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Cataluña

Los padres del colegio de Canet, divididos: «La familia está muy monopolizada por algún partido político»

Día ‘d’ frente a la Escuela el Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona). Faltan escasos minutos para que arranque la jornada escolar del 9 de diciembre, fecha en la que el centro debe dar cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de aplicar un 25 por ciento de castellano en una de sus clases, la de P5, en la que se escolariza un niño al que la justicia le ha concedido ese ‘extra’ de español.

La aparente normalidad en la entrada al recinto se rompe cuando algunos de los padres que han llevado a sus hijos al centro se acercan a los medios para dar su impresión sobre la polémica. La mayoría es contraria a la aplicación de la medida, y consideran que la familia que la ha solicitado es insolidaria. Algunos como Jordi Vallverdú, profesor de la UAB que lleva a sus hijos a este centro, va más allá al afirmar que «las amenazas a la familia son un juego de tipo retórico». «La familia está muy monopolizada por algún partido político», ha explicado minutos después dejar a su hijo.

«Horrible»
A juicio de este padre, la inmersión funciona aunque el catalán está «amenazado». A su entender, el conflicto en el centro es exclusivamente de tipo político. Por otro lado, Laura Llaurens se muestra contraria a una medida que, a su parecer, les ha «impuesto» la jusicia. «Veo mal que no se nos haya preguntado, deberiamos haber hecho una votación», defiende ante un centro escoltado hoy por algunas patrullas de la policía local.

Pese a todo, también hay algunos padres que empatizan con la familia acosada desde hace días por lograr más castellano para su hijo en este colegio. Bárbara Alves, otra madre del centro, considera «una verguenza» y algo «horrible» que se está «señalando» a una familia «por no hacer nada». «Sea lo que sea lo que pidan, tienen derecho a reivindicarlo sin que se les señale ni acose», avisa. Por último, Ana María Dueñas, abuela de una de las alumnas del colegio, considera que en el centro hay un ambiente de «cordialidad» y censura que desde las redes se haya increpado a los padres que han pedido más castellano.

El consejero va al colegio
Esta mañana se ha desplazado hasta el centro el consejero catalán de Educación, Josep González-Cambray. El máximo responsable de marcar las reglas del juego educativo en Cataluña ha hecho alarde de que juega en el bando de las familias que se oponen a que se cumpla la interlocutoria del TSJC (14 de octubre de 2021) que impone ese pellizco más de castellano. Los padres del menor lo reclamaron ante la Administración autonómica el 31 de marzo de 2021 pero la Generalitat lo desestimó y tuvieron que acudir a los tribunales. Finalmente, el Alto Tribunal catalán estimó su petición de más castellano para su vástago.

Desde el momento en que el Alto Tribunal catalán atendió la petición de los padres, imponiendo que el menor y el grupo de P5 en el que está escolarizado reciban al menos el 25 por ciento de las clases en castellano, el acoso contra la familia ha sido sistemático, un señalamiento al que se ha sumado también el gobierno catalán. Algunos padres del centro, de hecho, crearon un grupo de Whatsapp, desde el que, según la familia, se han vertido «gravísimas amenazas». En el mismo foro, -denuncian los padres del menor-, algunos de los participantes habrían pedido de manera expresa a la dirección del centro que se identifique al niño, del que se pide expresamente que sea expulsado del centro o «que se le haga el vacío en la clase». En otros comentarios «más extremistas se reclama el conocimiento del domicilio de la familia para que pueda ser apedreado».

Los impulsores del grupo protestan por la imposición de la medida y reclaman a la Generalitat protección para el modelo educativo catalán. Ni la escuela ni la Generalitat se han pronunciado hasta ahora con el fin de que se proteja a la familia y al menor afectado por el acoso, por lo que la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que asesora y ampara a los padres afectados, ha pedido al TSJC medidas para preservar su seguridad. A su vez, el Ayuntamiento de la localidad, capitaneado por la alcaldesa Blanca Arbell Brugarola (ERC), también ha dado un paso al frente en contra de la familia. Esta mañana asistirá a la reunión convocada por el consejero con la dirección de la escuela.

El consistorio también ha emitido en su cuenta de Facebook un comunicado en el que defiende a los que se oponen a que se aplique la interlocutoria y anuncia un consejo escolar extaordinario para «buscar soluciones» que ayuden a preservar el catalán en las aulas. Las familias que se oponen a que se cumpla lo que ordena la Justicia han lanzado un manifiesto en el que piden al Govern que implante «las acciones necesarias para blindar la immersión lingüística en las escuelas catalanas». Los mismos padres que impulsan el citado texto han llegado a plantear no llevar sus hijos al colegio en las horas que se imparta castellano.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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