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Unidas Podemos intensifica la presión en el Gobierno para prohibir los cortes de suministros durante la pandemia

Aumenta la división en el seno del Gobierno sobre cómo afrontar la crisis social provocada por la pandemia. A las difíciles negociaciones para acordar una moratoria en los desahucios a personas vulnerables, que debía haberse aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, se suma ahora la presión de Unidas Podemos ante la negativa del Ministerio de Transición Energética que lidera Teresa Ribera de prohibir los cortes de suministros básicos (luz, agua y calefacción) durante la pandemia. Dos medidas que en principio iban juntas, pero cuyas negociaciones se desligaron para facilitar un acuerdo que ahora no llega.

A pocos días de que empiece el invierno desde Unidas Podemos empujan para aprobar los dos reales decretos. El de los desahucios esta estancado en la fórmula por la que el Estado debería compensar las pérdidas económicas de los propietarios mientras dura el proceso administrativo que reconoce la vulnerabilidad de una persona y determina una alternativa de realojo. El PSOE plantea compensar a todos los propietarios, mientras desde Unidas Podemos creen que solo se debería hacer con los pequeños y dejar fuera a los fondos buitre y los bancos.

A ese debate en el seno del Consejo de Ministros se suma ahora el de la prohibición del corte de suministros. Desde Unidas Podemos sostienen que esta es una «medida complementaria a la suspensión de los desahucios» para «garantizar viviendas en condiciones dignas». «En pleno invierno no podemos hablar de una vivienda digna si no garantizamos también los suministros de agua, luz y gas que permitan a las familias calentar las casas, ducharse con agua caliente o cocinar», ha asegurado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, principal negociadora en ambos decretos.

Unidas Podemos denuncia una «negativa reiterada» de la Vicepresidencia Cuarta, la que dirige Teresa Ribera. La propuesta de Belarra pasa por «replicar el sistema acordado para la suspensión de los desahucios y obligar a las empresas suministradoras de electricidad, gas y agua a que soliciten a los servicios sociales un informe antes de proceder al corte con el objetivo de comprobar si la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad».

Para los de Pablo Iglesias, es «imprescindible que las grandes empresas energéticas del país, con beneficios millonarios, arrimen el hombro en plena pandemia y se corresponsabilicen de la garantía de los derechos humanos dado que obtienen beneficio de comercializar un bien de primera necesidad».

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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