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Cataluña

El sindicato de prostitutas reivindica su papel como interlocutor y pide reunirse con el Gobierno

El sindicato de trabajadoras sexuales Otras ha celebrado hoy la sentencia del pasado jueves del

Tribunal Supremo a favor de su legalidad. Después de tres años de espera tras un fallo en contra de la Audiencia Nacional, el sindicato ha sido finalmente considerado legítimo dentro del artículo 28 de la Constitución, que reconoce el
derecho a la libre sindicación.

A través de esta plataforma, las trabajadoras sexuales quieren «reclamar los derechos laborales propios y legítimos como trabajo que es», ha explicado Conxa Borrell, secretaria general del sindicato. Ahora que cuenta con la aprovación explícita del Supremo, Otras reivindica su papel como interlocutor con el Gobierno, con quien ha intentado reunirse antes sin éxito, para pedir un modelo de prostitución basado en el neozelandés.

En España se calcula que hay alrededor de 300.000 o 400.000 personas que trabajan en este sector, aunque los números son aproximativos. Gracias a la legalización definitiva del sindicato, Otras está viviendo en menos de una semana un aumento en las personas afiliadas, hasta ahora reticentes a apuntarse a la organización.

Aunque el sindicato engloba y lucha por todas las modalidades del trabajo sexual (porno, callejero, en clubs, masculino), consideran que las prostitutas que trabajan para terceros son las que especialmente «necesitan a alguien que proteja los pocos derechos que les quedan», ya que sus relaciones laborales no están reconocidas por la ley y quedan a merced de los empresarios. «Nos reuniremos con la patronal», ha anticipado Conxa Borrell, en alusión a la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela).

Durante el último año de pandemia, Otras ha seguido desarrollando su labor para cubrir las necesidades básicas de «las compañeras ninguneadas por el Estado y las entidades rescatistas», ha descrito Borrell. Recaudaron más de 3.500 euros con los que ofrecieron alojamiento, dieron comida e incluso repartieron dinero en efectivo para todas aquellas que de un día para otro se encontraron desalojadas y olvidadas.

«Cuando las administraciones no toman una decisión, en realidad sí las están tomando, y es en nuestra contra», ha afirmado Borrell. Ahora que cuentan con la legitimidad del Supremo, Otras quiere empezar a presionar para conseguir cambios y reunirse de una vez por todas con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, e Irene Montero, ministra de Igualdad. «La lucha por los derechos laborales de las trabajadoras sexuales también es feminismo», ha reivindicado la secretaria general.

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El objetivo de Otras es presentar sus propuestas alrededor de la descriminalización del trabajo sexual y la creación d
e un modelo de profesionalización basado en el de Nueva Zelanda. En este país se despenalizó la prostitución en 2003, y la revisión de la ley al cabo de 10 años de concluyó que las trabajadoras sexuales consideraban tener una mejor situación laboral, se sentían más seguras y confiaban más en la policía. Además, en contra de los vaticinios del sector abolicionista, el número de trabajadoras sexuales no aumentó en ese periodo de tiempo.

Este modelo se defiende por encima de los que imperan en Suecia, Noruega e Islandia, que han prohibido por completo la prostitución pero que en realidad, tal como ha narrado Vera -quien ha ejercido la prostitución en estos países- provocan un mayor peligro para las trabajadoras. Como que la mayoría de prostitutas son inmigrantes, «llamar a la policía es imposible», porque no solo causaría su persecución sino también su deportación. «En estos países el trabajo sexual no ha disminuído, sino al contrario», ha explicado Vera.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio

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