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El último coletazo de la ley Wert: regirá la matriculación porque los plazos de la Lomloe no dan margen para cambiarla

El proceso de admisión en los centros educativos para el curso 2021-2022 se hará bajo los parámetros actuales –que rige la Lomce– en la mayoría de las comunidades autónomas. Sin novedad en el frente, aclaran desde el Ministerio de Educación, y que el PP lo venda como una estrategia deliberada no lo convierte en tal. «Es una estrategia política que busca confundir a la ciudadanía. No hay tal adelanto del proceso de admisión» para obviar la Lomloe, afirmó este lunes visiblemente molesta la ministra de Educación, Isabel Celaá, en alusión al anuncio del PP de que va a hacer todo lo que esté en su mano para retrasar la implantación de la ley Celaá, empezando por adelantar en las comunidades que gobiernan los procesos de admisión y matriculación en los colegios cara al próximo curso antes de que los cambios al respecto que plantea la ley Celaá entren en vigor.

Fuentes de Educación explican que el anuncio de Casado en este sentido no es más que ruido porque nunca estuvo prevista otra cosa distinta y Educación ya contaba con que la ley Wert (Lomce) determinaría el proceso de admisión del curso 2021-2022. «El proceso de escolarización convocado se desarrollará de acuerdo con la ley vigente en el momento», ha explicado el número dos del Ministerio, Alejandro Tiana. Esto es, la Lomce (la Lomloe se aprobará, si no hay sorpresas, antes de Navidad). «Cuando entre en vigor lo hará por ámbitos. Y si en uno concreto se está desarrollando [como será el relativo al proceso de admisión], se regirá por la ley vigente».

Con carácter general, explican las fuentes, una ley contiene indicaciones de trazo grueso que luego han de desarrollarse con más detalle en normativas autonómicas. Y este proceso de bajar una ley al nivel de comunidad autónoma lleva entre tres y cuatro meses, según la celeridad con que se realice el proceso. Así, y según los plazos parlamentarios para la aprobación de la Lomloe, para que la admisión en los centros educativos se realizara bajo los parámetros menos segregadores que propone la ley Celaá estos procedimientos tendrían que realizarse a partir de marzo.

Y esto es inviable. El proceso de admisión tiene unos plazos largos, explican las fuentes, porque es «complejo y garantista». Por eso empieza en algunas comunidades autónomas tan pronto como diciembre. Es el caso de Madrid, que citó este lunes la ministra Celaá como ejemplo de la manipulación que, afirma, realiza el PP. El consejero de Educación autonómico, Enrique Ossorio, salió a reforzar el mensaje de Casado y explicó que habían publicado ya su normativa de admisión como «el primero de muchos pasos» para combatir la Lomloe. La ministra tiró de datos para desmentir al consejero: «El año pasado la resolución de la que hablan se publicó el 18 de diciembre; en 2017 fue el 2 de diciembre», expuso.

En la rueda de prensa tras la sectorial de Educación, Celaá ha confiado en la responsabilidad del PP a la hora de cumplir la norma. «No observo la posibilidad de que una fuerza política que se dice de Gobierno pueda incitar al no cumplimiento de esa ley», ha explicado. Se refería con «esa ley» la ministra a «una ley orgánica respaldada por mayoría absoluta del Congreso y por siete fuerzas políticas diferentes», según ha definido la Lomloe.

Otros consejeros, en regiones en las que manda el PP, se manejan con criterios distintos. Javier Imbroda, el responsable andaluz (aunque pertenece a Ciudadanos), descartó ayer la posibilidad de adelantar ningún proceso. «Sería una especie de pan para hoy y hambre para mañana (…). Si adelantamos, ¿qué pasaría para el curso 2021-2022?», se preguntó. Se da la circunstancia, además, de que en su caso sí podría tener sentido este adelanto: Andalucía realiza su proceso de admisión a partir de marzo, y podría ocurrir que para entonces ya estuviera hecho el desarrollo legislativo y tuviera que cambiar los criterios que viene empleando hasta ahora. No parece preocuparle mucho a Imbroda, quien ha mostrado su «confianza» en poder ajustarse a la ley. «Esperamos esa orden para poder ajustarnos», ha explicado, aunque siempre defendiendo que el proceso se va a desarrollar bajo dos premisas fundamentales para el Gobierno andaluz: «La libertad siempre de las familias para elegir el modelo que quieren para sus hijos y que el sistema educativo esté basado en la cultura del esfuerzo de nuestro alumnado».

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La admisión en los centros está desarrollada entre los artículos 84 y 87 tanto de la Lomce como de la Lomloe. Los cambios que ha introducido el Ministerio de Educación en este apartado están dirigidos a reducir la segregación del alumnado en el sistema educativo, aspecto en el que España está en el podio europeo (entendido como que está entre los que más separan a su alumnado en función de su origen socioeconómico). Dice la estadística, recogida en un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie, que la escuela pública tiene un 33% de alumnado de origen socioecónomico humilde, un 60% de entornos medios y un 6,7% aventajado. En la concertada se invierten los números: el 65,4% proviene de entornos aventajados, el 27,1% en la media y el 7,5% tiene origen humilde.

Sin entrar a analizar datos nunca, los defensores de la concertada ven peligrar la «libertad de elección de las familias» que, afirman, se desprende del artículo 27 de la Constitución, que garantiza en su artículo 3 que «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». El Gobierno sostiene que no existe tal amenaza: «La Lomloe no altera el mecanismo de elección y preferencia de centro que expresan las familias. Pero sí refuerza las garantías de una distribución equilibrada del alumnado mediante la programación general de la enseñanza, reforzando el papel de las Comisiones de Escolarización para garantizar un reparto equilibrado y transparente de la demanda y la matrícula escolar, evitando sesgos de selección y exclusión en la creación y asignación de plazas», explican fuentes socialistas.

Así, el punto 1 del artículo 84 de la Lomloe mantiene «la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales» como principio rector de la elección de colegio, pero añade que «se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza», sin especificar cuáles, lo que corresponderá a las comunidades autónomas. También establece que primará en la admisión la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, elementos que recogía la Lomce pero no priorizaba: «Tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género», dice la ley Celaá.

Otra novedad es que el artículo 86 establece que las administraciones tendrán que crear «áreas de influencia» para los centros, públicos o privados concertados, que «permitirán garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea». Este artículo añade que las comisiones de garantías de admisión, que deben intervenir cuando un centro tenga más demanda que oferta y que siempre han existido, deberán «evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza, y propondrán a las Administraciones educativas las medidas que estimen adecuadas. Particularmente, velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación».

Todas estas indicaciones deben transformarse en normativas autonómicas, insisten desde Educación. Este es, de hecho, uno de los problemas que puede afrontar la implantación de la Lomloe, alertan los expertos. El desarrollo de una Ley Orgánica en un sector como el educativo, que tiene las competencias transferidas, depende en buena parte de las comunidades autónomas.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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