDiario.es, existen colegios con cuatro veces más alumnado pobre o inmigrante que la media de su propio barrio. Diferencias extremas a escasos metros.

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En su preámbulo, la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), aprobada en el Congreso la semana pasada, manifiesta no solamente que la Administración debe garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, y preservando además la libertad de elección de centro de las familias. También tiene que «velar para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza». 

Esta declaración inicial de intenciones se traduce en la modificación de distintos artículos, que van desde reforzar la gratuidad del sistema –las cuotas que cobra la concertada son uno de los principales factores que repele a las familias pobres– hasta las referencias a la distribución equilibrada del alumnado, pasando por cambios en los procesos de admisión y matriculación o en la planificación de las plazas. Se trata, en definitiva, de alteraciones en algunas de las distintas piezas del complejo engranaje que provoca la segregación. Un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie ponía números a este tipo de segregación: la escuela pública tiene un 33% de alumnado de origen socioecónomico humilde, un 60% de entornos medios y un 6,7% de familias aventajadas. En la concertada es al revés: el 65,4% provenía de entornos aventajados, el 27,1% en la media y solo el 7,5% tiene origen humilde.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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