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Cataluña

Los abogados constitucionalistas de Barcelona ven de «extrema gravedad» que Aragonès desoiga la sentencia del 25%

La Sección de Derecho Constitucional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) alerta de que la actitud del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece un sistema escolar bilingüe y el ‘caso de Canet de Mar’, «es de extrema gravedad y atenta de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho», ya que se niegan «a dar cumplimiento a una resolución judicial firme, so pretexto de disconformidad con su contenido».

De esta manera, esta sección del ICAB lamenta y critica -en un acuerdo adoptado en su reunión del lunes y dado a conocer este miércoles- «la reacción de las autoridades de la Generalitat» al negarse a dar cumplimiento la sentencia del TSJC de diciembre de 2020,
ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre de este año, y «dar apoyo, además, al equipo directivo de la escuela de Canet de Mar en el asunto de todos conocido que afecta al mismo tema, sin mencionar para nada lo ocurrido con un niño de cinco años al que, en las redes sociales, se proponía aislar en su clase y apedrear su casa».

Los abogados constitucionalistas de Barcelona recuerdan que la sentencia del TSJC «ha devenido firme», tras rechazar el Supremo el recurso de la Generalitat. Igualmente, además de considerar que la actitud de «las autoridades de la Generalitat es de extrema gravedad», apuntan que, por todo ell0, la Sección de Derecho Constitucional del ICAB «se ve en la obligación de hacer pública su profunda preocupación por los graves hechos descritos, que afectan no solo a la esencia misma del Estado de Derecho, sino también a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de Ley Orgánica».

Esta opinión de la Sección de Derecho Constitucional del ICAB no vincula al ente global de todos los abogados de Barcelona, tal y como recuerda la propia sección en el comunicado de prensa. Solo la Junta de Gobierno del ICAB está autorizada para, dentro de sus funciones, manifestar su opinión.

Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio.

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