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Cataluña

Independentistas, PSC y comunes quieren castigar la libertad de expresión de Garriga

«Asumo que vengo como presidenta del Parlament a mantener la inviolabilidad y, por lo tanto, a permitir que se pueda hablar sobre todo aquello que crean oportuno los diputados». Son palabras de Laura Borràs, en marzo de este año al diario ‘Ara’, pocas horas después de ser elegida presidenta del Parlamento de Cataluña. Ayer, el PSC, ERC, Junts, la CUP y los comunes pidieron a la Mesa parlamentaria, y esta aceptó, que inicie el proceso de posible sanción contra el presidente del grupo parlamentario de Vox, Ignacio Garriga, por su intervención en el debate de política general. Según los peticionarios, Garriga formuló «una serie de expresiones y afirmaciones, vinculando delincuencia con inmigración, haciendo identificación expresa de la nacionalidad de aquellos que eran presuntos responsables con su nacionalidad y por lo tanto su origen».

Para estos partidos, el líder de Vox habría incumplido el artículo 7.2 del Código de Conducta de la cámara. Este punto señala que los diputados «han de mantener en todo momento una conducta respetuosa con los otros diputados y con los ciudadanos, y una actitud escrupulosa y ejemplar de acuerdo con el principio de igualdad sin discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia, lengua o cualquier otra. Este comportamiento ha de implicar siempre la utilización de un lenguaje adecuado, y también un sistema de relación fundamentado en la interacción constructiva, cordial y dialogante con todas las personas y todos los colectivos sin exclusión».

Sin embargo, en el texto presentado ayer no se concreta qué parte del discurso de Garriga, pronunciado la semana pasada, incumple el Código de Conducta. Según fuentes de ERC consultadas por ABC, fue en el intercambio dialéctico con Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, cuando Garriga citó las nacionalidades (dos, la marroquí y la argelina, según figura en el Diario de Sesiones) de los presuntos autores de varios delitos cometidos los últimos días. Garriga respondía a Aragonès, quien había acusado a Vox de pronunciar poco antes un «discurso racista» por cargar contra la «inmigración ilegal».

Tras las palabras de Garriga, la diputada de la CUP Basharat Changuerra pidió a Borràs en el pleno que interviniese para evitar «criminalizaciones infundadas». Pero la presidenta recordó a Changuerra que «le corresponderá, en este caso, al presidente (Aragonès), cuando haga su réplica, si considera oportuno hacerlo -no sé si lo considera o no-, poder rebatir las afirmaciones concretas que ha hecho (Garriga)».

Un día después, también en el debate de política general, Joan Garriga, portavoz de Vox, hizo referencias a la inmigración ilegal y la delincuencia. En este caso, fue Nacho Martín (Cs) quien consideró «inadmisible» tal vinculación y acusó a Vox de no aportar «todas las variables» cuando este partido habla de inmigración.

Ahora, el tripartito independentista, el PSC y los comunes -que no pidieron a Cs y PP sumarse- quieren sancionar a Ignacio Garriga. El Código de Conducta fija sanciones desde una amonestación pública a multas de 12.000 euros, pero es sobre todo para asuntos de transparencia, austeridad, conflicto de intereses… El caso pasa ahora a la Comisión del Estatuto de los Diputados que elaborará un informe sobre la posible infracción.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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