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Cataluña

Hablamos Español y Convivencia Cívica se unen para hacer cumplir la sentencia del 25% mediante las Ampas

Nuevo frente de asociaciones en defensa del castellano para forzar a la Generalitat a acatar la sentencia de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25 por ciento más de castellano en toda la red educativa catalana. Hablamos Español (HE) y Convivencia Cívica Catalana
(CCC) han creado Ampa Total, una Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampa), con la que pretenden conseguir que el Govern dé cumplimiento a la histórica sentencia que el Tribunal Supremo (TS) hizo firme el pasado 23 de noviembre. Su intención es, según apuntan en un comunicado conjunto, «introducir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña» y que se cumpla lo que dictan los tribunales en materia lingüística. Ambas entidades consideran que la vía más factible para lograr ese cometido es vehicular la exigencia de la aplicación a través de estas asociaciones, ya que, según afirman, están legitimadas «para pedir ante un tribunal el cumplimiento de la sentencia».

No es la primera iniciativa impulsada por los defensores del castellano en Cataluña. El pasado jueves, asociaciones pro bilingüismo crearon la plataforma unitaria ‘Escuela de todos’, liderada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Sociedad Civil Catalana (SCC) y que integran otras diez entidades, con el cometido también de velar por la aplicación de la sentencia. En este caso, los organizadores proponen a las familias que quieren denunciar el incumplimiento del 25 por ciento que rellenen un cuestionario en el que no tienen que identificarse ni ellos ni el centro, y la plataforma reclamará por ellos.

Ahora, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana anuncian una nueva estrategia y avanzan que van a hacerlo a través de una Federación de Ampas. Aseguran que es «la única forma» de conseguir el cumplimiento de la sentencia. «Las asociaciones podemos representar a los padres ante la consejería, pero no ante los tribunales; para eso las familias tendrían que otorgarnos un poder notarial y, lo más importante, su anonimato no estaría garantizado, la consejería, como demandada, tiene derecho a conocer la identidad de las familias por ser estas la parte demandante, aunque las represente una asociación», arguyen.

Dicen que mediante esta estrategia preservan el anonimato de los demandantes y que estas entidades están legitimadas para reclamarlo. «Desde antes de hacerse pública la firmeza de la sentencia nos hemos estado coordinando para promover la creación de una Federación de Ampas. Las asociaciones de este tipo tienen un estatus legal que les permite actuar de muchas formas beneficiosas para nuestra lucha, entre ellas, intervenir ante los tribunales representando a sus asociados y son de sencilla creación, tres padres por colegio son suficientes y cada centro puede tener más de una Ampa», señalan las entidades en la nota en la que presentan la iniciativa.

Integración ante notario
Explican que ya han promovido la creación de varias de estas asociaciones en diferentes colegios y localidades de Cataluña y las han integrado ya en la citada Federación. «La integración de las pequeñas Ampas en la grande se hace ante notario, para que no figuren en ningún registro al alcance de la consejería catalana. Solo los nombres de los miembros de Ampa Total serán públicos. Se trata de tres personas de convicciones firmes y de la máxima confianza de HE y CCC; ellas darán la cara por todos los demás», arguyen. Las entidades anuncian que trabajarán conjuntamente «para promover la creación del máximo número posible de Ampa protegidas, para beneficiar a las familias de forma totalmente altruista, sin pedirles que se asocien, de forma totalmente gratuita y anónima».

Los impulsores se proponen «llegar al 20 por ciento de los centros de enseñanza de Cataluña; de este modo, podremos obligar a la Generalitat a implantar el 25 por ciento en todos los colegios de Cataluña, tengan Ampa protegida o no». El objetivo a medio plazo que se han propuesto las entidades organizadoras es «alcanzar la libertad de elección de lengua con líneas en cada idioma».

«Ni Hablamos Español ni Convivencia Cívica estamos a favor de los porcentajes obligatorios en la enseñanza, la enseñanza bilingüe debe ser voluntaria, y creemos que es indispensable que existan líneas disponibles con el español como lengua vehicular en todas las materias no lingüísticas, y como lengua de apoyo en estas, para aquellas familias que lo deseen y para las que se trasladen desde otros lugares de España a vivir a Cataluña. Es el único sistema que respeta los derechos de todos, y que conjuga el cumplimiento de la Constitución y de los tratados ratificados por España. En todos los países con bilingüismo se elige lengua, lo que evita conflictos y victimismo», concluyen. La campaña de HE y CCC se apoya en un vídeo explicativo en el que se expone la actual situación en Cataluña tras el pronunciamiento del Supremo y la vía habilitada por las entidades para que se cumpla la ley.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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