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Cataluña

La consejera catalana de Universidades llama «fascista» a la entidad que defiende la Selectividad en castellano

«Nunca se ha pedido el nombre, apellido y DNI a ningún alumno cuando pide el examen de Selectividad en castellano pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) da por cierto lo que dice esta asociación radical y fascista». Con estos calificativos se ha referido hoy en una entrevista concedida a TV3 la consejera catalana de Universidades, Gemma Geis, a la Asamblea por una Escuela Bilingue (AEB), a la asociación que defiende el bilingüismo y que esta tras los dos autos del TSJC -de junio y septiembre- que han obligado a la Generalitat a modificar sus instrucciones lingüísticas para la realización de estas pruebas para que respeten los derechos lingüísticos del alumnado y dejen de señalar a los que eligen examinarse en otra lengua que no sea la catalana.

La consejera niega que se haya identificado nunca a ningún alumno que pida exámenes en castellano, aunque hasta ahora el procedimiento era, en la mayoría de los casos, marcar a esos alumnos en la lista con un asterisco -ABC ha publicado documentos que testifican que esa práctica seguía vigente incluso en la pasada convocatoria tras el apercibimiento de la justicia-. Asimismo, los solicitantes debían levantar la mano y significarse también en el aula. Geis ha indicado que el 96 por ciento de los alumnos piden el examen en catalán y que «nunca ha habido conflicto lingüistico» por esta cuestión.

La AEB considera que los descalificativos de la consejera Geis para con la asociación suponen «una acusación de una extraordinaria gravedad, sobre todo viniendo de una autoridad pública y dirigiéndose contra una entidad de la sociedad civil que, por su defensa de los principios democráticos y de los derechos fundamentales, es crítica con los planteamientos del gobierno autonómico catalán». A juicio de la entidad, «el señalamiento público por parte de un miembro de ese gobierno dirigido contra la mencionada entidad no puede entenderse más que como una forma de presión que va más allá del legítimo derecho a la crítica y se aparta de las reglas del debate político».

«No se corresponde con estándares democráticos»
«Rechazamos, por tanto, enérgicamente esta práctica de acoso que no se corresponde con los estándares democráticos. En este sentido, pondremos en conocimiento de las instituciones de la UE esta nueva quiebra democrática en Cataluña. El poder público ha de ser respetuoso con las entidades de la sociedad civil y debe evitar las descalificaciones gratuitas; lo que, obviamente, no está reñido con la discrepancia y la crítica», añade la Asamblea, que preside Ana Losada.

La acusación de la consejera se ha vertido esta mañana en el marco de una entrevista en la televisión autonómica en la que se le preguntó sobre las consecuencias de la decisión del TSJC que, a petición de la AEB, había suspendido las Instrucciones del Consell Interuniversitario sobre el idioma de realización de las pruebas de acceso a la Universidad, estableciendo que era obligado ofrecer a los alumnos la posibilidad de realizar el examen en cualquiera de las lenguas oficiales sin dar preferencia a una sobre las otras.

El TSJC dio la razón a la AEB, lo que obligó al Consell Interuniversitario a modificar lo que se había hecho hasta este año, en el que los enunciados se facilitaban en catalán y solamente si algún alumno lo pedía se le daba en castellano, haciendo constar esta petición como una incidencia.

«Quien miente es la consejera»
«Cuando la Generalitat ha sido incapaz de convencer al TSJC de que había aplicado correctamente las medidas decretadas en junio acusar de mentir a quien solicitó dichas medidas y la declaración de incumplimiento es simplemente ridículo», señala Losada.

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«Quien miente es la consejera. La AEB sí que ha aportado elementos de prueba, lo ha hecho en la sede que corresponde, ante los tribunales. La consejera tuvo la misma oportunidad de hacerlo», añade. Ante la gravedad de las acusaciones vertidas por Geis, la AEB se ha dirigido a TV3 para replicar y, según precisa la entidad, le fue negada esta posibilidad. «Una muestra más del sectarismo de los medios públicos de comunicación en Cataluña», concluye.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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