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El Gobierno, dividido ante el salario mínimo: Pedro Sánchez no es partidario de subirlo en 2021

Pedro Sánchez no es partidario de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021. El presidente del Gobierno prefiere apostar por la cautela ante el contexto de crisis económica que azota a España por la pandemia de la COVID-19 y dejar el suelo de los sueldos en los actuales 950 euros al mes, según han confirmado a elDiario.es varias fuentes gubernamentales. La decisión está a priori tomada en la Moncloa, pero el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz (Unidas Podemos) insiste en la necesidad de elevar la remuneración de las personas con salarios más bajos y ha incrementado la presión sobre la parte socialista de la coalición al garantizar a los agentes sociales que mantener el SMI como está no es una opción.

La subida del SMI de acuerdo con los sindicatos y la patronal hace poco menos de un año fue la primera victoria política de la coalición. Sánchez delegó en Díaz y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, aquella negociación que acabó con un incremento de 50 euros, que se sumaba al 22% que había crecido un año antes. Desde esa foto han pasado casi once meses, una pandemia mundial que ha provocado una caída de dos cifras del PIB y numerosas tensiones en el seno del bipartito. La que fue la gran puesta de largo del recién estrenado gabinete se ha convertido ahora en un nuevo foco de tensiones, que se suma a la paralización de los desahucios o la prohibición de los cortes en los suministros eléctricos a personas vulnerables en la recta final del año

Trabajo ha comenzado las conversaciones con sindicatos y patronal con el objetivo de llegar a un entendimiento que acabe en un incremento del SMI. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido que la subida estará condicionada al momento actual de crisis y debe tener en cuenta los elevados aumentos de los pasados ejercicios. El PSOE ha dejado públicamente la decisión en manos del diálogo social, donde los puntos de partida son, en principio, antagónicos. Los empresarios no quieren ni oír hablar de otro incremento de los sueldos más bajos mientras que los representantes de los trabajadores apuestan por una subida de entre el 1,8% y el 5%.

Gobierno y agentes sociales se han sentado en la mesa de diálogo cuando las señales de la parte socialista del gabinete eran inequívocamente contrarias a elevar el SMI este ejercicio. Fuentes del sector mayoritario de la coalición sostienen incluso que se había pactado «internamente» con Unidas Podemos en el marco de la negociación presupuestaria que no se iba a subir. «El presidente no lo ve», aseguran en Moncloa. En un acto ante la OCDE este lunes, el presidente defendió la necesidad de mejorar las condiciones laborales y aseguró que las consecuencias sociales de la pandemia se habían «contrarrestado solo en parte» con medidas sociales y la subida de los salarios mínimos. No obstante, se refirió a que su Gobierno ya lo había hecho, al igual que la aprobación del ingreso mínimo vital.

En una entrevista en La Vanguardia, el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, había apostado por ser «prudentes» en la decisión y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, había abogado en Colpisa por «contener los costes de las empresas». Sin embargo, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó la congelación en una entrevista el pasado viernes en el programa Las Cosas Claras de TVE: «No compartimos la congelación». El pulso está garantizado.

La ministra de Trabajo defiende que «no sería comprensible» que el Gobierno progresista congelara el SMI mientras eleva las pensiones y los sueldos de los funcionarios un 0,9%, en línea con la previsión de inflación para 2021. Díaz ha destacado que la política de rentas del Ejecutivo en esta crisis, de apoyo a colectivos vulnerables, no sería coherente con dejar que las personas que menos ganan perdieran poder adquisitivo. Sin embargo, fuentes de la parte socialista del gabinete argumentan que tanto pensionistas como funcionarios habían perdido poder adquisitivo en los últimos años mientras que el salario mínimo creció exponencialmente. El pasado año la previsión de incremento del IPC era del 0,9% y el salario mínimo subió un 5,5%. Finalmente, el crecimiento de los precios ha sido negativo por el hundimiento de la pandemia –la media interanual era del -0,8%, según el último dato disponible correspondiente al mes de noviembre–.

