El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado seis de diez recursos que había recibido de colectivos transportistas y ha anulado la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del área de Barcelona por varios motivos.
La sala contenciosa ha considerado la «falta de informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y excesiva restricción del tipo de vehículos afectados«, entre otros motivos. También se alega que la normativa tenía deficiencias en su elaboración.
El TSJC ha estimado así los recursos interpuestos por la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña, el Gremio Provincial de Talleres de Reparación y Mantenimiento de Automóviles o la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte.
La ordenanza municipal se aprobó a finales de 2019 en el Ayuntamiento de Barcelona justo para que la ZBE se activase el 1 de enero de 2020 y era la normativa que regulaba la restricción de vehículos contaminantes en prácticamente toda la ciudad, en una área limitada por las rondas.
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