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Cataluña

El Consejo de Garantías dictamina que la ley de lenguas catalana es legal porque la vehicularidad del español resulta de la Constitución

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) considera que la Proposición de Ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, propuesta normativa registrada en el Parlamento de Cataluña por PSC, ERC, Junts y los comunes, no vulnera la Constitución. Así lo señala el órgano consultivo de la Generalitat en su dictamen, dado a conocer este martes, tras la petición que realizaron conjuntamente Vox, Cs y PP.

No podía ser de otra manera. La legislación catalana no puede evitar que el español sea lengua vehicular, aunque no se señale explícitamente, pues así lo determina la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), es lo que recuerda el CGE. Así lo deja negro sobre blanco en su dictamen 3/2022 firmado por todos sus miembros. De esta manera, aunque la opinión de este órgano no es vinculante, se da luz verde para que esta misma semana el pleno parlamentario apruebe la norma.

El CGE, en su dictamen consultado por ABC, recuerda que el f
undamento jurídico 24 (FJ24) de la sentencia del TC 31/2010 (recogiendo sentencias anteriores) fija que omitir de una norma autonómica que el español no es lengua vehicular (tal y como apunta la ley de lenguas oficiales de Cataluña propuesta por los grupos nacionalistas y el PSC) no es, a su vez, inconstitucional, porque esto no implica la exclusión del español como lengua docente.

El FJ24, entre otras cosas, señala que catalán y español «han de ser no sólo objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares, siendo en tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas». Aunque la literalidad de esta parte del FJ24 no aparece en el dictamen del CGE.

De la misma manera, el órgano consultivo de la Generalitat reconoce que «la previsión del uso curricular de una lengua (como define la propuesta de ley autonómica al español) supone reconocer la posibilidad que se extienda sobre todo este conjunto de elementos que integran el sistema educativo» y da por válido el sistema holístico, que supondría contabilizar el uso del español fuera de las horas regladas y dando por bueno el modelo que defiende el Síndic de Greuges para que se tenga en cuenta, por ejemplo, el uso del español en el patio y en el comedor.

Igualmente, el CGE rechaza la necesidad de que la normativa evaluada incluya un porcentaje concreto de español, el 25 por ciento, como sí ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la Generalitat en las escuelas con la normativa actual y sin necesidad de modificarla, y defiende, en sintonía con el TC y el resto de tribunales, que el catalán puede ser el «centro de gravedad del sistema educativo», mientras requiera de un proceso de normalización lingüística, y no excluya el español como lengua vehicular.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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