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Cataluña

El PSC ve «mala praxis generalizada» en el Govern ERC-Junts, pero se ofrece de nuevo para apoyar sus cuentas

El PSC considera que existe una «mala praxis generalizada» en los organismos dependientes de la Generalitat y ha pedido enmendarla con soluciones estructurales después de haber analizado los 39 informes que ha elaborado la Sindicatura de Cuentas desde 2019. El diputado socialista en el Parlament Jordi Riba ha asegurado hoy ante la prensa que en el 77% de los informes hay observaciones en materia de contratación de personal y en un 72% figuraron anotaciones vinculadas a la contratación de bienes y servicios. A pesar de ello, los de Salvador Illa siguen ofreciéndose para aprovar las cuentas de la Generalitat para el año 2022.

El grupo socialista ha señalado que estas cifras evidencian que existen malas prácticas casi endémicas y que el Govern no ha priorizado poner soluciones a esta situación, que cree que aparece como constante en unos informes de la Sindicatura de Cuentas que suman 3.942 páginas. Riba, que ha recordado que estas irregularidades no tienen por qué constituir delito -en los casos en los que podrían implicar delito, la Sindicatura de Cuentas los remite al órgano correspondiente-, ha apostado por buscar medidas estructurales a esta situación, en lugar de soluciones coyunturales a los casos que detecta cada informe.

Desde el PSC, avisan que hay asuntos «recurrentes» -vinculados a la contratación de personal, fraccionamiento de contratos y concursos con criterios poco claros, entre otros asuntos-, ante los que proponen medidas como normalizar los procedimientos internos de compras y contratación mediante un sistema único para todas las entidades. También plantean impulsar programas de formación para los directivos y reducir de forma «drástica» las entidades que efectúan compras, mediante contratos marco o una central de compras -el Govern prevé en su plan de gobierno una central de compras, pero también lo planteó en el de 2017 sin haberla impulsado, según los socialistas-.

Por otra parte, piden aprobar una nueva ley de contratación pública de Cataluña, asunto que han trabajado también desde su grupo parlamentario, que plantea lanzar su propuesta de ley de bases para la contratación pública durante el primer semestre de 2022 si no lo hace antes el Govern. Abogan por abrir una reflexión sobre si el hecho de que la Generalitat tenga 365 entidades dependientes representa una cifra excesiva: «Comporta una atomización» que dificulta el control, por lo que apuestan por racionalizarlas y reordenarlas, según Riba, que ha dicho que Cataluña es la Comunidad Autónoma con más organismos dependientes -le sigue Andalucía, con 239-.

Los informes analizados por el PSC incluyen estudios de organismos como el Institut Català de la Salut (ICS); la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA); Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC); el Consell Català de l’Esport, y la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que dirigió la presidenta del Parlament, Laura Borràs–investigada por un presunto fraccionamiento de contratos que señala este informe de la Sindicatura de Cuentas-.

A pesar de sus críticas por la gestión de la Generalitat, el PSC sigue ofreciéndose para aprobar los presupuestos del Govern de Pere Aragonès para el año 2022. «Queremos evitar de todas todas una nueva prórroga», ha defendido este mismo martes la portavoz socialista en el Parlament, Alicia Romero, tras ofrecer, una vez más, la mano de los de Salvador Illa para salvar las cuentas autonómicas, cuya negociación entre el ejecutivo de ERC y Junts y la CUP está estancada desde hace días. En la misma línea se ha expresado también Romero este fin de semana, cuando señaló que si la Generalitat no aprueba sus presupuestos con los antisistema, los tendrá que aprobar «con el PSC».

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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