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Además, Yolanda Díaz ha insistido en dos cuestiones fundamentales para justificar el alza del SMI. La primera: todos los países europeos están subiendo sus salarios mínimos el próximo año, recuerda la titular de Trabajo, como Alemania, «un 2,7%» y Francia, «cercano al 1%». En Trabajo consideran que España no debería descolgarse de lo que están haciendo los vecinos comunitarios y menos respecto a este colectivo de trabajadores. La segunda razón supone una mirada al pasado. En la historia de la democracia, el salario mínimo siempre se ha incrementado, excepto en dos años (2012 y 2014) durante el mandato de Mariano Rajoy. Yolanda Díaz ha destacado que la política del PP de «austeridad y recortes» ante la pasada crisis no es la que está llevando a cabo la coalición y Europa en esta ocasión, por lo que llama a distanciarse de este precedente. 

Mientras Trabajo se ha comprometido con los agentes sociales a subir el salario mínimo, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha pronunciado en la dirección prácticamente contraria. «Hay que hacer un llamamiento a la prudencia a la hora de abordar las decisiones económicas», expresaba la también ministra de Hacienda, que considera que en el contexto de recesión es necesario apostar por el crecimiento económico y evitar la expulsión de trabajadores del mercado laboral. 

Montero ha recordado que el salario mínimo ha crecido un 29% desde que Sánchez está en Moncloa –de los 735 a los 900 euros en 2019 y hasta los 950, en 2020–: «Una cifra que tiene un impacto». La titular de Hacienda ha deslizado, además, que con el SMI pasará como con la reforma fiscal: se deben «acompasar» sendas promesas a la situación económica, es decir, que se llevarán a cabo más adelante. El compromiso de la coalición es que el salario mínimo se sitúe en el 60% del sueldo medio a final de la legislatura. Todavía hay margen, según los socialistas. 

No obstante, Unidas Podemos mantiene la presión. El responsable de Economía de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, recordaba este martes que los sindicatos y las patronales están acordando subidas salariales de 1,9%, por lo que defendía que en este escenario «parece sensato que el SMI no pierda capacidad adquisitiva». Y a esa presión se suman los sindicatos, pero también algunas voces desde las filas socialistas, como el responsable de Empleo de la Ejecutiva del PSOE, el veterano dirigente de UGT Toni Ferrer, que ha defendido la subida del SMI «por necesidad económica y justicia social». 

Los sindicatos están abiertos a negociar la subida, pero sí han dejado claro una línea roja: la congelación. «Si el lunes el Gobierno no presenta una propuesta y asoma la congelación, UGT se levanta de la mesa», ha afirmado con rotundidad Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical del sindicato. En CCOO, han coincidido en que el sindicato no va a aceptar que los salarios más bajos se queden como están, una medida que no les parece justificable dadas las previsiones de inflación y de productividad para el próximo año, así como la evolución salarial pactada por convenio, situada en el 1,9% en noviembre. «Creemos que la subida del SMI está fundamentada en poderosas razones, España no puede ser una excepción respecto a los países europeos», ha sostenido Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades de Trabajo de CCOO. 

El Ministerio de Trabajo confía en la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo social, con una subida pactada «equilibrada» si los empresarios se mueven de su negativa. El secretario de Estado de Trabajo se ha mostrado optimista en que las patronales acudirán a la próxima cita sin una «posición cerrada». Fuentes de la CEOE insisten en que no es momento de subir el SMI, una medida que temen que afecte a sectores muy tocados por la pandemia, como la hostelería y el comercio. Desde Trabajo recuerdan que muchos salarios en estos sectores están por encima del mínimo en sus convenios sectoriales. Los sindicatos advierten además a los empresarios de que el aumento del SMI revierte en un aumento del consumo, de manera que impulsaría la economía. Las partes volverán a sentarse a negociar el próximo lunes, con la previsión de que Trabajo presente ya una «propuesta oficial».

En Moncloa interpretan el movimiento de Trabajo como una nueva maniobra de presión y, a pesar de la inclinación manifestada en contra de la subida del salario mínimo, el Gobierno evita pronunciarse taxativamente y enmarca el resultado en el diálogo social. Algunas fuentes evitan incluso dar por cerrada una posición y admiten que el presidente puede acabar cediendo y aceptando un tibio incremento, como sucedió con el sueldo de los funcionarios, que inicialmente se iba a congelar y terminó subiendo un 0,9% de acuerdo con el incremento previsto del IPC en el próximo ejercicio.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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